El karma de Macri
Abundan en las últimas semanas las señales sobre la persistencia de la crisis del sistema político. En la oposición mayoritaria (peronismo y kirchnerismo) suceden casi todas las cosas. Desde la intervención poco comprensible del PJ hasta la breve detención por un hecho oscuro de su anterior jefe, el ex gobernador jujeño Eduardo Fellner. En el medio, además, un río de fragmentaciones. En Cambiemos también se descubren convulsiones. Elisa Carrió las manifiesta cuando quiere. Los radicales resultan prudentes aunque también marcaron diferencias la semana que pasó. A la coalición oficial le estaría faltando todavía más de un golpe de horno para consolidar quizá su cohesión e identidad. No existe equivalencia, de todos modos, entre el descalabro opositor y los problemas de Cambiemos.
El peronismo no ha conseguido aún remontar dos cosas. El par de derrotas nacionales (2015 y 2017) a manos de Mauricio Macri. Los tres reveses consecutivos en Buenos Aires (2013, 2015 y 2017) que desarticuló su principal plataforma de poder. Desde esa poderosa geografía había logrado recuperarse en la década del 80, cuando sucumbió frente a Raúl Alfonsín, y después de la catástrofe del 2001. En ambas oportunidades se hizo sentir la influencia de la maquinaria de Eduardo Duhalde. Sucede ahora que el ex presidente ya no está. Aquella maquinaria tampoco. El peronismo sobrevive parapetado en la Tercera Sección Electoral. En La Matanza. Allí despunta la candidatura de la intendente K, Verónica Magario, para disputarle el año que viene la provincia a María Eugenia Vidal.
En estos tiempos el peronismo parece víctima de una paradoja. Cuantas más invocaciones a la unidad se formulan mayor es la segmentación. Sería posible detectar al menos cuatro grupos. Cristina Fernández y La Cámpora, por un lado. En una instancia táctica de repliegue. La llamada Mesa de Unidad, que convoca a kirchneristas (Agustín Rossi y Daniel Filmus), ex kirchneristas cercanos a Florencio Randazzo (Alberto Fernández) y massistas (Felipe Solá y Daniel Arroyo). También figura el peronismo parlamentario aglutinado en torno al senador Miguel Pichetto. Por ahí asoman también emisarios de Sergio Massa. Jugador de varias puntas. Por último están los gobernadores. En especial, los electos en el 2015. Que apuestan por el momento sólo a su preservación. En otra liga están sólo Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey.
La unanimidad circunstancial sólo pudo ser provocada por el fallo de María Servini de Cubría. Dispuso la intervención del PJ. Desplazó a los empalidecidos José Luis Gioja y Daniel Scioli. Entronizó al controvertido sindicalista Luis Barrionuevo. Difícil que no consiguiera aquella unanimidad. La decisión de Servini pudo no haber resulta- do tan extravagante como el contenido de sus doce fojas. No dio parte al fiscal Jorge Di Lello. Tampoco hizo una comunicación previa a las autoridades partidarias. Los argumentos de su decisión fueron casi de exclusivo género político. Como si formara parte, desde un pedestal, del propio PJ. Con descalificaciones implícitas, incluso, hacia el sector kirchnerista.
El peronismo recurrió a la acusación trillada. Responsabilizó al gobierno de Macri por la intervención. Dos prominentes y veteranos dirigentes pejotistas se ocuparon de conversar con Servini para solicitarle una explicación. No la supo ofrecer. Ambos habrían quedado con una extraña sensación. La jueza pareció no estar al tanto de los fundamentos de su determinación. Como si alguien lo hubiera redactado y ella apenas firmado de apuro.
Tal vez, esa intervención del PJ resulte efímera. La apelación efectuada por los apoderados incumbe a la Cámara Nacional Electoral que integran ahora dos jueces: Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía. La tercera vacante será ocupada a la brevedad por un miembro del mismo cuerpo. Aunque no sería perentorio para considerar el dictamen de Servini. Difícilmente surjan diferencias, en esa cuestión, entre los magistrados actuantes.
El espectáculo objetivo, de todos modos, quedó montado. Con el atrincheramiento de Gioja en su oficina, los desafíos públicos de Barrionuevo y la reaparición de ajados dirigentes que deambularon por la televisión como fantasmas. Pocas veces el Gobierno pudo haberse sentido más favorecido.
Un golpe de gracia pareció también la detención por 36 horas de Fellner. El ex gobernador de Jujuy y titular dos veces del PJ (2003-4 y 2014-16) quedó enredado –algunos aseguran que sólo de rebote-- en una megacausa por el desvió de fondos por $ 1.300 millones. Cuatro funcionarios de su anterior administración están encarcelados hace rato. También la ex secretaria de la agrupación Tupac Amaru, Claudia Trenque. La causa tiene vinculación con la construcción de viviendas sociales que nunca se hicieron. El puerto terminal es Milagro Sala, la piquetera que desde hace más de dos años cumple prisión preventiva. Los cargos: comisión de delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. La prisión fue convalidada en diciembre por la Corte Suprema.
