Toman muestras de ADN para armar un registro de violadores
Le realizan hisopados a condenados presos y otros que ya están en libertad. Buscan resolver casos impunes.
El camino de la ley tiene la carga de lo injusto. Fue la impotencia y la bronca frente a la muerte de tres mujeres lo que le dio el impulso real. El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual empezó a gestarse en el dolor de Isabel Yaconis, la mamá de Lucila (16), asesinada en abril de 2003. En 2011 el proyecto para su creación tuvo media sanción de diputados pero fue recién en 2013, tras el crimen de Ángeles Rawson (16), que se convirtió en ley. La reglamentación llegó cuatro años después cuando otro abusador mató a Micaela García (21) en Gualeguay.
Ahora -a cinco años de sanción de la ley y a casi dos de su reglamentación- lentamente empiezan a tomar muestras en penales federales para que el ADN de personas condenadas por delitos sexuales figure en una base de datos y contribuya a resolver casos de todo el país.
El objetivo de la creación del banco de datos, informalmente llamado registro de violadores, es centralizar la información genética de personas con condena firme por delitos contra la integridad sexual establecidos en los artículos 119 y 120 del código penal.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, hay alrededor de 22 mil condenados cuyo ADN es factibles de ser incorporado a este registro. Para hacerlo deben ser sometidos a un hisopado que se analiza en laboratorios certificados y que, tras orden de los juzgados y por voluntad de jueces y fiscales, debe ser incorporado a esta base de datos.
Tal como lo establece la reglamentación de la ley, lo harán con condenados desde 2007 a esta parte, estén o no detenidos. En las causas nuevas, a medida que las sentencias queden firmes, los jueces tendrán cinco días hábiles para ordenar que se tome la muestra y se derive esa información al banco. En esta primera etapa la mayor parte de los procedimientos se concentra en las cárceles.
“Hemos analizado el universo de condenados, que son 21.511. Identificamos por jurisdicción dónde están y enviamos notas a los jueces para que ordenen el análisis para ser incorporados al registro. Hay 5.374 personas en condiciones de que se les tome la muestra. Para 3.031 ya se enviaron las notificaciones a los juzgados y resta que ellos ordenen el procedimiento”, explicaron en la dirección del registro.
Para los especialistas consultados por Clarín, se trata de una “herramienta” que contribuye a la identificación de sospechosos, pero destacan la necesidad “de abordar los casos en la justicia con perspectiva de género y de la infancia”. Virginia Berlinerblau, médica especialista en psiquiatría infanto juvenil y medicina legal, opinó: “La iniciativa me parece muy buena. Hacer ADN es caro pero más caro es dejar impunes sueltos”.
Además, explicó que “es bajo el porcentaje de casos en los que los abusadores dejan rastros genéticos”. Y agregó: “En la minoría de los casos de abuso sexual en los que hay rastro. Las víctimas, sobre todo los niños, denuncian o hablan después de pasado el tiempo”.
El proceso de recolección de los ADN tras es lento. En un mes lograron tomar sólo 4 muestras en los penales del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza y dos de condenados que están libres. Al cierre de esta edición, había otras 45 muestras en proceso en los penales de Marcos Paz, Esquel, Viedma, Ezeiza, Senillosa, Santa Rosa, General Roca y una en el Centro de Enfermedades Infecciosas.
Según cifras oficiales, el 40% de los condenados que deberían ser sometidos al hisopado no están presos. Deberán ser citados a penales o laboratorios, según lo disponga la Justicia. Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, Córdoba y Jujuy tienen registros provinciales que deberán articular con la base de datos nacional. Esos códigos genéticos se comparan a través de un software creado por el FBI llamado Combined DNA Index System (CoDIS, por su siglas en inglés).
Además de los condenados, al registro se deben sumar los ADN de casos sin resolver. Hace un mes el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, “recomendó” a los fiscales que tengan perfiles genéticos de “autores ignorados” (es decir de abusadores que hayan dejado rastros de ADN en sus víctimas o en escenas del crimen pero que la Justicia aún no haya logrado encontrar a quién pertenece) a que también integren esos datos al registro nacional.
Los laboratorios, a partir de ahora, pueden enviar esa información para que se unifique. Al momento sólo lo hicieron con 15 sospechosos. Una de las primeras llegó del Juzgado Criminal y Correccional N° 15, a cargo de Karina Zucconi. Ese juzgado es el que investiga el crimen de Lucila Yaconis. La adolescente fue asfixiada en el cruce de las vías del Ferrocarril Mitre y la calle Vilela, a una cuadra de su casa de Núñez. Su asesino quiso violarla y dejó rastros de ADN en su cuerpo. Pasaron 15 años y más de 50 cotejos que dieron negativo. Nunca descubrieron quién fue. “Que haya un banco de datos genéticos fue la lucha y el anhelo de que quede algo después de lo que pasó con Lucila. Es una forma de tenerla todos los días y, de alguna manera, cercar a los que tanto daño hacen”, le explicó Isabel a Clarín.