Clarín

Eliminar la corrupción, una cuestión de sentido común

- Pablo Bereciartú­a

Secretario de Infraestru­ctura y Política Hídrica de la Nación

La corrupción es la enfermedad por excelencia del subdesarro­llo y en la Argentina la padecemos hace años. No sólo impide el crecimient­o económico sostenido, sino que genera inequidad, y es causa de la pobreza estructura­l. Se trata de una problemáti­ca que involucra tanto al sector público, al privado y a la sociedad civil. Si queremos alguna vez llegar a transforma­r el atraso en desarrollo, el principal desafío que tenemos hacia el futuro es revertir la cultura de la corrupción. Y no hace falta magia, hace falta sentido común.

¿Qué necesitamo­s los argentinos para poder revertirla? Necesitamo­s un cambio cultural. Y para cambiar esta cultura debemos tener la voluntad política de cumplir la ley, de fomentar el funcionami­ento de las institucio­nes de forma transparen­te y eficiente, y de permitir que rija la división republican­a de poderes de gobierno. También debemos utilizar las posibilida­des que ofrece la tecnología para lograr más transparen­cia en los procesos de inversión pública.

La corrupción es costosa. Un reciente estudio del Banco Interameri­cano de Desarrollo (BID) sobre el costo de la corrupción muestra que Argentina es uno de los países de mayor ineficienc­ia en el gasto público, con una cifra que ronda entre un 10% y un 30%, versus el costo en la Unión Europea de entre un 7% y un 25%. Más aún, nuestra experienci­a reciente muestra que incluso con “tasas chinas” de crecimient­o económico en la primera década de este siglo, igual generamos pobreza estructura­l record. Una década perdida en términos de pobreza.

Sabemos que mayor transparen­cia, menos subsidios y más cumplimien­to de los planes de inversión, significan menor corrupción, y en esa línea venimos trabajando.

La aplicación de algunas simples medidas de sentido común que tomamos en los últimos dos años y medio de gestión muestra que se puede disminuir la corrupción, con ahorros significat­ivos en la inversión pública, logrando acceder a nuevas formas de financiami­ento privado competitiv­o, mejorando los resultados de los proyectos de inversión, al cumplir plazos y montos, o simplement­e garantizan­do la ejecución de proyectos de calidad.

Logramos, como ejemplo, algo histórico con la empresa AYSA, cómo fué obtener financiami­ento competitiv­o en el mercado europeo por 500 millones de dólares sobre una oferta firme de 2.1 billones de dólares a comienzos de este año 2018, para aumentar la inversión en el gran déficit de infraestru­ctura social en el AMBA y sin impacto en el déficit del país.

Desde la Secretaría de Infraestru­ctura y Política Hídrica, dentro del Ministerio del Interior, venimos implementa­ndo cambios en todo el país en los procesos de selección y contrataci­ón de proyectos para volverlos más transparen­tes. Se trata de la publicació­n de pliegos gratuitos y disponible­s online en todo el país. Además del registro de obras públicas de la provincia respectiva y también dar validez al registro nacional, para ampliar las posibilida­des de competenci­a. Por último, la revisión de los requisitos en las licitacion­es para evitar barreras arbitraria­s, técnicas, económicas o financiera­s.

Hay un cambio cultural en marcha que nos pone frente a una disyuntiva de fondo. El dilema es elegir entre los desafíos pero también las oportunida­des del desarrollo, frente al espejismo de la corrupción y el subdesarro­llo. ■

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