Jackie Smith y la tormenta de miedo
Una cartera Jackie Smith, una tormenta de miedo y una mujer más que muerta. Así podría resumirse el caso más escandaloso de coimas que se haya visto en la historia judicial reciente, protagonizado por un juez que no sólo habría convertido su despacho en un mercado que ofrecía resoluciones a medida sino que incluso habría hecho delivery en las cárceles para asegurar una satisfacción garantizada.
De un lado del mostrador, Martín Ordoqui, el ex chofer de Aníbal Fernández que llegó a juez del máximo organismo penal de la Provincia, el Tribunal de Casación Penal.
Del otro lado, Juan Ariel Cristian Heine, un estafador de carrera asombrosa.
En el medio, ella. La amante de las Jackie Smith.
La historia pública de Juan Ariel Cristian Heine comenzó en 1998, cuando aún no había cumplido 30 años. En febrero de ese año, entró en una Ford Ranchero a una estancia de Brandsen acompañado por su hermano mellizo y por una apropiada cantidad de encapuchados. Dominaron a los dueños, los ataron y les robaron todo, desde el dinero que guardaban hasta las monturas de los caballos. Fue ese, según diría la Policía, el vigésimo robo de una serie que llevaba ya casi dos meses.
Alguien los marcó y Heine cayó preso con los suyos en su propio territorio: San Vicente. Los procesaron y los condenaron a penas que, como en el caso del protagonista de esta historia, llegaron a los siete años de prisión.
Heine fue a parar al penal de Olmos, desde donde lo intentó todo para salir. Logró incluso que su causa llegara a la Corte, con el argumento de que era imposible que lo hubieran identificado porque usaba capucha. Le respondieron que, en tres horas de terror, las víctimas habían tenido tiempo de conocerlo. Lo soltaron a mediados de los 2000, aunque ya más sofisticado: se convirtió, por la fuerza, en terrateniente.
Su siguiente causa judicial tuvo que ver con usurpaciones. Integrada por barras y matapolicías, su banda se movía por San Vicente en busca de campos y casas apetecibles para ocupar con el argumento de las armas, tuvieran o no dueño. Una vez usurpada la propiedad, Heine la ponía a la venta en una inmobiliaria que tenía en San Vicente o en alguna otra de Canning. Sus movimientos eran conocidos por todos pero denunciados por nadie, quizá debido a la convincente carta de presentación que utilizaba: aseguraba que era guardaespaldas del entonces intendente Daniel Di Sabatino (2007-2015, Frente para la Victoria) y se lo solía ver en actos proselitistas, en una camioneta que no se le despegaba.
En mayo de 2012, sin embargo, las usurpaciones en San Vicente llegaron a niveles de escándalo y la Justicia de La Plata ordenó la detención de Heine. La gente del intendente Di Sabatino negó cualquier vínculo con él. También con el sorprendente aunque discreto episodio que siguió al arresto: el 14 de septiembre de aquel año, cuando alguno miraba para otro lado, Heine limó los barrotes de una celda de la comisaría de San Miguel del Monte y recuperó la libertad. Los 16 presos que compartían su encierro nunca se explicaron por qué el hueco sólo se abrió para él.
No fue muy lejos. Aún con captura nacional e internacional, Heine regresó a los bienes raíces: montó una inmobiliaria en Adrogué para volver a la venta de propiedades usurpadas. En diciembre de 2013, acorralado por nuevas denuncias, cayó preso otra vez. El negocio, sin embargo, ya había alcanzado la adultez. Y nada, ni la cárcel, lo interrumpiría.
La investigación que manejan la fiscal Karina Guyot y el juez Martín Rizzo, de Cañuelas, señala que Heine y su actual pareja, Lidia Perna, habrían montado un negocio millonario sobre tierras usurpadas: el de venderlas como si fueran parte de un futuro barrio privado. Con ayuda de una escribana, y se sospecha que con gente aún más poderosa atrás, alambraban terrenos robados y los loteaban.
La prensa de San Vicente los denomina “barrios privados truchos”. Hablan allí de “El Legado”, donde habría 390 familias estafadas, y de “Fronteras”, con una cantidad similar. Los engaños empezaron a conocerse, por ejemplo, cuando los flamantes compradores fueron a intentar habilitar servicios y les respondieron que estaban en tierras públicas. O cuando les ordenaron que reabrieran calles que habían sido cerradas por los vendedores.
Lo curioso es que el negocio siguió avanzando aún con Heine preso. Quizá porque él tenía la seguridad de que su libertad estaba a unos pesos de distancia.
Los que lo separaban del juez de Casación Penal Martín Ordoqui. Y de la amante de las carteras Jackie Smith.
A mediados de los 90, Ordoqui era abogado de la Municipalidad de Quilmes. Así le tocó intervenir en dos situaciones, una incomprobable y la otra no tanto: la primera fue haber sido, según versiones no demostradas, quien condujo el Peugeot 504 en cuyo baúl el entonces intendente Aníbal Fernández siempre negó haber escapado de la sede comunal cuando lo buscaban para arrestarlo; la segunda fue haber actuado como defensor del mismo personaje en aquella causa judicial. A partir de ahí, su carrera dio un salto: se convirtió en juez de un tribunal quilmeño y, en 2012, en juez de Casación.
