Grúas, basura y aumento del subte: los cambios clave que siguen frenados por la Justicia
Entre fallos y medidas cautelares, se traba parte de la gestión
Son proyectos del Gobierno porteño que quedaron bloqueados por recursos de amparo que presentaron vecinos, ONG y dirigentes opositores. Algunos, como la renovación del sistema de estacionamiento medido, vienen demorados hace años.
Aumento del subte, incineración de basura y renovación del sistema de grúas y parquímetros son algunos de los cambios que el Gobierno porteño está ansioso por implementar pero que se encuentran con frenos judiciales y largas demoras.
Quizás el que más impaciente pone al Gobierno sea el aumento del subte. Es que, hasta el 15 de julio, la pérdida por el freno al incremento ascendía a $ 282,4 millones, según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Y, por cada día que pasa se pierden otros $ 3,7 millones.
La tarifa no se modifica desde octubre de 2016. Iba a subir en mayo de $ 7,50 a $ 11, pero la jueza Patricia López Vergara hizo lugar al amparo presentado por los legisladores Myriam Bregman y Patricio de Corro (PTSFIT) y el metrodelegado Claudio Dellecarbonara.
En marzo, el recurso también había sido atendido por el juez Guillermo Scheibler, que suspendió la au- diencia pública por el aumento, por entender que su difusión había sido “parcial e incompleta, omitiendo la fecha, lugar y horarios”.
Otro proceso frenado por la Justicia es la ampliación del estacionamiento medido a los barrios porteños. Ya se cumplen casi cuatro años de los primeros intentos, durante el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad. El plan consiste en pasar de dos zonas a cinco, lo que llevaría las plazas tarifadas de 4.000 a 80.000, sobre un total de 364.000 disponibles.
Los vecinos de los barrios más alejados del Centro se pusieron en alerta durante cada uno de los anuncios, pero por ahora no tienen de qué preocuparse. Es que, a mediados de junio, un juez porteño anuló la ley que es requisito para que el estacionamiento medido se extienda, la que llamaba a licitar nuevamente el servicio.
Sin embargo, el proceso sigue avanzando, según fuentes de la Secretaría de Transporte de la Ciudad, que informaron que hace tres semanas se abrieron los sobres de la licitación pero que, por el freno judicial, aún no hubo adjudicaciones.
Esta demora produce que las grúas y los parquímetros sigan en manos de dos empresas, SEC y STO, que operan desde 2001 con contratos vencidos y prorrogados. Es un servicio que acumula muchas quejas de los vecinos por la forma en que las grúas se llevan los autos y porque muchas veces sólo priorizan la recaudación. Además, impide que las tickeadoras se puedan reemplazar por tecnologías más nuevas que permitan pagar con el celular o tarjetas, por ejemplo. Así, hoy la única manera de abonar el parquímetro es con monedas.
Los cambios a la Ley de Basura Cero, que habilita la incineración de re-
A la ley para incinerar residuos la aprobaron en mayo y al mes siguiente ya fue suspendida.
siduos para generar energía, también se vieron suspendidos judicialmente. Habían sido votados en mayo por la Legislatura pero, a fines de junio, la Justicia porteña la suspendió, al hacer lugar a un amparo presentado por cooperativas de recicladores, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y Greenpeace Argentina, con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
La cautelar a la ley modificatoria fue impuesta por la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado N° 1 en lo Contencioso y Administrativo, quien fundamentó que el proyecto no había sido tratado en doble lectura ni aprobado por mayoría de 40 votos.
Con todo, desde la Procuración General Adjunta de la Ciudad señalaron que la Constitución no prevé el requisito de mayoría calificada para esta ley. Por eso, apelaron y esperan que en agosto la Cámara se expida. La Justicia también había frenado el servicio de poda que prestaba el Gobierno de la Ciudad, que ya fue retomado. El año pasado, Claudia Heras, abogada y vecina de Villa Urquiza, demandó al Gobierno y a las 15 Comunas por podas mal hechas y pidió que fueran ejecutadas de forma profesional. La Ciudad apeló, pero la Cámara confirmó la decisión de primer grado. Finalmente, la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana se ocupó de coordinar con las 15 Comunas el plan de poda de este año, que arrancó a principios de junio.
Desde esa área indicaron que 90 ingenieros agrónomos de la UBA (uno por cuadrilla) fiscalizan la poda en cada operativo en las calles. Una semana después, los trabajos son certificados por el inspector de la Comuna y se cargan en el sistema. Resaltaron además que el plan incluye no sólo la poda sino también el mantenimiento del arbolado urbano, que abarca la plantación, el corte de raíces y la reparación de las planteras. Según Atención Ciudadana, ya se mejoró el estado de más de 20.000.