Carlos Wagner, el organizador del cartel de la obra pública K
El empresario Carlos Wagner, dueño de la constructora Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, tiene un complejo frente judicial vinculado a obras obtenidas durante el Gobierno Kirchnerista.
Wagner ya había tejido una relación personal con Julio De Vido cuando fue ministro de Néstor Kirchner en la gobernación de la provincia de Santa Cruz. Incluso, fue socio de Lázaro Báez en varios contratos públicos y un giro de una de sus empresas con base en Uruguay hizo un giro a través de Helvetic Services Group, la empresa que compró la financiera SGI llamada “La Rosadita” que era propiedad del ex financista Federico Elaskar, quien está doblemente pro- cesado por el juez Casanello.
El primer juez en procesarlo fue Sebastián Casanello quien lo encontró responsable del delito de administración fraudulenta por una obra otorgada a través de AySa y en la que intervino Odebrecht, el gigante brasileño que admitió haber pagado sobornos en Argentina para obtener contratos. Desde entonces, Wagner tiene prohibición de salida del país y se le trabó un embargo de $ 500 millones.
Como presidente de la Cámara de la construcción fue señalado en su momento por haber sido designado gracias a una modificación en los requisitos que se necesitaban para acceder a dicha posición. Todo fue respaldado por el entonces presidente Néstor Kirchner.
Desde ese momento su constructora que era una pequeña empresa familiar, comenzó a contar con mayor envergadura. Así, terminó recibiendo casi 7.000 millones de pesos en obras durante la gestión anterior.
El titular de Esuco fue el responsable de explicar cómo Julio De Vido bajaba directivas a la Cámara que él pre- sidió y se autodefinió como un gestor del sistema instaurado alrededor de la obra pública: es decir, qué empresas se sentaban en la mesa, y quiénes podían ofertar.
Era, en otras palabras, el encargado de que funcionara la cartelización de la obra pública.
Las obras se la repartían entre las grandes empresas y dejaban a las chicas sin contratos. Incluso, amenazó a los dueños de las pequeñas para que se retiraran de “licitaciones” que el gobierno K le había dado a él.
Todo concluía con el pago a los ex funcionarios del 20% del total del monto de obra y porcentajes similares se los anticipos de obras y certificaciones que se iban liberando. ■