Intervenir por Nicaragua y Venezuela
Ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Parlamentario del Mercosur
Hace unos días, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea debatieron el tema de Venezuela en particular y el de Nicaragua en general. Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, dijo que se estudiará la viabilidad de sentar más diálogo, aunque advirtió que eso no implica suavizar la postura de la Comunidad Europea ni renunciar a la política de sanciones, ni derogar las ya existentes. Y terminó diciendo que teme que a la ausencia de un proceso político, las tensiones puedan empeorar. ¿Cuál es el cuadro de situación?
La República Argentina defendió a la República de Venezuela, sentando una doctrina que se universalizó: “Drago” (contra el cobro compulsivo de la deuda externa por la vía de las cañoneras) hace más de un siglo. Nos une con Nicaragua la memoria del gran poeta Rubén Darío, que residió en Buenos Aires y nos brindó placer y orgullo.
Aquellos países, en la actualidad, sus gobiernos, ya se han mutado en verdaderos regímenes de facto. No hay “Estado de Derecho”. Hay “ley de la selva”.
No sólo son ahora inconstitucionales, minoritarios y fraudulentos sino que por su ilegitimidad de ejercicio se han convertido en algo más grave que un sistema autoritario: la perpetuación en el poder.
Tampoco quedan en el margen de una dictadura: pues desde hace tiempo son lisa y llanamente tiranías (sic), repletas de persecuciones y con numerosos presos políticos.
Son un verdadero “despotismo no ilustrado”; que se extiende mientras que la impavidez de otros pueblos hermanos no reac- ciona ante la fuerza fáctica y hegemónica de los desplantes de dos regímenes que no reconocen límites. Cunde el pánico en todos los ámbitos y ambientes de la vida nacional.
La represión es la normatividad vigente, a cargo de sicarios que proceden “cueste lo que cueste y caiga quien caiga”. Ej.: los parapoliciales de Ortega y los esbirros de Chávez y su sucesor Maduro.
Hace falta ahora y ya, que se decida por el sistema interamericano una acción colectiva como la concretada en 1965, conformada por naciones del continente; y así se restablezcan la paz y la calidad de vida.
Son pueblos, el venezolano y el nicara- güense, que requieren una acción humanitaria, por la constante violación y pisoteo de sus Derechos Humanos, en el más vasto sentido y alcance de sus contenidos. El carenciamiento está generalizado: ¡una devastación! ¿Qué se proponen? La inanición a causa de la miseria o que se produzca la implosión por agotamiento de sus regímenes corruptos y despiadados.
Ahora bien: yo afirmo que de los Presidentes y Jefes de Estado de las Naciones componentes de la región y del continente sobran ya las declaraciones y proclamas que censuran y condenan el totalitarismo reinante a cargo de un puñado de autócratas desmedidos. Lo que hace falta no son más manifestaciones retóricas contra ese estado de cosas, sino que ahora se justifican las acciones concretas y efectivas que apoyen a pueblos que están padeciendo un “estado de necesidad” y de violencia, con suplicios y privaciones en su calidad de vida y en la mismísima sobrevivencia y supervivencia.
El sistema interamericano cuenta con la OEA y con la Carta de Lima, que pueden quedarse allí como “letra muerta” y sin operatividad en situaciones que son ya mucho más que vicisitudes, habida cuenta que se trata ante el mundo libre de actuar (!) con realista apreciación de este colapso institucional; y hacerlo con energía y -sobre todo- con efectividad en los resultados de un accionar que no debe postergarse por más tiempo. Estamos pues ante una grave cuestión de Derecho Internacional Público Universal y Humanitario.
En caso contrario y de no adoptarse iniciativas con la “energía jurisdiccional” que compete en el caso, se abriría una instancia de mayores riesgos y daños que podrían propagarse a otros países, tras el oculto o simulado estímulo que alienten los cómplices de regímenes que se complacen en renegar de la esforzada conquista del Estado democrático, republicano, social y de justicia, que es propio de la era constitucional, en pro del Derecho político y representativo, con plena libertad y amplias garantías y seguridades: la seguridad personal, la seguridad social, la seguridad jurídica y la seguridad cultural, entre otras protecciones del bienestar. ¡Qué así sea, para que no se repita en otros países hermanos! ■
Es hora de que los países de la región y organizaciones ayuden a estos pueblos en crisis.