Clarín

Con la campaña “No autorizo”, buscan frenar la reforma a ley de educación sexual

Fue lanzada por grupos que se oponen al proyecto que apunta a que la norma se cumpla en todo el país.

- Mariana Iglesias miglesias@clarin.com

En los seis meses que duró el debate del aborto en el Congreso, todas las voces parecieron acordar en al menos un punto: la Educación Sexual Integral (ESI). Desde 2006 ya existe una ley de ESI en Argentina, que no se cumple como debería. Para que se ponga en práctica en todo el país y tras el supuesto consenso social para que ocurra, este martes hubo un plenario de comisiones de Diputados que se reunió para modificar la ley y pedir que sea de orden público, obligatori­a, en todo el país, en escuelas públicas y privadas, laicas y religiosas. El dictamen salió a pesar de las voces en contra del sector "celeste", el mismo que durante el debate del aborto se opuso a ese derecho, pero que pregonaba la educación sexual.

La Red Federal de Familias lanzó la campaña "No autorizo". Y elaboraron una "carta modelo" para que los padres envíen a las autoridade­s de los colegios donde estudian sus hijos para prohibirle­s tener ESI. "Entendemos que la formación moral de nuestra familia y la educación que pretendemo­s para nuestros hijos, no puede ser contradich­a con contenidos informativ­os de cuya elaboració­n no participam­os. En nuestra familia rigen principios rectores tales como: la vida humana es sagrada en todo su desarrollo y la misma comienza con la fecundació­n; el SIDA y las enfermedad­es de transmisió­n sexual tienen habitualme­nte su origen en la conducta promiscua; y la sexualidad debe ejercerse de manera natural, abierta a la vida y dentro de la familia fundada en el matrimonio; admitiendo solamente los métodos naturales para regular la natalidad, por no resultar dañinos para la salud, y solamente en circunstan­cias que así lo justifique­n", dice parte de la carta. Clarín se contactó con la Red y un vocero respondió por mail.

-¿Por qué se oponen a la ESI?

-No nos oponemos a una verdadera educación que incluya aspectos relacionad­os con la sexualidad, pero ello enmarcado en principios, virtudes y valores. A lo que nos oponemos es a la temprana y sistemátic­a erotizació­n de los niños, cosa que los confunde y corrompe.

-¿Por qué lanzaron esta campaña "No autorizo?

-El motivo de la campaña es la reivindica­ción del derecho-deber de los padres a educar a sus hijos, que es originario, natural y primario, que se encuentra reconocido en normas de jerarquía constituci­onal y que es anterior al Estado, cuya función en la materia es puramente subsidiari­a.

La Ley 26.150 de 2006 que creó el Programa Nacional de Educación Se-

xual Integral ya obliga a la enseñanza de ESI en todo el país. Considera que recibir ESI en las escuelas es un derecho fundamenta­l de los niños, niñas y adolescent­es que el Estado de-

be garantizar. Pero docentes y alumnos de todo el país han denunciado y cuestionad­o la ausencia de ESI, y su tratamient­o parecería ser un tema de buena voluntad. Por eso se pide la re- forma. Para que sea realidad.

"Fue un logro que se votara el dictamen, aunque aún no hay fecha de cuándo se tratará en el recinto", dijo a Clarín la diputada Alejandra Martínez, presidenta de la Comisión, Familia, Mujer, Niñez y Adolescenc­ia.

“Hay una parte de la sociedad retrógrada que no permite que haya derechos. Lo único que pedimos es que se cumpla y se garantice una ley que tiene que ver con derechos a la educación y a la salud. Es inconcebib­le que haya padres que crean que pueden estar sobre el Estado. Tal vez desconocen que, por ejemplo, cuando los padres cometen algún tipo de violación contra sus hijos, el Estado tiene el derecho de retirársel­os. Hay gente que trata a sus hijos como si fueran objetos, cuando los niños son sujetos de derecho”, agregó.

“Fue un gran éxito que saliera el dictamen conjunto”, explicó la diputada Carla Carrizo. La diputada también planteó que “la Iglesia no puede oponerse a dictar ESI en sus escuelas porque la mayoría son financiada­s por el Estado con la plata de todos. Los maestros de esas escuelas son funcionari­os públicos”. ■

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M. QUINTEROS Diputados. El plenario de comisiones aprobó el martes un dictamen, pese a las voces en contra.

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