AMIA: los ex fiscales acusaron a Memoria Activa de vínculos con los K
El defensor de Mullen y Barbaccia sostuvo la inocencia de sus clientes y formuló graves acusaciones.
Los ex fiscales federales Eamon Mullen y José Barbaccia reiteraron ayer a través del alegato de su abogado defensor, Santiago Marino Aguirre, que no participaron de las negociaciones
ni estuvieron al tanto del pago que el ex vendedor de autos usados Carlos Telleldín recibió de parte de la SIDE para inculpar a un grupo de ex policías bonaerenses por el atentado terrorista de 1994 contra el edificio sede de la AMIA. Fue al reanudarse el juicio oral que se les sigue a ellos junto con el ex juez Juan José Galeano, el ex presidente Carlos Menem, Telleldín y el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, entre otros, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF2), integrado en este caso
por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel. El alegato apuntó también contra el kirchnerismo y algunas de las querellas del juicio.
Marino Aguirre, defensor oficial, dijo al inicio de su alegato que la sola enunciación de los delitos que se les imputan a los ex fiscales a los que asiste en este juicio “son una muestra acabada de que no existía ninguna razón jurídica” para que ellos estuvieran ahora en el banquillo de los acusados siendo los fiscales que ori-
ginalmente estuvieron a cargo de la causa por el atentado.
El defensor de los ex fiscales, en un alegato de cinco horas, recordó que tres querellas acusaron a ellos en sus alegatos junto con la los representantes del Ministerio Público Fiscal que sucedieron al fallecido Alberto Nisman en la llamada Unidad AMIA pero que otros tres acusadores privados no lo hicieron, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación.
“Eso no es algo menor, porque esa cuestión aritmética nos está demos- trando la falta de certeza y, por lo menos, la duda”, expresó el defensor oficial. El abogado defensor denunció que intervino “la política en el direccionamiento de algunas de las querellas alineadas políticamente” con el gobierno de Cristina Kirchner, haciendo alusión particular a Memoria Activa y su relación con el CELS, al cual pertenece el abogado de esa agrupación de familiares, Rodrigo Borda. Además destacó la preocupación que genera que ese alineamiento “sea funcional con las estrategias de Telleldín y los ex policías”. Memoria Activa y el CELS siempre negaron estas acusaciones.
En primer lugar, la defensa sostuvo que las querellas de Memoria Activa y la UFI-AMIA habrían actuado “coordinadamente con los funcionarios del anterior gobierno con el fin de llevar a un punto muerto la investigación sobre los ex policías comandados sobre Ribelli”. Para demostrar la supuesta connivencia entre esa agrupación y ex funcionarios, enumeró una serie de coincidencias, como “la presencia del abogado de Memoria Activa, Alejandro Rúa, que pasó de ser designado como jefe de la unidad del ministerio de justicia que investigaba el caso AMIA, para pasar luego a representar a Memoria Activa y a la ex presidente Cristina Kirchner en el juicio que se le sigue por el pacto con Irán”. Otra fue “la designación en la querella de Memoria Activa de otro abogado, Luciano Hazán, que tardó 11 días en dejar su cargo en el Memoria Activa y pasar al ministerio de Justicia”. En efecto, Hazán dejó su cargo el 26 de septiembre de 2011 y asumió, según muestra una escritura que adjuntó el defensor oficial, como abogado de ministerio el 7 de octubre siguiente. Es decir, que “el mismo funcionario que supuestamente debía actuar con objetividad por representar al estado, pasó a una de las partes acusadoras sin respetar los tiempos de prescripción que establece la Ley de Ética Pública”. ■