Pedro Sánchez Presidente de España.
El gobierno aprobó un decreto ley que ahora debe ser aprobado en el Congreso. La familia expresó su rechazo.
Una medida controversial
Su gobierno, por decreto que ahora debe votar el Congreso, propuso que los restos del dictador Francisco Franco sean llevados del Valle de los Caídos, donde están las víctimas de la Guerra Civil, “a un lugar digno y respetuoso”. La tumba del Generalísimo, muerto en 1975, es cita obligada para los nostálgicos de su régimen (1938/73).
Más de cuatro décadas después de la muerte de Francisco Franco, el gobierno español dio ayer el primer paso para exhumar sus restos y sacarlos del Valle de los Caídos, el gran mausoleo que el dictador ordenó levantar al norte de Madrid tras la gue- rra civil española (1936-1939).
El consejo de ministros aprobó un decreto que modifica la ley de memoria histórica de 2007 para facilitar la exhumación y blindarla ante posibles demandas de la familia del dictador, que se opone al traslado de los restos.
“Es urgente hacerlo porque vamos tarde. Un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia consolidada como la española”, destacó la vicepresidenta del gobierno socialista, Carmen Calvo.
Ahora arranca el plazo máximo de 12 meses del decreto, que debe ser votado por la cámara baja del Parlamento durante septiembre. Los socialistas son minoritarios, aunque espe- ran tener la mayoría con el apoyo de la izquierda radical de Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes.
La modificación de la ley supone que a partir de ahora nadie podrá estar enterrado en el Valle de los Caídos si no murió en la guerra civil ni fue represaliado posteriormente. Franco falleció a los 82 años de muerte natural siendo el jefe del Estado.
La familia del dictador tendrá un plazo de 15 días para pronunciarse. Si no lo hace o decide no hacerse cargo del cuerpo, el Ejecutivo buscará un lugar “digno y respetuoso” para reubicarlo, explicó Calvo a la prensa.
Aunque todavía no hay fecha confirmada, se prevé que el procedimien- to administrativo esté concluido “antes de final de año”, señaló. El decreto ley aprobado hoy debe ser convalidado en un mes por el Congreso de los Diputados, para lo que basta una mayoría simple.
Con la exhumación y el traslado de los restos de Franco, el gobierno de Pedro Sánchez quiere también convertir el Valle de los Caídos, hasta ahora símbolo del franquismo y lugar de peregrinaje para los nostálgicos de la dictadura, en un lugar de homenaje para todas las víctimas de la guerra civil española. Se trata de una de las primeras promesas del socialista como jefe del gobierno, después de desbancar el pasado 1° de junio al con- servador Mariano Rajoy tras una histórica moción de censura.
Aunque su intención era sacar los restos del dictador del mausoleo lo antes posible -sugirió que se materializaría en junio- los obstáculos jurídicos y la oposición de la familia retrasaron el proceso.
Franco fue sepultado en el Valle de los Caídos, a unos 50 kilómetros de Madrid, en noviembre de 1975. Su muerte abrió la puerta a un proceso de transición a la democracia después de 36 años de dictadura.
Su tumba se encuentra desde entonces ubicada junto al altar principal de la basílica del imponente mausoleo, que fue concebido por el propio dictador para albergar los restos de los muertos en la guerra civil y levantado gracias al trabajo forzado de presos republicanos.
En el templo yacen también los cuerpos de unas 37.000 víctimas de la contienda -de ambos bandos-, muchos de ellos sin identificar. El monumento recibe visitas a diario y, desde que el gobierno anunció la exhumación de Franco, la cantidad de visitantes se ha duplicado.
La vicepresidenta del gobierno insistió ayer en el carácter urgente de la reubicación de los restos del dictador ante las críticas de la derecha española, que arremetió contra la utilización de un instrumento jurídico como el decreto ley, que exige una “extraordinaria y urgente necesidad”, según la Constitución española.
“Naciones Unidas lleva desde 2014 diciendo que no es sostenible tener la tumba del dictador junto a las víctimas (de la guerra civil)”, dijo. En este sentido, insistió en que el respeto a las 32.000 víctimas de la contienda que están enterradas en el Valle de los Caídos “no es posible estando allí los restos del dictador”.
La Fundación Francisco Franco advirtió al Ejecutivo que con la utilización de esta fórmula podría incurrir en un delito de prevaricación, según informó uno de los nietos del dictador, Francis Franco, en declaraciones al canal Antena 3. Y tildó además la decisión de Sánchez de “oportunista”, “cobarde” y “revanchista”.
La medida impulsada por el gobierno debería contar con el aval del monarca Felipe VI que, si lo hiciera, estaría contradiciendo una decisión de su padre, el rey Juan Carlos, quien pidió a los monjes benedictinos de la Basílica del Valle de los Caídos que enterraran a Franco ahí. ■