Dujovne coordina, pero las claves se manejan en la Casa Rosada

Nombrar a Nicolás Dujovne ministro coordinador fue una medida sorpresiva de Mauricio Macri, aunque en más de un sentido lució a condición necesaria dado que Dujovne será el interlocutor del Gobierno ante el Fondo Monetario y el encargado de elaborar el Presupuesto Nacional de 2019, una pieza sin duda central del operativo.

Coordinar acertadamente con el resto de los ministerios puede ser una condición necesaria, quizás un pedido de Christine Lagarde, la jefa del FMI. Pero no es una condición excluyente, pues en el medio habrá unas cuantas decisiones políticas fuertes que aterrizarán, inevitablemente, en el espacio de la Casa Rosada.

Por ejemplo: ¿por dónde pasará la guadaña del gasto público para llegar a las metas que se pacten con el Fondo, qué entrará y qué quedará afuera del paquete? De ahí ya brotan decisiones que representan costos políticos y miles de millones de pesos.

Valen, para el caso, algunos números de la consultora ACM. Ir este año de un déficit inicial equivalente al 3,2% del PBI a otro del 2,7%, significó un recorte de $ 62.000 millones. Y bajar el año próximo al 1,7% que podría ser acordado con el FMI agregaría alrededor de 85.000 millones. Estaríamos hablando entonces de $ 147.000 millones en dos saltos.

Desde cuando la meta de 2019 era 2,2%, dentro del mismo Ministerio de Hacienda de Dujovne advertían que cumplirla iba a resultar “muy trabajoso”. Más todavía, decían que sería imprescindible “transferirles a las provincias gastos hoy en cabeza del gobierno nacional”. Ni qué hablar si la nueva pauta no es 2,2% sino 1,7%.

La consecuencia obvia será, luego, una ardua negociación con los gobernadores que probablemente caiga en territorio del Congreso o en las cámaras provinciales, si hace falta modificar leyes. Costo político, también.

Apenas un ejemplo ya destinado a naufragar. El fin, en 2019, del Fondo de Incentivo Docente en parte financiado con recursos nacionales alentó intentos de que hubiese algún tipo de compensación desde el poder central, para sostener el salario de los maestros. Ahora, eso es cosa del pasado.

También aparecía en la línea de largada que las provincias recibirían menos plata por las llamadas transferencias discrecionales, o sea, de aquellas que no entran en la coparticipación, salen de la caja del poder y cubren tanto gastos corrientes como inversiones. De hecho, pasadas las elecciones de octubre ya habían sido recortadas significativamente.

Hay otro dato de la misma especie, como podría ser el compromiso de que en 2019 el gasto público crezca al 13%. En ese caso, la magnitud del ajuste se mediría contra una inflación que este año andará cuanto menos en el 25%. Extendido, el ajuste también caerá sobre las cuentas del interior.

Habrá de todo en la bolsa, bajo el formato de metas asumidas por el gobierno nacional. De allí se replicarán las medidas orientadas a cumplir con los compromisos; entre ellas, eventualmente la alternativa de revertir algunas rebajas impositivas proyectadas, de eliminar ciertos subsidios y ciertas desgravaciones que benefician a empresas privadas y de so- meter los planes sociales a filtros rigurosos.

Visto igual a un punto a favor del programa, el ajuste cambiario jugará al revés si se lo mide según varios de sus efectos fiscales. Como el costo en pesos de las importaciones energéticas y el impacto sobre el monto de los subsidios energéticos. Gasto público al fin, que o deberá ser podado o ser apretado en otras partidas del Presupuesto.

Nuevamente, el dónde se mete mano y el dónde no se mete mano a cargo de la Casa Rosada. Evidente: Dujovne va a desempeñarse como un ministro coordinador, pero no como un superministro. Quizás su espacio de maniobra quede precisado hoy por la cúpula del Gobierno, cuando se reúna con sus pares del Gabinete. Y ya que están, podrían ser definidos otros roles. O tal vez signifique clarificar demasiadas cuestiones juntas.

En tren de prever consecuencias, otra dice que va a resentirse la actividad económica y, de seguido, todo aquello que suele acompañar la recaída, empezando por los ingresos y el empleo. Debiera pegarle a la propia recaudación impositiva, solo que ahí pesa el llamado impuesto inflacionario.

Desde luego, tasas de interés en las alturas y políticas monetarias rígidas harán su aporte al cuadro general. Hasta nuevo aviso, ese es el plan de Federico Sturzenegger.

Una derivación conocida, si no a la vista, es que las empresas empiecen a postergar pagos a proveedores y que sus clientes tiendan a hacer lo mismo con ellas. Otro, que se recurra al viejo expediente de diferir obligaciones fiscales, sobre todo provinciales y municipales, y uno más, ya en carrera, que aumenten las cuotas de los créditos.

El acuerdo con el FMI significa poner a tiro alrededor de US$ 30.000 millones, unos cuantos de acceso inmediato e imprescindibles para poner fin a la tormenta financiera. Pero, claro está, las metas deben ser cumplidas y el Gobierno no puede correr el riesgo de que se le caiga el stand-by.

Todo ocurrirá justo cuando el macrismo se juega su permanencia en el poder. Y su gran apuesta es tener la economía ordenada y en crecimiento, antes de octubre. ■

Gastos en grande habrá que bajar. Y como son costos políticos, Macri decidirá al fin por dónde pasará la podadora y por dónde no pasará.