Báez se declaró “chivo expiatorio” en una causa por evasión fiscal
Con un escrito en el que se define como un “chivo expiatorio” y víctima de una “persecución judicial”, Lázaro Báez se negó a declarar ante la Justicia federal de Bahía Blanca, que lo acusa de ser jefe u organizador de una asociación ilícita fiscal junto a otras 13 personas, sobre la base de la circulación de facturas apócrifas.
Tampoco se inmutó cuando se le leyeron los alcances de la ley 27.304 conocida como “del arrepentido”. El ofrecimiento llegó sobre el cierre de la diligencia realizada esta mañana en la sede de Alsina 317 y de la que el empresario amigo de los Kirchner participó a través de una videoconferencia desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza donde está preso.
Vestido de jogging, tranquilo y acompañado por el abogado Franco Bini, Báez siguió durante poco más de media hora la lectura de la acusación, fundada en las inspecciones realizadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos y seguidas por la justicia sobre los vínculos entre Austral Construcciones y una decena de firmas bahienses. Entre ellas figuran Grupo Penta y Cía, Calvento S.A. y Terrafari, del grupo Ficcadenti, Constructora Patagónica Argentina S. A., Vialinvert S. A. y Ferreyra Constructora Vial, del grupo Ferreyra e Iberoamericana de Servicios S.A., del grupo Pedraza, entre otras.
Algunas de esas empresas, si bien se encontraban registradas ante AFIP, no mostraban actividad económica real, ni capacidad económica ni financiera, como para facturar en la magnitud y diversidad de servicios supuestamente prestados a la constructora emblema de Báez.
“La maniobra habitual de todas las empresas indicadas consistía en que una de las empresas (ejemplo Austral Construcciones, la destinataria final de la cadena de proveedores falsos), contrataba a otra (ejemplo Constructora Patagónica S.A.) que a su vez subcontrataba los bienes de uso y el personal que otra de las empresas vinculadas decía tener (por ejemplo Calvento y Grupo Penta y Cia) para “realizar” la obra o “prestar” el servicio que supuestamente pretendía la primera” describe la acusación.
En la práctica, los servicios -remarcados con sobreprecios-, no se llevaban a cabo. Para aparentar legalidad, se imprimían facturas apócrifas que les permitía a los sucesivos acreedores hacerse de crédito fiscal para evadir. El daño patrimonial al Estado por esas maniobras fue estimado en 673 millones de pesos, sólo por la evasión de IVA y Ganancias.
La abogada local Rosela Correa fue la encargada de entregar al juez federal Walter López Da Silva, en nombre de Báez, el escrito en el que se dice perseguido “sólo por ser amigo de Néstor Kirchner”. En esta misma causa 10451 del año 2014, pasado mañana deberá declarar su hijo Martín, propietario del 5% restante de Austral Construcciones. A partir del martes 28 será el turno de Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti, responsables de las firmas Grupo Penta S.A., Calvento S.A. y Terrafari.
Del 3 al 6 de setiembre declararán Silvio, Antonio, Denis Ariel y Jorge Ferreyra, titulares de Constructora Patagónica Argentina SA. ■