Déficit o ajuste: dilema de hierro
El déficit fiscal y su solución (como tantas veces en la historia argentina) representan hoy día el principal desafío de la clase dirigente. Más allá de que el mismo resulta de gastar más de lo que se recauda, el déficit tiene raíces y consecuencias políticas/electorales. “Es el déficit,estúpido”, diría un asesor político. Si bien existe un consenso ciudadano sobre cómo gobernarse (democracia representativa), no parece haberlo sobre cómo lograr prosperidad, mínima pobreza e inclusión/equidad social, con equilibrio fiscal en una economía de mercado.
1. La génesis político/electoral del déficit. En la competencia electoral por el control del Estado, los candidatos prometen gastos sociales “progresistas” para lograr la victoria que les permita gobernar. Se promete la reducción de la pobreza, programas de inclusión y seguridad social, subsidios para salud, educación, transporte, energía y otros.
Promesas que rondan lo demagógico y “populista” si no se identifican los recursos para cubrir sus costos. Los nuevos gobernantes, para asegurar su popularidad y reelección, intentarán cumplir sus promesas, aunque ello signifique un déficit en las cuentas fiscales. Los beneficiados supuestamente serán los más necesitados, que en Argentina corresponden a un 25-30% de la población, porción significativa del electorado.
Si el déficit es abultado e incontenible (hoy más del 4% del PIB), es casi inevitable, a mediano plazo, una crisis financiera y económica, marcada, entre otros, por la alta inflación, la pérdida del valor adquisitivo del salario o de las transferencias y prestaciones sociales, la devaluación de la moneda, la corrida de divisas, la fuga de capitales, el estancamiento o recesión económica, el desempleo, el endeudamiento y hasta el cese de pagos de la deuda (default).
2. El déficit y sus consecuencias políticas/electorales. Como es de esperar, la inestabilidad económica genera inseguridad, insatisfacción e irritación en la ciudadanía, así como conflictividad social. Ello se expresa en una puja distributiva descarnada entre Gobierno, sindicalistas y empresarios: el Gobierno busca contener o disminuir sus gastos; los sindicalistas demandan aumentos salariales; los empresarios suben los precios y piden la baja de impuestos e intereses.
Se lo observa también en la calle, en las casi diarias protestas, piquetes, demostraciones, huelgas y violencia, así como en los medios, redes sociales y en las encuestas. El desgaste y la pérdida de capital políti- co/electoral del Gobierno son notorios. Su reelección se pone en dudas. En la historia reciente de la democracia argentina, el desenlace más dramático del desgaste y la desaprobación, como consecuencia de la incapacidad de contener el déficit fiscal, lo sufrieron los presidentes Alfonsín, Menem y de la Rúa. Acompaña este escenario la debilidad de las instituciones (partidos, poder judicial, legislativo) y/o la incapacidad de la clase política para consensuar políticas públicas que prevengan el déficit fiscal y sus perversas consecuencias. La corrupción (el cáncer de la política argentina) lo complementa.
3. ¿La alternativa: el indeseado ajuste? Tras la reciente turbulencia social y política (mayo 2018), causada por la alta y persistente inflación, la fuerte devaluación y la corrida del dólar, el presidente Macri finalmente expresó que “no se puede seguir gastando más de lo que se tiene” y que la “reducción del déficit, en forma contundente” (al 1,3% del PBI en 2019) es su objetivo principal. Y eso no tiene otro nombre que un ajuste en los gastos del Estado. En términos del gasto social (75% del presu- puesto), ello implica reducir o contener los subsidios a los servicios, las transferencias y prestaciones sociales, el seguro de desempleo y las jubilaciones; y congelar los salarios en educación, salud y seguridad.
Pero también significa contener o terminar el gasto “político”; esto es, frenar nuevas incorporaciones al sector público o nuevos contratos en instituciones y empresas del Estado (clientelismo político); congelar la obra pública y la emisión monetaria; rescindir las jubilaciones dobles y de privilegio, terminar con prebendas, coimas y sobreprecios en compras y contrataciones del estado (corrupción); controlar los subsidios a partidos políticos y los gastos en viajes, recepciones, publicidad, y otros.
Pero, como es de esperar, el ajuste también conlleva, a corto plazo, el aumento del desempleo, la disminución del consumo, una menor inversión privada (por los altos intereses), una mayor evasión tributaria y trabajo en negro, con el inevitable estancamiento o recesión económica y su costo político.
Ante la deteriorada situación económica, la ciudadanía responsabiliza al Gobierno: en julio sólo un 30-36% aprueba su gestión. Cunde la desilusión, la insatisfacción y el pesimismo. La oposición se envalentona y ve oportunidades electorales. El Gobierno, por su lado, espera que el ajuste genere, a mediano plazo, una baja considerable en la inflación, estabilidad cambiaria y confianza para atraer inversiones que reactiven la economía, el empleo y el consumo, con suficiente tiempo como para lograr una mayoría electoral que lo vuelva a elegir en las elecciones de noviembre de 2019. Allí el electorado podrá decidir qué prefiere: déficit fiscal o ajuste. ■