El escándalo de la corrupción
● Brasil vive el más grandes escándalo de corrupción de su historia, que hundió en el desprestigio a la dirigencia política y empresaria. Se trata de la megacausa conocida como Lava Jato, donde se expuso una vasta red de sobornos alrededor de Petrobras, la petrolera estatal, que benefició a grandes compañías constructoras, a legisladores y funcionarios de distintos partidos.
● La operación delictiva habría dado comienzo en el 2003. Pero recién en 2014 comienza a investigarse seriamente, cuando se hace cargo el juez federal Sergio Moro, considerado un magistrado implacable.
● El mecanismo era simple. Las empresas constructoras obtenían contratos con precios inflados a cambio de suculentas coimas a directivos de Petrobras. El dinero en negro se distribuía entre políticos del Partido de los Trabajadores (PT), de sus aliados como el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y de algunos opositores.
● El escándalo provocó la caída y arresto de parte del directorio de Petrobras y la detención de decenas de empresarios y políticos. La investigación avanzó porque se aplicó una figura jurídica conocida como “delación premiada”, por la cual se acortaban las condenas si los involucrados revelaban detalles de los delitos.
● Entre los empresarios más poderosos detenidos figuran los titulares de Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutierres. De las decenas de políticos detenidos resaltan el operador Alberto Yousseff; José Dirceu, hombre fuerte del primer gobierno de Lula; João Vaccari Neto, ex tesorero del PT, y João Santana, publicista de la campaña de Lula y Dilma.
● Estos hechos ocurrieron durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, quienes no fueron involucrados directamente en la causa, aunque se considera que estaban al tanto de la red de corrupción.
● Lula no fue condenado por estos hechos. El juez Moro lo considera culpable de corrupción pasiva y lavado de activos en el caso de un lujoso departamento de Guarujá, en San Pablo. Según el magistrado, recibió ese tríplex de la constructora OAS, como parte de ingresos ilegales. Lo condenó a 9 años y medio de cárcel. Un tribunal de segunda instancia confirmó la sentencia y aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión.