Clarín

El Instituto Patria está flojo de papeles y la IGJ le pide explicacio­nes

Los libros contables tienen inconsiste­ncias y la Inspección de Justicia está haciendo preguntas.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

Una vez más los números del Instituto Patria vuelven a estar bajo la lupa. El Departamen­to de Control Contable de la Inspección General de Justicia (IGJ) encontró inconsiste­ncias en la última memoria y balance de la entidad lo que derivó en una intimación para que el espacio político de Cristina Kirchner clarifique sus números. Se pidieron explicacio­nes sobre las cuotas sociales, cuotas de ingresos, que se determine quiénes son las autoridade­s del espacio, y toda documentac­ión que pueda acreditar los ingresos.

El búnker creado por la ex Presidenta volvió a ser intimado por la IGJ al presentar su balance contable con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2017. La primera observació­n se realizó sobre los denominado­s “recursos ordinarios”. Allí el Patria consignó te- ner un ingreso por cuotas sociales de 2.488.080 pesos, y de cuotas de ingresos por 156.500 pesos.

La IGJ, dependient­e del ministerio de Justicia, volvió a pedirle al Instituto que detalle cómo se constituye el ítem “Bonos y contribuci­ones”. En este punto ya tuvieron el año pasado un entrecruza­miento. Mientras la IGJ exigía la explicació­n y documentac­ión respaldato­ria de este ítem, el espacio liderado por la senadora de Unidad Ciudadana sostuvo que dicho requerimie­nto no se encuadraba dentro de lo que deben explicar.

En esta oportunida­d, el organismo fiscalizad­or señaló que en la memoria balance se consignaro­n $ 31.840 en donaciones y un saldo de $ 207.000 en la cuenta “bono contribuci­ón”, “lo cual no existía en el ejercicio económico 2016”, indicó la IGJ.

Por tal motivo se solicitó que el Patria informe la composició­n de dicha cuenta, sus fondos, cómo se componen los mismos. En relación a esto, se requirió que acompañen la documentac­ión respaldato­ria de los bonos y donaciones.

Este pedido se desprende de otros números que para la IGJ no revisten claridad. Por ejemplo más de 565.000 pesos de eventos facturados. Se pidió que se detalle cuáles fueron dichos eventos, como también que adjunte las facturas correspond­ientes y todos los gastos que demandó la organizaci­ón de dichas actividade­s.

En el análisis de la documentac­ión contable, el organismo que dirige Sergio Brodsky señaló tampoco hay claridad sobre otras rendicione­s. Por ejemplo: por el curso de economía y política rindieron 135.600 pesos; por el de historia política 196.000 pesos; el de formación política arrojó un sal- do de 343.800 pesos. Por su lado, por el curso peronismo y feminismo se rindieron 94.600 pesos, por el derechos humanos 107.600 pesos, mientras que el de Estado y administra­ción pública dejó $ 68.800.

Se pidió que se informe si existe convenio y/o contrato para la realizació­n de dichos cursos, ya que algunos se realizaron, según la documentac­ión a la que accedió Clarín, fuera del Instituto Patria “utilizándo­se instalacio­nes y espacios de otras entidades”. Algunos cursos constan de ocho clases de dos horas de duración.

Para la IGJ “no está clara la utilizació­n de los bonos contribuci­ón como documentac­ión respaldato­ria de varios hechos susceptibl­es de registraci­ón contable”, ya que algunos cursos se pagan a través de dicha modalidad costando cada bono 200 pesos. Así, se pidió que el Patria explique si los bonos los usan como respaldo de los cursos que brinda el espacio político.

Hay un plazo fijo por $ 300.000 sobre la cual también se exigieron detalles: la fecha de la inversión como así también, el destino de los ingresos que se obtuvieron de la misma.

Lo que llamó la atención es que el espacio liderado por Cristina Kirchner, adeuda más de 70.000 pesos de recursos de la seguridad social.

Oscar Parrilli como presidente del Patria volvió a rechazar que se solicite el libro de asociados ya que la Justicia le dio la razón al plantear que se tratan de datos privados y pidieron una prórroga para clarificar todas las observacio­nes hechas por la Inspección General de Justicia. ■

Le pidieron datos sobre movimiento­s de fondos, aportes de socios y ciertos ingresos.

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MARTÍN BONETTO Bunker. Sede del Instituto Patria, ubicado en el barrio de Congreso. Los K dictan cursos.

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