Sobre las instituciones confesionales y los derechos civiles

La recuperación de la democracia en 1983 y, con ella ,la ampliación de derechos ,estuvo acompañada por resistencias y oposiciones desde distintos flancos. Los militares con sus reiteradas amenazas al poder constitucional del presidente Raúl Alfonsín. Y la Iglesia con sus admoniciones sobre la destrucción de la Familia por la aprobación del divorcio vincular y la “amenazante” liberalización de las costumbres que acompañaron la apertura democrática. Dejemos para otro momento el papel de la CGT.

Pero todo se transforma. Las leyes, las instituciones y, aunque más lentamente, también las prácticas, las convenciones y las personas. En estos años de democracia, con momentos más frágiles e inestables que otros, además del divorcio vincular, hemos conquistado el matrimonio igualitario, la identidad de género, la media sanción de Diputados para la legalización del aborto, las políticas de prevención del embarazo no intencional, la educación sexual integral, entre otras.

Las cuestiones que hacen a la vida privada corresponden al ámbito de la conciencia y cada uno actúa en función de sus convicciones o creencias. Las personas pueden decidir casarse, divorciarse, convivir sin papeles, bautizarse o no, embarazarse o no, enviar a sus hijos a escuelas confesionales o laicas, hablar en el espacio familiar de sexualidad, violencia, adicciones o no hacerlo. Son libertades individuales que el Artículo 19 de la Constitución Nacional sanciona y que el Estado debe garantizar.

El problema comienza cuando las decisiones que corresponden al ámbito de la vida privada se interpretan como cuestiones de política pública y con argumentos religiosos o apelaciones a esencias intangibles como Familia, Mujer, Madre, se intenta obstaculizar la sanción de leyes y las políticas que derivan de ellas.

No hay “una esencia”, salvo en los perfumes. En 1920, la escuela le enseñaba a los niños y niñas que “las mujeres debemos quedarnos en nuestras casas a zurcir medias, a remendar ropa, barrer y cocinar, mientras que los hombres se ocupen de la política y de las leyes”. Y en 1938 seguía machacando cabecitas: “… la misión de la mujer es consolar y animar a los que la rodean, proteger a los desgraciados y tornar bella y encantadora la vida y hacer luego, de los hijos que le depare el destino, hombres sanos y buenos que contribuyan al progreso y el bienestar de la humanidad” (Mirta Lobato).

Esas interpretaciones ya perdieron el tren de la historia. Y cuando caducan las representacio- nes “esenciales” se modifica el universo de derechos y las relaciones de poder. Porque el poder es una relación social móvil. Esto pasa entre mujeres y hombres, entre padres, madres e hijos, entre trabajadores y patrones, entre dirigentes y dirigidos, entre representantes y representados…

A pesar de las resistencias ultramontanas, en estos treinta y cinco años de democracia la Argentina ha hecho avances sustantivos en los derechos civiles. Hay cuestiones que han entrado en la agenda pública y en los ámbitos privados que nunca más volverán a perder su lugar.

La demanda por la legalización del aborto, el rechazo a la violencia de género, el derecho al propio cuerpo, la educación sexual, se han incorporado en el universo social de adolescentes jóvenes adultos y viejos. Porque efectivamente las “esencias” se desvanecen en el aire.

Hay familias, mujeres, madres, hay pluralidad, diversidad y, también reconozcamos, una profunda desigualdad en el acceso a esos derechos que el Estado debe garantizar con acciones positivas. Estado y religión tienen competencias distintas. Cada persona puede elegir qué creer y con qué dogmas vivir. En las políticas públicas de salud y educación las instituciones confesionales deberían hacer mutis por el foro. ■