Alquileres: retocarán el proyecto, tras el reclamo de las inmobiliarias

Habría cambios en las comisiones y no sería obligatorio el registro en la AFIP. Deberá definirse en el recinto.

El proyecto de ley de alquileres que ya cuenta con dictamen en Diputados sigue generando fuertes disputas. Atento a las quejas del sector privado (inmobiliarias, escribanos, desarrolladores y propietarios) se organizó ayer una reunión en la Secretaría de Vivienda, donde el oficialismo aceptó avanzar en algunos cambios.

Estuvieron el titular del organismo, Ivan Kerr y el del Instituto de la Vivienda porteño, Juan Maquieyra, además del diputado Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, donde se debatió el proyecto. Por el sector privado fueron Lorenzo Pepe (Martilleros), Alejandro Bennazar ( Inmobiliarias) Claudio Caputo (Escribanos) y José Rozados (Reporte Inmobiliario).

Allí, los representantes del Gobierno aceptaron incorporar al debate parlamentario parte de los reclamos, en tanto otros no tendrían cabida en el texto final. En verdad, el proyecto original fue gestado en el Senado por la oposición y sufrió modificaciones en la Cámara baja que obligan a que el proyecto vuelva a la Cámara alta tras la media sanción.

Hubo avances en algunos temas y en otros no se lograron acercar posiciones, según pudo saber este diario.

Qué se aceptó incorporar:

• Que el propietario se reserve el dere- cho de exigir garantías reales al posible inquilino. El proyecto decía que con recibos de sueldo y algún seguro de caución alcanzaba.

• Que los corredores inmobiliarios puedan cobrar comisiones si quien requiere el servicio de búsqueda de un inmueble es el inquilino.

• Que no se fijen topes a la comisión que se cobre al propietario.

• Reducir el monto mensual a partir del cual los contratos quedarán exceptuados de ajustarse. En el dictamen figura un tope de 3.000 UVAs al mes ($ 82.590 al valor de ayer) para los alquileres de vivienda. Se bajaría a $ 30.000. Los contratos con valores mensuales superiores podrían acordarse según usos y costumbres.

• Que no sea obligatorio registrar el contrato ante la AFIP.

Los reclamos que no tuvieron mucha recepción:

• La duración de los contratos. Se mantendrá que se lleve el plazo mínimo a tres años desde los dos años actuales. Es un requerimiento muy criticado por las inmobiliarias, como lo reflejó este diario el último domingo. Los que se oponen a un contrato más largo argumentan que encarece el alquiler, incrementa la inseguridad jurídica y puede derivar en una menor oferta de propiedades.

• Se mantendrá el ajuste por el promedio del índice de salarios e IPC como señala el proyecto. Los privados pidieron que se adoptara la UVA. En verdad, el oficialismo estaría dispuesto a aceptar la UVA, pero esa opción ya fue rechazada por los bloques opositores, tanto en el Senado como en Diputados.

• Los privados volvieron a reclamar que se establezca una normativa más ágil a la hora de cursar los juicios por desalojo. Todos coincidieron en que sería un gran paso para darle más seguridad jurídica a estos contratos. Pero no se avizoran novedades en este tema.

A modo de resumen, en la Secretaría de Vivienda señalaron que se logró construir un borrador que baje las barreras de acceso al locatario, dándole seguridad jurídica al locador y reconociendo los derechos de los corredores inmobiliarios en el cobro de honorarios por los servicios prestados a los propietarios, y a los inquilinos en el caso que se lo encarguen.

Ante el apoyo general de ambas partes a las mejoras propuestas articulo por articulo, se logró construir un borrador que baje las barreras de acceso al locatario, dándole seguridad jurídica al locador y reconociendo los derechos de los corredores inmobiliarios en el cobro de honorarios por los servicios prestados a los propietarios, y a los inquilinos en el caso que se lo encarguen. Los cambios deberán ser aceptados por la oposición en el recinto. ■

Según el borrador podrá exigirse garantía real, pero el plazo mínimo se mantendrá en 3 años.