Un ex militar que se ganó la confianza del núcleo K
Conducta. Oscar Centeno tenía la misma manía de Kirchner: anotaba todo. Era prolijo y describía hasta el mínimo detalle.
Hasta ayer, Oscar Centeno, el chofer que hacía delivery de dinero posiblemente proveniente de la corrupción K seguía trabajando de remisero para su jefe, el otra vez preso Roberto Baratta. Es un ex militar -retirado como suboficial del Ejército- y a su vez ex chofer de la madre del ex súper ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Así se conoció con Baratta, según contaron fuentes del peronismo que conocen a ambos. Hoy, los tres están presos: De Vido, su ex secretario de Coordinación, Baratta; y Centeno.
El súbitamente célebre Centeno, además de manejar un Toyota Corolla donde supuestamente cargaba bolsos para la recaudación del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, tenía una manía parecida a la del ex presidente santacruceño: anotaba números y detalles financieros de su trabajo en cuadernos. Incluso usaba cuadernos de la misma marca que gastó durante años el patagónico, Gloria.
Según supo Clarín de fuentes de la investigación de la nueva causa de bolsos y rutas del dinero K, Centeno empezó a temer por su futuro a fines del año pasado, cuando el juez Claudio Bonadio lo citó a declarar en un expediente donde busca determinar si se usó a la compra estatal de gas licuado como “caja” para la política. Bonadio lo citó luego de escuchar a la ex mujer de Centeno, quien se había presentado espontáneamente en su juzgado para decir que el chofer se había enriquecido ilícitamente trasladando bolsos con dólares por encargo de sus jefes.
Los textos del remisero en los cuadernos son prolijos, con datos, mucha información y detalles de cómo, cuándo, y a quiénes veía para llevar y traer plata. Esas narraciones lo llevaron a la cárcel. Pero, a su vez, Bonadio entendió que el enriquecimiento de Centeno merecía ser investigado en otra causa.
La ex mujer de Centeno había asegurado que en la casa de los padres de Baratta había una bóveda repleta de plata. Ese inmueble se allanó, en vano. No había nada. Pero los cuadernos de Centeno, que él supuestamente dejó a resguardo fuera de su casa, llegaron a las manos del periodista de La Nación Diego Cabot. Tras una pesquisa sobre ese material increíble, éste último decidió presentarlos a la Justicia.
El fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio determinaron que los nombres de empresarios que posiblemente le pagaban coimas a Baratta, que llegaba después a la Quinta de Olivos o los departamentos porteños de los Kirchner, estaban vinculados a las irregularidades de la causa madre de la cual nació el nuevo escándalo de corrupción kirchnerista. Se armó así un expediente “conexo” al de la importación de gas licuado. El “remisero-gate”.
Durante meses, en la justicia chequearon las anotaciones y ordenaron hacer cruces de llamados entre teléfonos que usaban los empresarios y los ex funcionarios de Planificación Federal. Todo coincidía con los recuerdos redactados del remisero memorioso.
Centeno y buena parte de los empresarios que él nombraba en esos escritos fueron detenidos.
El juez Bonadio ordenó declaraciones indagatorias de los detenidos y muchos otros imputados por posibles delitos de corrupción K.
Entre ellas, la de la ex presidente y actual senadora Cristina Kirchner.
Según fuentes que conocen la trastienda de este caso, Cristina no solo podría estar involucrada por las narraciones de Centeno que redactó con letra clara cómo llevaba dinero a los departamentos de Recoleta de los K, y a la Quinta de Olivos. El remisero, además, dejó constancia de que fue testigo de una reunión en el 2015 en la que ella -siempre según la versión del chofer- le ordenó a asesores de De Vido que recauden dinero negro para la campaña electoral del Frente para la Victoria.
Centeno no solo siguió trabajando hasta ayer para Baratta. El vínculo con su jefe terminó siendo de amistad.
Baratta ya había pasado varios meses en la prisión de Marcos Paz por las investigaciones de Bonadio.
En aquellos otros días de infortunio, Centeno lo visitó en ese complejo penitenciario.
La Justicia podría chequearlo pidiendo los registros del Servicio Penitenciario Federal. ■