Una bomba nuclear sobre el gigantesco edificio de la corrupción impune

El histórico fallo de la Casación. Declara imprescriptibles los delitos de envergadura contra la administración pública.

Las herramientas estaban ahí, en la misma caja de la cual sólo salían apelaciones, pericias interminables, excusaciones, faltas de mérito y discretos sobreseimientos de medio mundo: guardada -casi escondida- en el artículo 36 de la Constitución, advertía que la corrupción también puede ser un "atentado contra el sistema democrático" cuya persecución judicial no debe tener plazos. Es decir que las coimas, el enriquecimiento ilícito, las negociaciones incompatibles con la función pública, las dádivas y todo el catálogo de delitos contra el Estado pueden ser investigados siempre: no importa si el plazo transcurrido desde que ocurrieron supera el lapso de la pena máxima contemplada para esa falta. Y otro de- talle clave: reformada por última vez en 1994, esa Constitución a la que hoy apeló la Cámara de Casación es previa a casi todos los casos de corrupción cuya impunidad enfurece a los argentinos. En un voto muy bien fundamentado, el juez Gustavo Hornos recordó que la lista de atentados contra la democracia que siempre deben ser perseguidos y juzgados incluye a “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”, tal como reza el quinto párrafo del artículo 36. La referencia a los delitos de corrupción es casi explícita; sin embargo hasta ahora sólo un tribunal había recogido ese guante tan evidente: en octubre de 2016, la sala II de la Cámara Federal de La Plata argumentó exactamente igual que Hornos y su colega Juan Carlos Gemignani -el primero en sostener este criterio en un fallo anterior de la Casación federal nacional- en una sentencia que rechazaba el pedi- do de prescripción de un reclamo vinculado a actos de corrupción en la época del corralito bancario. Aquel antecedente aislado llevaba la firma de otro juez ilustre: el recordado Leopoldo "Polo" Schiffrin. El fallo de este miércoles, sellado por el máximo tribunal del país debajo de la Corte Suprema tiene una trascendencia histórica: desde el punto de vista jurídico, abre la puerta a que todos los jueces federales del país retomen viejos y nuevos expedientes sin importar cuándo ocurrieron los hechos. Pero el mensaje político es mucho más contundente: la corrupción no debe ser tolerada, y los jueces deben juzgarla y condenarla sin entregarse a las excusas que hasta ahora llenan miles de fojas de causas que quedaron en la nada. Aunque será recurrido ante la Corte, el bombazo nuclear que Hornos y Gemignani arrojaron sobre la Justicia federal zanja una cuestión que la política no pudo -si es que de verdad quiso- solucionar: sólo se ocuparon seriamente del asunto Elisa Carrió -desde siemprey Sergio Massa, cuyo empuje logró que hace un año Diputados diera media sanción a un proyecto que declara imprescriptibles los delitos de corrupción. El Senado mantiene dormida aquella ley. Chapoteando en el escándalo de los cuadernos de Centeno, el mensaje de la Casación seguramente llegará con velocidad hasta los juzgados inferiores, cuyos titulares desde ahora podrían ser interpelados por fiscales y querellantes ansiosos por revisar cientos de causas. En este sentido, el alcance y la profundidad del fallo son imposibles de medir. Además de chocar con el reclamo de justicia que se refleja en las encuestas, quienes busquen objetar la nueva tesis deberán construir mejores argumentos de los que dijo Hornos: "No es posible incurrir en una percepción ingenua ni en una mirada sesgada de la real dimensión que tienen los graves hechos de corrupción cometidos contra el Estado, considerando que, y especialmente en las naciones en vías de desarrollo, la institucionalidad y el Estado de Derecho se encuentran en crisis por la gravedad de esos actos que se llevan a cabo tanto en el sistema político como en el sector privado." ■

El “mensaje” de Casación llegará rápido a los tribunales inferiores que tienen estas causas