Una conexión evidente que el juez siempre insistió en soslayar
El 14 de abril de 2013, Jorge Lanata presentó en canal 13 los detalles de una gigantesca operación de lavado de dinero encabezada por Lázaro Báez con la colaboración, entre otros, del entonces mediático financista Leonardo Fariña y otro ignoto joven, Federico Elaskar, quienes confesa- ban cómo el súbito empresario de la construcción santacruceño había sacado del país unos 60 millones de dólares vía Panamá y Suiza.
El escándalo alumbró una causa judicial, que quedó en manos del joven juez Sebastián Casanello: un hombre de la justicia con indiscutida honestidad económica e indisimulables lazos con el kirchnerismo, vía el ex secretario de Justicia Julián Alvarez. En el primer tramo del expediente, dos fiscales adictos a la ex procura- dora Alejandra Gils Carbó, Carlos Gonella y Alejandro Orsi -hoy procesados- intentaron desde la Procelac circunscribir el caso a las travesuras de Elaskar y Fariña, dejando afuera a Báez. Su colega Guillermo Marijuan rechazó ese dictamen y lo reemplazó por uno propio mucho más duro y con el empresario en el lugar central.
La causa se mantuvo en estado vegetativo, con las habituales medidas que Comodoro Py multiplica para no ir hacia ninguna parte, hasta que otra vez canal 13 acabó con la molicie: un nuevo video mostraba a un hijo de Báez junto al contador de su padre y ortos amigotes, contando cinco millones de dólares en la financiera “la Rosadita”. Fue el 15 de marzo de 2016. Cristina ya no estaba en el poder.
Sin margen para excusas o dilaciones, Casanello detuvo a Báez veinte días después. Y ahí sigue, en la cárcel de Ezeiza. Desde entonces, el juez investigó a conciencia para reconstruir el camino de aquellos 60 millones de dólares, pidió datos a Suiza y se los dieron, allanó cuevas y se llevó carpetas y probó vínculos del constructor con el financista Ernesto Clarens, por ejemplo. Todo muy bien atado, y así lo elevó a juicio oral. Si sólo se analizara aquella foto, su desempeño sería irreprochable. Pero no.
El avance de otros expedientes de- mostró que Báez obtenía contratos con sobreprecios para obras que muchas veces no terminaba o ni siquiera comenzaba, que ganaba más licitaciones que las que técnicamente podía realizar aunque nadie se lo objetara, que cobraba antes que cualquier otro proveedor y que una parte de sus ganancias se las remitía a la familia Kirchner como parte de supuestos alquileres de cuartos de hotel o de departamentos, que no usaba.
El fiscal Marijuan imputó a Cristina como fuente del dinero que Báez lavaba el 9 de abril de 2016. Y el 15 de junio de 2017 pidió su indagatoria. Todos los querellantes en la causa hicieron lo mismo, y los superiores de Casanello en la Cámara Federal le sugirieron analizar esa citación cuatro veces. Pero el juez ya tenía su prolijo paquetito cerrado. Sin ella. ■