Allí, por ejemplo, en 2016 firmó la absolu- ción de Carlos Carrascosa. Pero también, de forma más reciente, habría vendido la prisión domiciliaria para un delincuente que integraba la megabanda del ex juez César Melazo. Eso le valió un escándalo, una suspensión por 90 días en su cargo y un pedido de juicio político que esta semana dio sus primeros pasos.
Lo que no se sabía hasta hoy es que la Justicia sospecha que su despacho en Casación sería desde hace años un mercado donde se compraban y vendían resoluciones judiciales a medida. No sólo eso: el propio Ordoqui habría asesorado a los clientes sobre la forma en que sus abogados tenían que presentar los pedidos que él luego concedía, habría llegado a corregir los escritos y hasta habría señalado con qué estudios jurídicos realizarlos. Algunos, famosos.
Los servicios estaban garantizados. Si los beneficios no dependían de su propio voto, el juez se aseguraba de influenciar a otros magistrados para que los concedieran.
El caso de Juan Ariel Cristian Heine, el vendedor de barrios privados truchos, terminó por delatarlo. Como habría hecho con la banda del ex juez Melazo, Ordoqui tenía un intermediario llamado Enrique Petrullo que articulaba las negociaciones con los abogados.
Todo lo hacían por Whatsapp o por Telegram. Pero Petrullo nunca activó el borrado de chats y, en su teléfono, se hallaron conversaciones con Ordoqui donde le pasa números de causas y le pregunta cómo actuar. O le manda fotos de los escritos para que los corrija. Los “trabajos prácticos”, les decían.
“Hoy lunes, me podrás revisar el trabajo práctico del ‘aviador’?”, le pregunta. “Kike, to- davía estoy en Chile”, le responde el juez. En un diálogo, Petrullo lo consulta por un colega suyo, el juez Carlos Natiello. “Mmm, depende para qué”, le contesta. El operador le señala un caso particular y la respuesta es “Ok, sale”.
A veces le pregunta por la situación de causas radicadas en otros tribunales. Y le “requiere su influencia” en causas vinculadas con el ex gobernador Daniel Scioli. A su vez, el juez le cuenta cómo habría mandado a intimidar a personas, por motivos que sólo ellos conocen. “Le mandé a la gorda una tormenta de miedo... A través de un conocido de ella. Le dije que está más que muerta”, le escribe Ordoqui a Petrullo el 3 de septiembre de 2016.
A principios de este año, ambos habrían empezado a hablar la forma de liberar a Heine, el usurpador de tierras. La prisión domiciliaria se la habían negado, por mil razones, todos los magistrados previos. Pero, según escuchas telefónicas, Petrullo fue asesorando a su mujer, Lidia Perna, para que la tramitara ante Ordoqui.
El primer camino ofrecido por el juez en los chats fue una dirección de mail: eugelarubia2006@yahoo.com.ar, el correo de la jefa de despacho interina de la Sala V del Tribunal de Casación, la funcionaria de más íntima confianza de Ordoqui. La amante de las carteras Jackie Smith: María Eugenia Mercado.
Según los empleados de Casación, Lidia Perna empezó a aparecer por allí cada vez más seguido. “Entre ocho y diez veces”, señalaron. Siempre iba a ver a María Eugenia Mercado o al propio juez. En las escuchas quedaría reflejado el por qué: Heine presentó el pedido de prisión domiciliaria y Ordoqui se la concedió el 1° de marzo de este año, pero el fiscal Carlos Altuve apeló y todo se les complicó.
Esto puso muy nervioso a Heine. Tal vez por eso, “entre abril y junio” según declaró el chofer oficial de Martín Ordoqui, el juez le pidió que lo llevara hasta la Unidad Penitenciaria N° 9 -donde estaba preso el usurpadora compañado por su pareja, Lidia Perna, y por María Eugenia Mercado. La visita no quedó anotada en ningún registro oficial.
El 16 de junio de 2018, por fin, Heine salió caminando por la puerta principal de ese penal gracias a la prisión domiciliaria otorgada por Ordoqui. Ninguno de ellos sospechó que toda la negociación había sido monitoreada por los magistrados de Cañuelas, que notificaron a la Suprema Corte y generaron la formación de una causa penal que hoy conducen la fiscal Bettina Lacki y la jueza Marcela Garmendia.
El último lunes, la jueza le ordenó a la División Delitos Violentos de la Policía Federal que detuviera al usurpador Heine; a su pareja, Lidia Perna; a Enrique Petrullo -ya preso por la causa Melazo- y a la funcionaria María Eugenia Mercado. Aclaró que no pudo hacer lo mismo con Ordoqui por sus fueros.
Heine y Perna cayeron. A María Eugenia Mercado -sobrina de otro juez de Casación, Fernando “Pipi” Mancini- le allanaron la casa para detenerla y para secuestrar un objeto que, según sus compañeros de Tribunal, la mujer del usurpador le había regalado en su despacho: una cartera Jackie Smith.
Pero Mercado no estaba. Una familiar dijo a los policías que se encontraba en la casa de Ordoqui que, por sus fueros, es inviolable como una embajada. La funcionaria presentó un pedido de eximición de prisión y está libre.
Los investigadores creen que tiene con ella la Jackie Smith que buscan, aunque en su casa hallaron otra. También se preguntan qué regalo habría obtenido Ordoqui a cambio de otorgarle la domiciliaria al usurpador.
Y quién es la mujer “más que muerta” a la que le envió “una tormenta de miedo”.w
El juez Martín Ordoqui está complicado en una escandalosa trama de coimas para favorecer a un estafador