La Justicia brasileña suspende los derechos políticos al candidato favorito en San Pablo
Joao Doria fue alcalde de la ciudad y ahora va por la gobernación. Fue condenado pero aún puede apelar.
La justicia brasileña está provocando una tormenta entre los postulantes brasileños a los distintos cargos electorales. Ayer, la magistrada de primera instancia Carolina Martins Cardoso, de San Pablo, condenó al ex intendente de la ciudad y actual postulante a la gobernación del estado, Joao Doria, por “desvirtuar la finalidad de la propaganda oficial”. Esa irregularidad mereció una sentencia a la pérdida de todos sus derechos políticos por cuatro años, lo que virtualmente pondría en tela de juicio la candidatura como gobernador de San Pablo.
No deja de ser sorprendente esa decisión judicial, que atañe a un político del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB). Procede de una causa judicial entablada contra el ex alcalde por usar con fines electorales una publicidad referida a la capital paulistana. Se refiere a la distribución de carteles donde Doria aparece con su figura al lado del mensaje: “SP (San Pablo) Ciudad Linda”. El ex alcalde usó esa marca en un partido de fútbol entre la selección de Brasil y la de Uruguay en marzo de 2017 en el estadio Centenario de Montevideo. Además, fue transmitida a través de las redes sociales.
Por el momento, el ex intendente podrá continuar con su candidatura a la gobernación, en la que figura como el aspirante con mayor intención de voto. La jueza entiende que “hay una prueba cabal de que hubo dispendio de dineros públicos, por lo que cabe profundizar la investigación”.
La denuncia contra Doria, que a pesar de encabezar el ranking de los preferidos tiene un alto nivel de rechazo, fue presentada en febrero pasado, pero recién ahora tiene la primera resolución. Además de suspender sus derechos políticos, la sentencia establece una multa millonaria, para resarcir a los cofres públicos de los gastos efectuados “en forma ilegal”. Pa- ra la magistrada, las conductas de Doria “caracterizan un acto de improbidad administrativa”. Martins Cardoso argumentó que “el ex intendente tuvo como objetivo su promoción personal para obtener un rédito político a costa del erario”.
El otro caso conocido esta semana se refiere al presidenciable Jair Bolsonaro. Candidato del Partido Social Liberal, y ubicado en la extrema derecha, este legislador deberá ser juzgado en la Corte Suprema por el delito de discriminación e incitación al odio. La procuradora general Raquel Dodge lo denunció en abril pasado por racismo contra las comunidades indígenas, afrobrasileñas y refugiados. En una conferencia ofrecida en el Club Hebraica de Río de Janeiro, Bolsonaro dijo: “Tengan certeza que, si llego a la presidencia, no habrá dinero para ONGs; no habrá un centímetro de tierras demarcadas como reserva indígena o para los negros. Donde hay tierra indígena, hay riqueza debajo de ellas. Hay que cambiar eso”.
Peor aún fue su referencia a los afrodescendientes. De ellos dijo: “No hacen nada. No sirven ni para procrear”. ■