Con ese panorama, al peronismo se le hace cuesta arriba escapar de la crisis. No termina nunca de quedar al margen de escándalos. Tampoco logra resolver el incordio interno que mantiene Cristina. Ni despunta un nuevo liderazgo que prometa ser competitivo. El Gobierno sigue observando esa crisis como una oportunidad. Sobre todo, si no se registraran drásticas modificaciones para el 2019. El año que Macri y Cambiemos están dispuestos a jugar la reelección.
Al oficialismo le convendría, pese a todo, ensayar alguna introspección. No podrá vivir eternamente de la desgracia ajena. Ni conservar siempre el statu quo. Algunos de esos dilemas circulan con molde de debate en la coalición. Formaron parte, por caso, de las conversaciones que las primeras espadas radicales reanudaron la semana pasada con el macrismo. Trascendió con mucho énfasis que en esos encuentros se repasó el próximo armado electoral. Macri preferiría listas únicas antes que una competencia. Se trata de una verdad parcial. Abundaron otros tópicos: el destino político de Cambiemos; aspectos de la gestión relacionados con la economía, la transparencia y la institucionalidad. Un terreno que empezó a provocar fricciones entre Marcos Peña, el jefe de Gabinete, y Alfredo Cornejo, el mandamás radical.
El radicalismo acepta que Cambiemos vie- ne cumpliendo muy bien el papel electoral. Posee reparos, en cambio, acerca de la gestión. No se sentiría debidamente involucrado en las decisiones de Gobierno. Vería limitado además su desempeño parlamentario. Siempre muy atado a las necesidades de la Casa Rosada, con las cuales a veces discrepan. Hay varios funcionarios que están en el ojo de la tormenta. Pero por ahora sólo uno de ellos recibe todas las piñas. Cornejo, también gobernador de Mendoza, sostuvo que Juan José Aranguren le “hace meter la pata” al Gobierno. Carrió dijo que si fuera presidenta el ministro de Energía ya no formaría parte de su administración.
Esas críticas reconocen dos vértices. Uno, económico: la forma en que Aranguren practica su política de ajuste de tarifas. Otro, de sesgo ético: el ministro afirmó que no ha repatriado sus fondos en el exterior porque la Argentina no es todavía un país que genere confianza. Sus palabras, más allá de la sinceridad, causaron un ruido ensordecedor. Aumentado por su descalificación a aquellas críticas.
Aranguren siente el pleno respaldo del Presidente. Lo tiene. Pero las últimas novedades complican. Como a todo el Gobierno. El Indec informó que la inflación de marzo trepó al 2,3% mensual. Los precios acumulan en lo que va del año una suba del 6,7%. Es decir, en el primer trimestre la inflación consumió casi la mitad de la meta del 15% anual que fijó el Gobierno. Todavía no entró en vigencia el aumento del 40% en promedio estipulado para el gas. Que se aplicará ahora y en octubre. Si la tendencia inflacionaria no sufre un fuerte retroceso, es seguro que los convenios colectivos que firmaron dos tercios de los gremios quedarán sujetos a una revisión. Un revés para el éxito político que el macrismo se jacta de haber alcanzado.
La inflación resistente se está convirtiendo en el karma de Macri. Los empresarios españoles que acompañaron en su visita al premier Mariano Rajoy celebraron el rumbo general. Pero ninguno dejó de apuntar la inquietud por el alza de los precios. El Gobierno asegura que el panorama variará mucho en el segundo semestre. Le enciende una vela al pronóstico repetido. Aquellos hombres de negocios repararon en el déficit fiscal, anclado en el gasto público. Además en la gran carga impositiva y el elevado costo laboral. Hay liebres que se escapan. El Gobierno arregló con los gobernadores, dentro del Pacto Fiscal, que el tributo de Ingresos Brutos nunca debe superar el 5%. Trece provincias que lo tenían por debajo lo llevaron a ese tope.
Todos esos indicadores son cruciales para los empresarios a la hora de formalizar cualquier inversión. La receta de Macri reside en ese aspecto para intentar torcer una lógica de la última década. Que sustituyó a la inversión privada casi inexistente por el Estado para sostener niveles de consumo y creación de empleo pobre.
El Gobierno no encuentra todavía el punto justo al gradualismo. Cuando mueve una pieza descoloca otra. Los ajustes tarifarios reducen el déficit. Pero disparan la inflación. Ambas cosas combinadas fomentan el mal humor social y devalúan expectativas. La peor ecuación posible para la política líquida.
El ajuste tarifario abrió un debate en Cambiemos, donde existen roces evidentes entre Peña y Cornejo.