Un proyecto irrazonable, que limita derechos esenciales

Profesor de Derecho Constitucional UBA, UAI y UB

En la teoría constitucional, uno de los postulados más relevantes es aquel en virtud del cual los derechos subjetivos que la Ley Fundamental consagra y protege expresa o implícitamente, son susceptibles de ser reglamentados o limitados, es decir, que se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. En la medida que esas limitaciones o reglamentaciones sean llevadas a cabo por ley (principio de legalidad) y no alteren o violenten al derecho o libertad reglamentado (principio de razonabilidad), son constitucionalmente válidas.

En el caso del proyecto de ley con media sanción por la Cámara de Diputados, en virtud

del cual se proyecta la despenalización del aborto, el derecho que se vería restringido o limitado sería el de la vida de personas por nacer hasta la semana catorce. Es cierto que en el caso del derecho a la vida, cualquier restricción o limitación implicaría la eliminación de la misma, pero ello no obsta a la posibilidad de su reglamentación, en la medida que ella cumpla con los requisitos antes mencionados, como podría ser la pena de muerte bajo determinadas circunstancias (por ejemplo las contempladas en el Art. 4to. del Pacto de San José de Costa Rica), la eutanasia o el aborto en casos de violación o riesgo para la vida de la madre. La instauración de la pena de muerte está vedada para aquellos países que, como la Argentina, adhirieron al Pacto antes mencionado sin tener contemplada la misma en su legislación interna, pero dicha restricción no aplica a la eutanasia o al aborto. Por lo tanto, en el caso del proyecto de ley que debatirá próximamente el Senado, el problema no sería, a mi juicio, la existencia de tratados internacionales que protegen la vida desde la concepción, porque ellos no prohiben su reglamentación razonable, y en definitiva, de lo que se trata es de aplicar una limitación al derecho a vivir de embriones y fetos.

El problema, en cambio, radica en la irrazonabilidad que dicha reglamentación implicaría, desde que jamás puede ser razonable una ley que adjudique a una mujer el derecho discrecional a decidir sobre la vida de un ser diferente a ella misma, al que ha engendrado sin haber sido forzada a ello, quien no solo padece de un absoluto estado de indefensión, sino que además, por razones obvias, no carga con ningún tipo de responsabilidad dolosa o culposa que lo haga merecedor de semejante castigo. Los defensores de la despenalización del aborto hacen hincapié en una incontrastable realidad: miles de mujeres mueren al practicarse abortos clandestinos, y resaltan el derecho de ellas a vivir. Pues quienes cuestionamos el proyecto de despenalización referido, jamás resignamos la defensa del derecho a vivir de las madres, sino que simplemente cuestionamos algo tan tremendo como condenable: que tengan derecho a decidir sobre otras vidas. Y además, si una realidad es patética, no se la combate legalizándola, sino combatiéndola por medio de la educación de esas miles de mujeres, quienes por otra parte, no son obligadas a someterse a esas nefastas prácticas clandestinas, sino que acuden a ellas con total libertad.

En definitiva, parafraseando a quienes propugnan despenalizar el aborto, es necesaria “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto ilegal para no permitir matar”. ■