Aborto no punible: afirman que en la Ciudad sigue igual pese a un fallo restrictivo

Lo aseguran desde el Gobierno porteño. Es tras una sentencia que plantea aplicar el límite de la semana 12.

Tras dos años de silencio, el Tribunal Superior de Justicia porteño sacó un fallo que pone límites a la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad. Si quedara firme, esta práctica tendría requisitos más restrictivos que los planteados por el Código Penal de 1921 y que van en contra del Fallo FAL de la Corte Suprema de 2012. La sorpresiva sentencia de los jueces porteños se da en un contexto en el que el aborto legal fue rechazado por los senadores, y en una avanzada de grupos que ahora también se oponen a la Educación Sexual Integral en las escuelas y que se practiquen las interrupciones legales de los embarazos. Días atrás un grupo irrumpió en el Hospital Rivadavia para oponerse a este derecho que pedía una mujer.

Ante las críticas de asociaciones de la sociedad civil, desde el Ministerio de Salud porteño confirmaron que el fallo, por ahora, no cambia nada. “Es algo procesal que seguirá su curso en la Justicia, y mientras tanto no nos obliga a cambiar”, dijo a Clarín Gabriel Battistella, subsecretario de Atención Primaria del Ministerio.

En 2012 el ministro de Salud Jorge Lemus había firmado una resolución que planteaba un protocolo restrictivo: una mujer violada no podía interrumpir su embarazo más allá de la semana 12, en los centros de salud tenía que haber un comité interdisciplinario para avaluar y autorizar abortos, y las mayores de 14 años necesitaban autorización de sus padres.

Entonces, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y la legisladora María Rachid presentaron una medida cautelar, que les dio la razón y declaró inconstitucional el veto. En 2016, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo dio marcha atrás y falló que debía restablecerse el protocolo de 2012. Gil Domínguez y Rachid volvieron a apelar. Se sumaron organizaciones civiles: Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Equipo Latinoamericano Justicia y Género (ELA), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (REDI).

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia acaba de dictar una sentencia mediante la cual rechazó el recurso de inconstitucionalidad. Los jueces Luis Francisco Lozano, José Osvaldo Casás y Ana María Conde sostienen que los recursos de inconstitucionalidad estuvieron mal dados en primera instancia: “La forma en que votamos no implica pronunciarnos sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del protocolo de asistencia médica... sino tan solo destacar que la ausencia de adecuada fundamentación de los recursos a estudio inhibe a este Tribunal de adentrarse en el tratamiento de las cuestiones propuestas”. La jueza Alicia Ruiz, en minoría, votó la inconstitucionalidad del protocolo y el veto y reafirmó el valor de la Constitución y los tratados de derechos humanos.

“Es la vigencia de un protocolo que es violatorio de la Constitución, de los tratados de derechos humanos y lo dispuesto por la Corte Suprema de justicia en el fallo FAL. Es un argumento tremendamente patriarcal y misógino y fuera de todo contexto jurídico y constitucional”, dice Gil Domínguez, quien junto a Rachid van a interponer un recurso extraordinario para que intervenga la Corte.

“En caso de quedar firme, la decisión del TSJ representaría un retroceso para las políticas públicas de salud de la ciudad, afectando a niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar”, dice un comunicado de ELA.

“Se trata de un retroceso en la forma en que el Poder Judicial comprende el tema. Después de un año de debates públicos sobre la mejor forma de implementar las prácticas de las interrupciones legales o voluntarias del embarazo, asegurar el acceso a derechos vigentes y respetar los tratados internacionales suscriptos, el TSJ evita pronunciarse sobre la constitucionalidad de los obstáculos que contiene el protocolo porque no tiene ante sí un caso en particular”, agrega otro comunicado del CELS.

“Exigimos al Ministerio de Salud de la Ciudad y al jefe de Gobierno Rodríguez Larreta que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud y convoque a quienes garantizamos el acceso a derechos a un diálogo maduro y político para avanzar en la garantía de la salud integral y digna para todas las personas que acudan al sistema de salud”, escribieron desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

Así, el caso llegaría a la Corte Suprema. Aunque abogados consultados por Clarín dicen que hay otra opción: una nueva resolución del Ministerio de Salud porteño, que podría plantear otro protocolo o adherir al de Nación, como pidió la Corte. ■