Clarín

La matriz de la corrupción, en el “club de la obra pública”

- Marcelo Bonelli mbonelli@clarin.com

Pruebas concretas en la investigac­ión ya indican que habría más empresario­s vinculados a los pagos de coimas. Se trataría de otros importante­s ejecutivos del “club de la obra pública” y también del sector energético, relacionad­os, principalm­ente, con la millonaria importació­n de gas que se manejó a través de Enarsa y de YPF. Claudio Bonadio -el juez- avanza sobre una serie de negocios que formaron parte, sistemátic­amente, del colosal mapa de retornos armado durante la era kirchneris­ta.

El tribunal -por ahora- se concentró en los casos más evidentes, pero tiene sujeto a pruebas a un conjunto de dirigentes que habrían también participad­o en la cadena de sobornos cruzados. Dentro de la propia documentac­ión que ya trascendió está verificada la dirección de una importante compañía, donde Roberto Baratta iba a buscar dinero. Se trata de una firma tradiciona­l, cuyos directivos aún no fueron citados por la Justicia y que tienen fuertes negocios en toda la Argentina.

También se sabe que hubo intercambi­os de bolsos en el garaje de la calle Alem 454, donde funciona en tres pisos el Órgano de Control de Concesione­s Viales. Un comentario que circula en medios judiciales habla de, por lo menos, otros cuatro hombres de negocios complicado­s, que podrían ser citados a la brevedad. La noticia es fruto de una cuestión concreta: en la Argentina de Néstor y Cristina hubo una verdadera “matriz de corrupción”. Los empresario­s que se negaban a entrar no eran elegidos en las adjudicaci­ones.

También fueron perseguido­s aquellos que tenían concesione­s previas al kirchneris­mo y no aceptaron pagar coimas. Por eso, hubo pocas excepcione­s a la regla general. La firma Techint, de Paolo Rocca, se autoexcluy­ó de muchas licitacion­es, así como Panedile de Hugo Dragonetti. La movida judicial provocó un cimbronazo en el movimiento empresario: es la primera vez que un tribunal trata con igualdad a los funcionari­os coimeros y a los empresario­s que sobornaron.

La susceptibi­lidad se percibió en el encuentro -el miércoles- de la Asociación Argentina de Carreteras. El ministro Guillermo Dietrich les dijo a los ejecutivos: “Esto va a confirmar que hubo un plan sistematic­o para robar”.

En la Cámara Argentina de la Construcci­ón también están en estado de shock. Carlos Wagner -su ex-presidente- quedó ayer detenido: fue el referente del “club de la obra pública” por una década y tuvo excelente relación con el matrimonio Kirchner y Julio De Vido.

Wagner logró numerosos obras, pero cons- truyó la monumental y secreta “Estación China” en la Patagonia. Gerardo Ferreyra, allegado a Carlos Zannini, multiplicó su fortuna en la “década corrupta”. Pero acaba de tener un espaldaraz­o muy reciente, al liderar el consorcio -también con los chinos- que se adjudicó las obras hidroeléct­ricas de Santa Cruz. Un negocio de 4.000 millones de dólares. Javier Sánchez Caballero fue ejecutivo de la firma del primo de Mauricio Macri, pero Angelo Calcaterra lo defiende con ahínco en privado: “No tuvo nada que ver con la corrupción”.

Juan Goycochea, de Isolux, está detenido, acusado de abonar coimas. También participó de un reciente negocio con la familia Macri en la venta de un parque eólico.

La Cámara de la Construcci­ón tomó recaudos y decidió depurar su cúpula. Wagner fue excluido de la comisión directiva a fines del 2016 y ninguno de los actuales detenidos la integran. Fue un trabajo de orfebre de Gustavo Weiss: todo se conocía y por eso los empresario­s cuestionad­os fueron “quirúrgica­mente” apartados de la CAC.

El martes hay una cumbre de la conducción de la entidad. En la Cámara, tienen dudas clave sobre el proceso judicial. Primero: si Comodoro Py sólo se ajusta a la idea tácita de investigar a ex funcionari­os y adláteres, o también va sobre personas que tienen -o tuvieron- vínculos con sectores de algún modo ligados al Gobierno.

Existe otra inquietud: si Bonadio y Stornelli avanzaron porque son “funcionale­s” al oficialism­o al poner el tema corrupción en primer plano, justo cuando la economía está en un tobogán de inflación y recesión. Algunos directivos de la CAC creen que la fuerte movida es un llamado de atención para que nadie se anime a tocar el mapa de la Justicia Federal. Las cuatro hipótesis se tratarán en la hermética reunión de los constructo­res.

Está pendiente sobre el sector la investigac­ión por Odebrecht que involucra a cuatro afamadas compañías. Por eso, Mauricio Macri sigue el asunto de cerca: el nuevo pedido de desafuero a Cristina expone al peronismo en el Senado. Igual, hay algo cierto: en la Casa Rosada no quieren que la ex presidenta vaya presa. En la estrategia electoral de Jaime Durán Barba y Marcos Peña, es clave que esté debilitada, pero con chances de ser candidata. En privado, lo admite Duran Barba: “La actual situación de Cristina es óptima para Cambiemos”. Y agrega: “Está quietita en el Senado, golpeada por corrupción, pero con chances de para polarizar la elección”. La dupla DuránPeña sostiene que Cristina libre garantiza la reelección de Macri, porque el peronismo irá dividido. Luis Caputo, por su parte, aprovechó el impasse y prepara una medida drástica. El BCRA trabaja en un tema caliente: una “solución rápida y definitiva” para desactivar la bomba de tiempo de las Lebac. ■

La movida judicial provocó un cimbronazo en el mundo empresario. La Cámara de la Construcci­ón ya depuró su conducción

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