La Cancillería venderá edificios y analiza reducir los consulados
El plan de achique comprende desde catering más austeros hasta menos oficinas y misiones comerciales.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores, la crisis fiscal se siente hace rato. Se la ve hasta en situaciones pintorescas: catering más austeros y una caja chica entre los embajadores en el extranjero bastante más reducida para las actividades políticas y sociales, normales en el cargo. También ocurre que todos los grandes proyectos de misiones comerciales que se hicieron en 2016 y hasta causaron rivalidades con el ministerio de Producción y en especial con la Agencia de Inversiones han quedado en el pasado. Pocas pueden concretarse.
Hoy la prioridad está sólo puesta en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, y en la cumbre del G20. Cuando hay un viaje presidencial o un foro en el exterior, el plantel de enviados es mínimo si se lo compara con el "batallón" que via- jaba durante la gestión K.
Los recortes por decreto, oficializados este martes en el Boletín Oficial, impactan de lleno en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que el año pasado no estuvo ni siquiera entre las prioridades del tesoro nacional como sí lo estuvieron Interior, Medio Ambiente, Trabajo, Educación y Desarrollo Social. Ahora, según pudo saber Clarín, en la Cancillería analizan cómo reducirse aún más.
Los hombres que manejan los gastos están viendo qué sedes y qué oficinas en el exterior se pueden cerrar. Y cuáles vender. La Agencia de Bienes del Estado ya logró la venta del viejo edificio del Instituto Antártico por US$ 9.3 millones. Y tenía otros más para liquidar con la idea de generar dólares: un edificio de la calle R en Washington, que fue sede de la Junta Interamericana de Defensa; otro donde funcionaron oficinas del consulado en Bogotá; un terreno baldío en Colonia Uruguay; la vieja residencia diplomática en Brasilia; y una casa pequeña en Montevideo que fue un centro cultural.
La red en el exterior prevista para el presupuesto de 2018 contabilizó que a junio de 2017 estaba constituida por 88 Embajadas, 63 Consulados Generales y Centros de Promoción Comercial, Consulados Generales y Consulados Simples y 7 Representaciones ante organismos internacionales y la Unión Europea. En total, 150 oficinas de mayor a menor.
Clarín oudo saber que el recorte de gastos no implicará cierre de embajadas y sedes, como lo hizo Carlos Ruckauf bajo la gestión de Eduardo Duhalde. Eso terminó generando más gastos que austeridad. Reducir personal, traerlo a la Argentina de regreso, y terminar con contratos de alquileres antes de tiempo es contraproducente, afirman. Para colmo, con el tiempo, numerosas sedes fueron reabiertas. Tampoco se piensa reducir la entrada de estudiantes a la carrera del servicio exterior. Esta se concentra en el Instituto del Servicio Ex- terior de la Nación (ISEN). Tampoco retocarán los sueldos del personal. Los embajadores en el exterior son definitivamente caros, pero sus sueldos están lejos de ser de los más altos del mundo hoy. En promedio, con descuentos, pueden quedarles en mano unos 9 mil dólares.
Aún así, los contadores de la gestión del canciller Jorge Faurie están con calculadora en mano para ver dónde pasar la tijera. Están en la mira las oficinas de consulados en ciudades muy caras. Piensan, por ejemplo, que llevarlos a los edificios de las embajadas puede abaratar costos. Hace poco hubo anuncios de que se compartirán consulados con Brasil en el mundo. Funcionaron algunas experiencias durante el mundial de fút- bol en Rusia, como el consulado compartido en San Petersburgo. Y el plan prevé extenderlo de forma más duradera a otras ciudades en el mundo.
Sin embargo, hay hechos que causa molestia a muchos diplomáticos a la hora del ajuste, contaron fuentes del ministerio. Se trata de la superposición de tareas con el área de relaciones exteriores que funciona y creció en la Jefatura de Gabinete. Desde el Palacio San Martín, la vieja guardia diplomática afirma que son actividades tradicionales de Relaciones Exteriores y no de Presidencia. Y que además si se hiciera desde la Cancillería implicarían salarios ya establecidos porque son funcionarios de carrera y no de cargos políticos que generan sueldos extras. ■