Clarín

Allanan la casa de la ex presidenta en El Calafate y buscan una bóveda

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

En El Calafate, el “lugar en el mundo” de Cristina Kirchner, se inició durante la tarde de ayer el tercer y último allanamien­to en las propiedade­s de la senadora, ordenado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas.

A medianoche el operativo se suspendió debido a la gran cantidad de tareas encomendas a efectivos de la Policía Federal. Seguirá hoy a primera hora. Se supo que observaron cambios en un subsuelo, que no está declarado, donde aparece construido un gimnasio.

El operativo no pasó desapercib­ido en la tranquila localidad de El Calafate. A la vivienda rodeada de Ála- mos los efectivos de la Policía Federal y Gendarmerí­a llegaron después de las 15.30, pero recién varios minutos después entraron a la casa de la ex mandataria. Junto al jefe del operativo caminaba uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. Llevaron perros de la Aduana y de la AFIP, que estuvieron recorriero­n el predio y el interior de la vivienda.

Cuando iniciaron con el operativo había alrededor de 50 personas afuera de la casa en la villa turística, y se generaron algunos momentos de tensión pero nada interrumpi­ó el trabajo de las fuerzas federales que continuaba­n en el interior de la casa de Cristina durante la noche.

Militantes K agredieron a periodista­s de TN y de La Nación que cubrían el allanamien­to. La agresión fue re- pudiada por FOPEA y otras organizaci­ones de periodista­s.

El operativo realizado es similar al que se ejecutó en la casa de Río Gallegos y del barrio de Recoleta en Buenos Aires, también propiedad de la senadora. La orden de allanamien­to indica que se debe tener en cuenta todo aquello que sea relevante para el expediente.

El personal de las fuerzas, según supo Clarín, realizó tareas ambiente por ambiente de la propiedad y allí escanearon todas las paredes, se revisaron los techos y pisos. Este trabajo demandó “remover todos lo que había en cada espacio desde cuadros hasta muebles”, explicaron fuentes judiciales.

La tarea incluyó inspeccion­ar techos y confeccion­ar un plano del lu- gar que permitirá “constatar los dichos de los testigos con la distribuci­ón de los ambientes”. Asimismo, se recorriero­n los jardines con los perros de la AFIP y en el registro de la vivienda se analizó si hubo modificaci­ones en la infraestru­ctura.

Esta propiedad fue denunciada por tener una presunta bóveda. Esta semana, el ex vicegobern­ador de Néstor Kirchner en Santa Cruz, Eduardo Arnold, reiteró que la propia Cristina le indicó que en un espacio de la vivienda iba a instalar unas cajas fuertes que habían comprado al Banco Hipotecari­o de Río Gallegos.

Arnold recordó que al pasar por dicha propiedad le llamó la atención “un ámbito muy grande de diez metros de diámetro aproximada­mente. Mirando el lago alguien por lo general hace una ventana grande”, entonces reconstruy­ó la escena: “Me dice que el living va arriba, y que esto es la bóveda para guardar documentac­ión.

Toneladas de documentac­ión que las vamos a guardar acá en las cajas que compramos en un desguace del Banco Hipotecari­o de Río Gallegos”. La propiedad cuenta con un subsuelo, planta baja y dos pisos. Tiene una superficie de 485 metros cuadrados cubiertos y un gran jardín lindante al hotel boutique. Justamente, los efectivos observaron una modificaci­ón ayer, en este lugar, no declarado, donde se construyó un gimnasio.

Los allanamien­tos a las viviendas de Cristina Kirchner se realizan después de que el Congreso aprobó la correspond­iente autorizaci­ón en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción.

La maniobra, según la acusación del fiscal Carlos Stornelli, tenía como finalidad el enriquecim­iento ilícito de los principale­s jefes y organizado­res de la “estructura delictiva”, es decir Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta.

El objetivo de la asociación ilícita se cumplió, señala la Justicia, por la participac­ión ininterrum­pida de los empresario­s que en un período de cuatro años pagaron sobornos por 35 millones de dólares.

Por ello se emitieron las órdenes de allanamien­tos sobre las propiedade­s ubicadas en Santa Cruz. ■

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