La violación de la conciliación, en debate
La huelga docente convocada por Ctera abrió en Provincia una discusión sobre los alcances de la conciliación obligatoria (CO) dispuesta por el gobierno de Vidal para los gremios de provincia. ¿La convocatoria nacional exime a los gremios bonaerenses de acatar la decisión del Ministerio de Trabajo? Hay posturas divididas. Y estanterías repletas de fundamentos en cada lado de la biblioteca.
Según el abogado laboralista Esteban Carcavallo, presidente de la Comisión de Derecho laboral del Colegio de Abogados porteño, la postura de Baradel “es inconsistente” y se trata de “una chicana” para no acatar la CO. En la misma línea, los funcionarios bonaerenses sostuvieron que “Suteba usó un sello de goma -Cterapara resolver políticamente una situación que no pueden sostener desde lo gremial”.
Baradel asegura que la CO de provincia no alcanza a la convocatoria de Ctera. “El Ministerio de Trabajo provincial tiene competencia para intervenir en este conflicto, tal como viene interviniendo todos los años. Si bien Ctera tiene personería nacional, el gremio y ámbito de actuación de Baradel es la Provincia, y allí el que tiene potestad es el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires”, aclaró Carcavallo en diálogo con Clarín.
Por eso, el gobierno bonaerense evalúa sancionar al sindicato de Baradel. Si aplica el mínimo que estipula la ley le corresponderían poco más de 600 millones de pesos de multa.
No obstante, para el abogado laboralista León Piasek, este tipo de multas “son una violación al ejercicio del derecho a huelga”. El especialista consideró que en este caso, Baradel “tiene posibilidad de cuestionar” la sanción porque “la organización sindical adhiere a una decisión o medida de fuerza dictada por la central a la que están adheridos”.
Uno de los argumentos de Suteba es que el ministerio de Trabajo no debería actuar en este conflicto. “Es juez y parte. La Ley de Paritaria provincial obliga a la conformación de un órgano independiente y el Ejecutivo nunca lo conformó”, dijeron. Por eso, Baradel anticipó que harán presentaciones ante la Justicia y en el fuero administrativo para atacar la decisión oficial. El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, también reclamó la creación del “tribunal imparcial” para mediar en los conflictos entre trabajadores estatales y el Poder Ejecutivo. Dijo que la Constitución ordenó en 1994 crear ese organismo y que no se cumple.