“Beto” Casella también denunció a Cristóbal López ante la Justicia
La cesación de pagos del Grupo Indalo hacia algunos de sus trabajadores de medio, complica la situación judicial de Cristóbal López, Fabián De Sousa (ambos presos por defraudación), como también la de los dueños de OP Investiment, los fallidos compradores del Grupo Indalo, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.
El fiscal Ramiro González en las próximas horas ampliará la acusa- ción en su contra, donde se sospecha de una maniobra fraudulenta al momento de intentar realizar el traspaso de acciones. La decisión es motivada por una denuncia realizada por el conductor televisivo Bautista "Beto" Casella.
El primer frente de Beto Casella con el empresario K es un juicio laboral por $ 100 millones, y en la justicia Penal, su abogado, Gonzalo Espinoza Paz a presentar una denuncia por administración fraudulenta contra los dueños originales del Grupo Indalo y sus posteriores administradores, por plantear argumentos que a su entender, no son los reales por los que se entró en cesación de pago en los medios de comunicación. Asimismo, se puso en duda el objetivo real de presentar el concurso preventivo de todos los medios de comunicación: DH.Com SA, Votionis SA, Telepiu SA, Imagen Radial SA, Radioproductora 2000 SA, y South Media Investment SA. Antes había hecho una denuncia parecida el conductor Marcelo Tinelli. A través de estas firmas controlan el canal de cable C5N y radio 10, entre otros medios de comunicación.
Asimismo, Casella manifestó que de los requerimientos concursales de las empresas de medios, “se observaba la falsedad de los motivos invocados para sustentar el estado de cesación de pagos, en los cuales principalmente se hacía mención a una presunta campaña mediática de desprestigio hacia las firmas del grupo llevada a cabo por autoridades del actual gobierno, encarecimientos de insumos en dólares, entre otros”.
En este sentido, se señaló que las radios y canales de televisión “se mantenían a través de las maniobras que realizaban con los impuestos a la transferencia de los combustibles (ITC) retenidos y no depositados de la firma Oil Combustibles S.A., e impuestos de las propias sociedades cu- yos concursos preventivos se pretende”, explicando que al cesar la referida maniobra, tales empresas habrían sufrido severos problemas financieros y económicos. Cristóbal y su socio están procesados por quedarse con 7 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles.
El conductor recordó que en plena crisis financiera, hubo “montos exorbitantes y carentes de fundamentación alguna de honorarios profesionales que Rosner y Dellatorre se habrían fijado respecto a ellos mismos”, que superaban los $ 5 millones para cada uno. Frente a este escenario, el fiscal Ramiro González que ya imputó a los acusados procederá a ampliar la imputación sobre los dueños de Indalo y de OP Investment. Entendiendo que todo “respondería a una misma situación ya bajo investigación”, indicaron fuentes judiciales. ■