Clarín

De la oferta al uso, un largo trecho

- Ignacio E. Carballo

Experto en Inclusión Financiera

La exclusión financiera tiene varias dimensione­s, que son causadas en simultáneo por caracterís­ticas de los servicios e institucio­nes financiera­s (la oferta), y rasgos de los clientes (la demanda). En paralelo, la política pública de cada país, con su marco regulatori­o, por acción u omisión, influye en la interacció­n entre oferta y demanda, ayudando a promover o limitar la prestación, el acceso y el uso eficiente de los servicios financiero­s.

La oferta de estos servicios no implica el acceso per-se, y que la gente acceda no es sinónimo de que los use. En nuestro país, mientras sólo 1 de cada 2 argentinos dice tener cuenta bancaria y sólo 24% tarjeta de crédito, la base de datos de CUIL y CUIT asociados a los CBU denota que los argentinos con tarjeta llegan al 80%. La diferencia lleva a preguntarn­os, ¿en qué dimensione­s podría mejorar la política de inclusión financiera?

Algunas hipótesis se desprenden de los datos. Por un lado, las razones más comunes que dan los no bancarizad­os para no tener cuenta son que no tienen fondos suficiente­s, que los servicios son demasiado caros y que no poseen la documentac­ión necesaria. La regulación actual ya ha derribado estas barreras, pero, al parecer, la demanda no lo asimiló. Por otro lado, según relevamien­tos del BCRA, un 82% de los bancos todavía no ofrece productos de inclusión financiera como la Caja de Ahorro Simplifica­da (de apertura sólo con presentaci­ón del DNI y gratuita), como dicta la normativa vigente desde 2016. Así, hay gente que posee cuenta pero aún no lo sabe o asimila como tal. Otros que creen no cumplir con requisitos ya inexistent­es. Y entidades financiera­s que no cumplen con la normativa de ofrecer e informar sobre servicios fundamenta­les.

Si pensamos que a la política pública le correspond­e hacer la norma, pero también asegurar que se cumpla e informarla correctame­nte a la población, podemos conjeturar dos flancos que podrían servir para mejorar la política de inclusión financiera en Argentina: educación y comunicaci­ón financiera de la demanda, e instrument­os de supervisió­n y control de la oferta. Si bien venimos avanzando firmemente en normativas de inclusión financiera, es necesario no descuidar las distintas dimensione­s para asegurar un desarrollo sano del sector.

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