Consensos para dar un paso más en la igualdad de las mujeres

Hace un mes que en la Cámara de Diputados estamos presenciando una de las grandes discusiones que nos debíamos los argentinos. Durante este mes, y seguramente durante el que queda por delante, pudimos escuchar las opiniones más diversas en un marco de respeto y de igualdad.

A partir de esta escucha surgió claramente la necesidad de establecer consensos que nos lleven a la mejor legislación posible. De eso se tratan los proyectos que presenté. De hallar los puntos de encuentro que nos permitan avanzar.

Uno de estos proyectos es la modificación del Código Penal, clarificando los criterios de no punibilidad del aborto escritos hace 100 años, incorporando solicitud voluntaria hasta las 14 semanas de gestación (criterio ampliamente aceptado a nivel internacional), siempre que sea practicado por un médico.

Mi segundo proyecto establece requisitos mínimos para un protocolo de interrupción legal del embarazo. Esto implica respetar la objeción de conciencia de los profesionales y poner la condición del asentimiento de un adulto en los casos de niñas de 13 a 16 años. Pero también es garantizar que la práctica sea realizada por pro- fesionales y en establecimientos del sistema de salud, que haya un consentimiento informado de la mujer, que se brinde una consejería interdisciplinaria previa a la intervención con un período de 2 días de reflexión mínimo y que haya también consejería en anticoncepción posterior a la intervención.

Tengo el convencimiento de que es necesario avanzar en la despenalización y la legalización, con el criterio que impera en la mayor parte de Europa, en América del Norte e incluso en nuestro vecino Uruguay. Países todos que priorizaron en sus políticas públicas la protección de la mujer.

Como médico de hospital público sé que más allá de las interrupciones del embarazo que hoy se realizan de manera no punible a partir de un fallo de la Corte Suprema, sigue habiendo abortos clandestinos. Muchas veces me tocó ver las consecuencias. Un gran número de mujeres –la mayoría de condición social vulnerable- llega a los centros de salud con complicaciones derivadas de prácticas que se realizan sin el más mínimo conocimiento ni condiciones sanitarias. Muchas mueren a causa de ello.

También lo estoy desde una perspectiva social, porque si bien esto es una discusión absolu- tamente transversal, recae particularmente sobre las mujeres. Si los varones pudiésemos quedar embarazados, sin duda este tema ya no estaría en discusión.

Por eso, creo que la despenalización es un paso más hacia la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Un avance más en un camino que conformaron leyes históricas como el voto femenino, la patria potestad compartida, los cupos y la paridad en cargos.

La posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo no deseado, derivado de una relación que no buscaba la procreación, empodera a las mujeres en la decisión sobre su propio cuerpo y en el ejercicio de una sexualidad libre. Las libera de cadenas invisibles, de mandatos que no les son propios. Aquí vuelvo a mi profesión de médico. Desde ese lugar creo que más allá de los principios que nos inspiran lo que hace falta es generar una respuesta de política sanitaria. Un abordaje integral que comienza con la educación para una sexualidad responsable, sigue por el acceso garantizado a métodos anticonceptivos y recién termina en la posibilidad de interrumpir el embarazo bajo estrictos protocolos de atención médica, psicológica y social de la mujer que llega a una situación de por sí angustiante. ■