Código Penal: el Gobierno defendió las reformas y negó un “endurecimiento”
Los ministros Bullrich, Stanley y Finocchiaro dijeron que lo que se busca es sólo el cumplimiento de la ley.
Tres ministros defendieron ayer las propuestas incluidas en la reforma del Código Penal para limitar los cortes de calles y el reingreso al país de extranjeros expulsados. Los funcionarios negaron un endurecimiento en las políticas de seguridad y migratoria: hablaron del “cumplimiento” de la ley y “garantías” en las normas de convivencia.
En la Casa Rosada y la jefatura por- teña venían advirtiendo por el aumento de las protestas. A fin de mes será la cumbre del G20 y luego llegará diciembre, un mes siempre delicado y más con la actual situación económica crítica y el inicio de la campaña electoral. El Gobierno enviará el proyecto en las próximas semanas al Senado y el oficialismo buscará iniciar el debate, que llevará varios meses.
“Nuestro gobierno no va por el endurecimiento sino por el cumplimiento de la ley. Y la Constitución es la ley suprema de la República, entonces hay que llegar a ese equilibrio. No endurecemos, pero queremos que se aplique la ley y que todos puedan disfrutar de sus libertades”, dijo Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, en una rueda de prensa luego de la reunión de Gabinete en la Casa Rosada, junto con su par Carolina Stanley.
“Lo importante es separar dos temas. Por un lado lo que tiene que ver con el trabajo de asistencia social a todas aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y nosotros como Estado acompañamos de manera directa a cada una de esas personas”, aseguró la titular de Salud y Desarrollo Social, y así remarcó la llegada de la asistencia sin intermediarios, en momentos de discusión por el rol de las organizaciones sociales.
“Separado de lo que tiene que ver con situaciones más extorsivas como los cortes de calle y ni hablar de las delictivas como arrojar piedras o generar instancias como las que vimos cuando se discutió el Presupuesto en Diputados”, agregó Stanley.
Como publicó Clarín este lunes, el proyecto propone aumentar la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización. Con esa redacción el corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado.
A su vez, el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida “el ejercicio de derechos personalísimos” y la ur- gencia del reclamo, entre otros puntos.
El nuevo Código, además, incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial. Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años; de acuerdo con la normativa vigente no es delito. Referentes de la oposición lo tomaron con cautela e integrantes de las organizaciones sociales expresaron fuertes cuestionamientos.
“Es un proyecto de reforma del Código que lo que hace es darle ciertas garantías a los ciudadanos en el marco de los cortes de calle o las manifestaciones permitiendo que los ciudadanos puedan tener ciertas previsibilidades, que no se corte el transporte público, que las organizaciones tengan una cierta responsabilidad respecto a dónde hacerlo, cómo hacerlo...", planteó Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- a radio Mitre.
"Está en el Código Penal que va a presentar el Gobierno en poco tiempo y para nosotros es un avance importante en el modelo de convivencia. Queremos tener una sociedad con menos nivel de intrusión callejera permanente”, dijo la funcionaria, que también habló de la iniciativa sobre los extranjeros: "Cuando un inmigrante ha sido echado porque cometió un delito en Argentina o intentó entrar de manera ilegal y si es reincidente, no va a tener más la posibilidad de entrar. Nosotros tenemos una gran frontera, hay que poner ciertas condiciones para aquellos que son reincidentes".
Finocchiaro también se refirió a la cumbre del G20 -será del jueves 29 al domingo 2 de diciembre- cuando una parte de la Ciudad estará sitiada por un operativo con más de 20.000 efectivos. “Argentina recibe a 20 dignatarios de las economías más importantes del mundo, la ciudadanía que sepa que esos días va a haber un operativo muy importante de las fuerzas de seguridad”, adelantó el ministro. ■
El proyecto incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentos falsos.