Magistratura y servicio de justicia eficaz
La reforma constitucional de 1994 persiguió como uno de sus objetivos centrales respecto del jueces federales inferiores dejar atrás el régimen basado en la absoluta discrecionalidad política para pasar, mediante la incorporación de la figura del Consejo de la Magistratura, a un sistema que reflejase en la selección, designación, remoción y sanciones disciplinarias de los magistrados parámetros profesionales objetivos. Así también, la existencia de un órgano constitucional que se encargase de administrar los recursos y ejecutar el presupuesto a efectos de lograr la mayor eficacia posible en la prestación del servicio de justicia.
Uno de los grandes déficits del texto incorporado fue no definir taxativamente la composición del cuerpo, establecer que debía procurarse un “equilibrio” entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, los jueces y los abogados (a los que debían sumarse científicos y académicos) y dejar librado este y otras aspectos fundamentales a la sanción de una ley del Congreso. Como muchas ve- ces ha sucedido en nuestro país “leyes pero sobre todo práctica mata Constitución”, y así fue como en el funcionamiento concreto sumado a leyes reglamentarias distorsivas, el Consejo de la Magistratura retomó los criticables vicios del antiguo sistema político y poco ayudó a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial.
En estos días, el Poder Ejecutivo envío al Congreso un proyecto de ley que ofrece desde la óptica de la ingeniería constitucional elementos estructurales que podrían cambiar las actuales prácticas. El Consejo estará integrado por 4 jueces, 6 representantes del Poder Legislativo, 4 abogados, 1 representante del Poder Ejecutivo y 1 del ámbito académico y científico: esto implica que existe un equilibrio con preponderancia de los sectores no políticos. Todos sus miembros deberán ser abogados con 8 años de ejercicio y las demás condiciones para ser senador, con lo cual se afianza la especialidad del órgano más allá de la procedencia del representante.
A efectos de garantizar una eficaz prestación de la administración del servicio de justicia, al producirse vacantes deberá convocar con celeridad a nuevos concursos y remitir al Poder Ejecutivo la terna de candidatos, no discriminar entre quienes acrediten antecedentes relevantes en el ejercicio de la profesión y la actividad académica o científica respecto de los que provienen de la carrera judicial, realizar concursos anticipados y capacitar de forma obligatoria a los jueces por medio de la Escuela Judicial.
Un aspecto crítico está configurado por la mayoría exigida para poner en marcha el mecanismo de destitución de los jueces, puesto que se requiere una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros y no los dos tercios del cuerpo tal como lo exige la ley orgánica vigente. Esta propuesta no solo implica una regresividad normativa injustificada, sino también, imposibilita la reunión de consensos agravados con la máxima participación estamental posible en torno a una decisión muy intensa para el funcionamiento de la justicia y aparece como irrazonable puesto que es la misma mayoría establecida para disponer un apercibimiento. ■