La Cámara Federal ordenó indagar a Cristina por “la ruta del dinero K”
El juez Casanello había desoído cuatro consejos previos del tribunal al respecto. También lo pedían la UIF y la OA.
Con el voto de los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, y la disidencia de Leopoldo Bruglia, la Sala II de la Cámara federal porteña ordenó al juez Sebastián Casanello que llame a indagatoria a Cristina Kirchner en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, donde Lázaro Báez está acusado de haber lavado 60 millones de dólares. Según pudo saber Clarín, el magistrado fijaría fecha la próxima semana.
La decisión llegó tras reiterados pedidos de los querellantes Unidad de Información Financiera (UIF) y Oficina Anticorrupción (OA), y del fiscal Guillermo Marijuan. Tras el rechazo de Casanello -quien considera que no hay pruebas suficientes para la citación- lo que la Cámara también había aconsejado al juez cuatro veces ayer se convirtió en orden.
“La ruta del dinero K” es la causa donde Báez está procesado por lavado de activos y preso hace más de dos años. Se calcula que entre 2010 y 2013 hizo operaciones de blanqueos y exteriorización por unos 60 millones de dólares. Casanello avanzó mucho para probar esas maniobras, inclusive con datos provenientes de bancos suizos. Pero nunca vinculó a Cristina como parte de esos enjuagues.
Una de las premisas que ahora fundan la orden de la Sala II responde a la vinculación realizada judicialmente entre los expedientes donde se investiga a Lázaro Báez y a la ex Presidenta. En la causa por el direccionamiento de la obra pública, Cristina fue procesada como jefa de la asociación ilícita que favoreció con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos al Grupo Báez. Esto fue considerado el delito precedente de las operaciones de lavado de activos.
Además, se indicó que una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio de la familia Kirchner a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (causa Hotesur) y los contratos de locación con Los Sauces SA (inmobiliaria de la ex Presidenta). En ambos expedientes se investigó lavado, con ingresos para la ex familiar presidencial por más de 50 millones de pesos entre 2009 y 2015.
En su voto, el juez Irurzun señaló que: “en todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activoshay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández”. El juez recordó que según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques (que investigaron la defraudación en obra pública y las causas por lavado de dinero), “ello se explica por la relación de “prestanombre” del primero con la segunda, porque dado el grado de exposición de quien entonces detentaba la primera magistratura del país el dinero o los bienes no podían quedar registrados a su nombre”.
Estas maniobras, resaltó Irurzun, “habrían determinado que el enorme patrimonio de Lázaro Báez resultara muy superior al que proporcionalmente le correspondió a Cristina Fernández y su familia a través de los mencionados contratos de locación”. Irurzun sostuvo que a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades “una porción de ese dinero atravesó el camino inverso desde las cuentas de Austral Construcciones S.A. en favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández”. Y dijo que dicha modalidad de traspaso “no permitió incluir una cantidad mayor sin llamar la atención porque la condición de funcionaria de Cristina Fernández obligaba a hacer declaraciones juradas públicas sobre sus bienes”.
Por eso, según el camarista “la lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández. Y ello tiene todo que ver con los cargos que aquí pesan sobre ella. Afirmar lo contrario, a esta altura, contraría a las pruebas y a una valoración razonable de aquellas, por vía del sentido común”. El juez Llorens coincidió con el razonamiento.