El militante de la CTEP murió por un balazo en la espalda
La Justicia investiga si se usó un arma policial o de confección "tumbera". Marcha de la agrupación de Grabois.
La Justicia investiga si fue en una pelea de grupos que querían ocupar tierras. Será clave el peritaje para saber si el arma era de un policía.
El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, confirmó que la muerte de Rodolfo Orellana, militante de la CTEP en La Matanza, durante un conflicto de toma de tierras, fue provocada por una bala que ingresó en su espalda.
Según el informe, el proyectil impactó a la altura del omóplato de Orellana (de 36 años) y salió por la cavidad nasal, con un trayecto ascendente. Así lo estableció la pericia preliminar, antes de la autopsia forense definitiva.
En un primer momento, a partir de la verificación de una especialista médica que atendió a Orellana, la herida en el omóplato resultaba compatible con la acción de un elemento punzante. Ese fue el informe que transmitió el jueves, pocos después del hecho, el Ministerio de Seguridad bonaerense.
Hasta allí, el deceso no tenía la presunción de un ataque de pistola, revolver u otra arma de similares características, aunque el responsable del CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Juan Grabois, atribuía a la Policía el disparo mortal. De hecho, ayer la agrupa- ción que lidera el dirigente social cercano al Papa marchó en el centro porteño contra las fuerzas de seguridad.
¿Quién disparó y cuál es el calibre?. Esa es una tarea compleja porque no fue hallado casquillo u otra evidencia en el lugar. Se perita si se utilizó un arma policial o “tumbera”.
¿Cómo se desarrollaron los hechos?. Una reconstrucción que tendrá que constatar el fiscal detalla que policías Polad, es decir con adicionales, llegaron al predio ubicado entre el Puente 12, el Río Matanza y la avenida Ricchieri, donde transcurría un conflicto violento entre unas 50 familias de nacionalidad boliviana y otro grupo conformado mayoritariamente por ciudadanos paraguayos. El cerco preventivo se organizó con personal sin armas reglamentarias, solo con postas de goma y otros disuasorios.
En medio de la polémica, Conte Grand aporta ahora el dato verificable: “La pericia preliminar determi- na el ingreso de un proyectil de arma de fuego por la zona del omóplato de la espalda y orificio de salida en la zona facial a la altura de la nariz, luego de penetrar el maxilar y la zona dentaria”. Y completó: "La primer medida que se tomó fue darle intervención a la Fiscalía Federal por las características del episodio. La Fiscalía había recibido información que podía haber episodios relacionados con hechos de violencia”.
En determinado momento trans- currió la agresión a Orellana. Existe un espacio sujeto a investigación con la llegada de dos patrulleros de seccionales cercanas. Se intenta determinar si esos efectivos, armados, arribaron durante el enfrentamiento o después. Estaría consignado a nivel oficial que fue con posterioridad a la muerte de Orellana, pero las testimoniales aportarán certeza.
Ayer habló el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. En conferencia de prensa, el funcionario de María Eugenia Vidal dijo que "si hay un mal proceder policial, serán sancionados". Y que el personal de Asuntos Internos ya está investigando el tema.
"La primera comunicación que nos ingresa a nosotros es por un enfrentamiento donde denuncian que había balas y heridos; recién ahí se ordenó la salida de la Policía", dijo el ministro Ritondo, quien manifestó que "también hay que investigar el primer llamado al 911".
En la causa interviene el fiscal Jorge Yametti, de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza. El jefe de los fiscales explicó también que el “predio jurisdiccionalmente estaba a cargo de la Justicia federal. Llegamos a este descenso en el marco de una situación de conflicto en el territorio (provincial)”.
El predio perteneció en su momento a una mujer de apellido Carballo, quien habría firmado contratos de cesión en beneficio de las familias ocupantes. También intervino el municipio de La Matanza, en la anterior gestión de Fernando Espinoza. Ese lío judicial se tramitó primero en Morón y después en los tribunales de San Martín.
De este complejo proceso judicial, surgió la orden de desalojo que determinaron los episodios de violencia de este jueves. El militante del CTEP habría recibido el impacto mientras permanecía agachado. La trazabilidad “ascendente” del proyectil establecería esa hipótesis. Los peritos deberán determinar a que distancia fue accionada el arma. ■