Solidaridad con Venezuela, en su hora más difícil
La desoladora imagen que proyecta al mundo el éxodo cotidiano de miles de venezolanos empujados por la urgencia que imponen el miedo, el hambre y la inseguridad generados en tantos años de totalitarismo, nos conmueve a todos e interpela a la comunidad internacional.
Recientemente, casi dos millones de venezolanos han partido y sus fronteras, en especial la de Colombia, están atascadas por el creciente número de personas que se ven impelidas a escapar de su país. Este fenómeno migratorio ya se ha convertido en el mayor éxodo de la historia de Latinoamérica.
La larga agonía del régimen bolivariano se traduce en una escalada de represión sobre quienes disienten con la postura oficial, mientras la inexistente división de poderes del Estado se evidencia con la cooptación del Tribunal Supremo de Justicia, la destitución de la Fiscal General y el accionar autoritario de la Asamblea Nacional.
Maduro, que cuenta con un fuerte y decidido apoyo de las fuerzas armadas, ha intensificado los ataques a dirigentes y militantes opositores, violando las libertades públicas e individuales, sumando día a día nuevos presos políticos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió el cese inmediato de estas graves violaciones, en particular, las detenciones sistemáticas y el juzgamiento de manifestantes por tribunales militares.
La voluntad aislacionista del régimen de Maduro se ha acentuado: el país se retiró del sistema regional de DDHH, fue apartado del Mercosur y abandonará la OEA. Las gestiones de políticos y parlamentarios, los reclamos formulados en el mundo en- tero en ningún caso han sido atendidos. Naciones Unidas no ha podido intervenir en ámbitos sensibles como el humanitario, no obstante la urgencia de prestar asistencia a la población.
De allí la importancia de intensificar los esfuerzos de la comunidad internacional en todos sus niveles, abarcando a los organismos de derechos humanos de alcance universal, entre los que se incluye el Tribunal Penal Internacional que ha decido abrir una investigación preliminar contra Maduro por crímenes de lesa humanidad.
A idéntica conclusión arribó el Panel de Expertos independientes designados por el Secretario General de la OEA (entre los que figura el argentino Santiago Cantón) al considerar en su Informe definitivo que los crímenes de asesinato, encarcelación, tortura, persecución y desapariciones forzadas regis- trados en Venezuela encuadran en lo establecido en el art 7 de Estatuto de Roma.
Frente a medidas restrictivas de algunos países, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) recomienda a los Estados de la región el respeto pleno de los estándares mínimos de derecho internacional, como son la seguridad de una residencia legal, el acceso a los derechos básicos y la garantía de no devolución. En ese sentido, ACNUR apoyó la decisión del gobierno ecuatoriano de declarar el Estado de emergencia para atender a la migración venezolana en las provincias de frontera con Colombia y Perú.
La Argentina ha otorgado residencia a 70 mil venezolanos ingresados desde 2016 y, aunque Venezuela está apartada temporalmente del organismo, nuestro país les reconoce las mismas condiciones que a los ciudadanos del Mercosur. Según Migraciones el perfil medio del migrante venezolano es, en su mayoría, profesional, técnico o personas con estudios universitarios que, en general, se incorporan al empleo formal.
Es la primera vez que el flujo migratorio es de Venezuela hacia la Argentina. Hasta hoy este fue inverso. Por ejemplo, luego de la Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio de 1966, cuando la dictadura de Onganía violentó nuestras universidades y cientos de ilustres científicos y profesores despedidos tomaron el camino del exilio, muchos fueron acogidos en Venezuela. En los años ‘70, cuando el Cono Sur estaba dominado por dictaduras, Venezuela, México y países europeos dieron ejemplos de solidaridad internacional acogiendo a centenares de exiliados entre los que se encontraban los argentinos Rodolfo Terragno, Adolfo Gass, Manuel Sadosky.
El caso de Hipólito Solari Yrigoyen ilustra este comportamiento ya que fue el reclamo del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez el que permitió salvar su vida mientras se encontraba secuestrado junto a Mario Abel Amaya en un centro clandestino de detención y, más tarde, obtener su liberación y el otorgamiento de asilo político en aquel país.
Frente al vertiginoso desarrollo de la crisis venezolana, la Argentina debe mantener una activa presencia internacional, promover la adopción de medidas eficaces tendientes a lograr el restablecimiento de la democracia y, al mismo tiempo, fortalecer su política migratoria de apertura.
Se trata de un imperativo ético, apoyado en los principios de solidaridad y de nuestra tradición de asilo; es también una deuda de gratitud para con Venezuela, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. ■
Argentina debe promover la adopción de medidas tendientes al restablecimiento de la democracia venezolana.