Ciccone: pidieron 6 años de prisión para Boudou y su detención inmediata
La unidad antilavado solicitó también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa.
Después de la pena de cinco años y seis meses de prisión que la Oficina Anticorrupción (OA) solicitó contra Amado Boudou, acusado de cohecho pasivo en concurso ideal con las negociaciones incompatibles, ayer miércoles la Unidad de Información Financiera (UIF) al finalizar los alegatos en el juicio por la compra de la ex calcográfica Ciccone, solicitó la pena máxima: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, más una multa de 90.000 pesos. Para Boudou, Núñez Carmona y Ciccone se les pidió la detención inmediata si se los condena por el peligro de que destruyan pruebas.
El organismo querellante, entre sus principales planteos, sostuvo que el Estado buscó dar un “marco de impunidad” al caso cuando salió a la luz y que el ex vice con José María Núñez Carmona “se interesaron en el negocio” para que la imprenta termine siendo contratada por el Estado. Así, acusaron al ex vice de “estar al tanto de todo lo que se hizo y usar su cargo para ello y torcer el destino de Ciccone en función de sus intereses”.
El juicio contra el ex vicepresidente se encamina a su instancia final. La segunda querella de la causa Ciccone expuso desde las 10 sus alegatos después del pedido de la OA. Antes del inicio de la feria judicial de invierno, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, María Gabriela López Íñiguez y Néstor Costabel, estará en condiciones de dar a conocer la sentencia y los fundamentos de la misma, se conocerá después del receso.
La UIF pidió la pena máxima por los delitos que se le imputan al ex vi- ce: seis años de prisión. “Si la escala penal tiene un máximo, se aplica a este tipo de casos”, indicó el abogado del organismo.
En el caso de su socio y amigo, Núñez Carmona se pidió cinco años y ocho meses de prisión más una multa de 90.000 pesos, al igual que para Nicolás Ciccone. A Resnick Brenner y Guido Forcieri se les solicitó una pena de tres años de cárcel más la inhabilitación perpetua. La UIF pidió para Vandenbroele sólo un año de prisión.
En el juicio se los acusó junto a Núñez Carmona, de “haber adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele”. Esta firma -accionista mayoritaria de la imprenta- se usó para “facturar un negocio por la reestructuración de la deuda pública de Formosa”.
El objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. No sólo imprimió las boletas electorales en 2011, sino que en abril del 2012, el Gobierno de Cristina contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de $ 140 millones.
Los alegatos de la UIF a cargo del Director de Litigios Penales, Agustín Biancardi y los abogados Facundo Orazi y Mariela Cimolai, apuntaron contra el rol de Boudou. En este sentido, expusieron que se está frente a una “organización criminal, que se apoderó de la empresa Ciccone Calcográfica, a través de la recepción de dádivas que permitieron, por un lado, levantar la quiebra solicitada por la AFIP, y por el otro, obtener licitaciones por parte del Estado Nacional”.
Entonces, para la UIF todo respondió a un “negociado en el que se utilizaron todos los resortes del Estado”, desde el Ministerio de Economía hasta la AFIP.
La querella fue categórica al sostener en sus argumentos, que “Amado Boudou y José Nuñez Carmona se interesaron de inmediato en el negocio”, y que la maniobra central “era convertirse en proveedores del estado nacional”. Para ello, la maniobra requirió “poner a gran parte del Estado Nacional en pos del logro de la impunidad, desapareciendo legajos de la IGJ, removiendo jueces y fiscales, y hasta, incluso, al Procurador General de la Nación”, remarcaron.
Este “plan criminal” para el organismo que conduce Mariano Federicci, se vio “frustrado por la declaración de Laura Muñoz”, ex esposa de Vanderbroele, “a quien acusó de ser el testaferro de Boudou”. Al momento de explicar cómo funcionó el esquema que terminó en el salvataje y compra de la imprenta con capacidad para la impresión de papel moneda, se dijo que el ex vice intervino, “a través de testaferros, en el levantamiento de la quiebra” de Ciccone para que pudiera volver a operar. Se acusó a Boudou de interrumpir una licitación pública que “permitía el autoabastecimiento de la producción de la demanda de billetes del Banco Central”, con el objetivo de que Ciccone sea contratada por el Estado luego que asumiera la vicepresidencia. ■