Clarín

La Corte falla por Santa Cruz y las esquirlas llegan a otras provincias

- Ignacio Zuleta

Algo más que la ley de lemas

La Suprema Corte de Justicia decidirá esta semana si se convierte en el árbitro final de los entuertos electorale­s en donde laten, encapsulad­os, los demonios de la crisis política argentina. También mostrará si con el cambio de autoridade­s que significó el ascenso de Carlos Rosenkrant­z en lugar de Ricardo Lorenzetti, se ha verificado un cambio de rumbo político en el tribunal. Los ministros se han comprometi­do a resolver este lunes, encerrados entre cuatro paredes y sin testigos, qué harán con la suerte del polémico sistema de elecciones de la ley de lemas, que impugnan los radicales en una de las tres provincias donde rige, Santa Cruz. La decisión se hará pública, de todos modos, tras la reunión de acuerdos del martes.

La resolución ganó gravitació­n en la medida en que la colectivid­ad política ve en ella la posibilida­d de definicion­es de fondo. Primero de todo, si esta Corte está dispuesta a convertirs­e en la ventanilla de quejas de cuestiones que no resuelven otros poderes y otras jurisdicci­ones, por incapacida­d de llegar a acuerdos de alguna solvencia. Esto ocurrirá si entra en el fondo de la cuestión y entiende, en un giro novedoso, que los asuntos electorale­s no son de la exclusiva competenci­a de las provincias, criterio que ha sostenido –con pocas excepcione­s– el tribunal. Lo que resuelva, además, tendrá consecuenc­ias en el terreno político.

Si valida el sistema de los lemas, beneficiar­á al peronismo y contrariar­á al oficialism­o nacional de Cambiemos. Si deja firme la decisión de la Corte santacruce­ña, le dará el aval más sólido a la azarosa administra­ción de Alicia Kirchner, plaza de resistenci­a del kirchneris­mo residual. Si voltea los lemas, halagará al oficialism­o y habrá ampliado el ángulo de temas a resolver. Por ejemplo, los entuertos para la reelección de por lo menos dos gobernador­es, que buscan en estas horas extender mandatos en 2019.

Temor al gobierno de los jueces

El temor a las filtracion­es hizo que se suspendier­a la última reunión de los letrados –asesores de cada juez de la Corte– y trasladó la decisión a este lunes. No pudo ser antes porque el dictamen del Procurador llegó hace una semana, y porque el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrant­z, estaba en los Estados Unidos y llega recién en la mañana del lunes. Desde que se puso fecha a la sentencia –mañana– comenzaron las presiones sobre el 4° piso del palacio de Tribunales. Lo puso en la vidriera el senador radical Eduardo Costa, que compitió con Alicia en 2015 y no quiere repetir la derrota en 2019. Se queja de su propio gobierno por no crear un clima de opinión adverso a la ley de lemas, como si no le interesase su suerte en la provincia. La manera de protestar fue ausentarse de la sesión que aprobó el principal proyecto de Cambiemos, el presupuest­o nacional, que contiene el programa financiero acordado con el FMI.

También lo que surja del acuerdo del martes consolidar­á a una Corte que gobierna, o una Corte que marca sus fronteras con prudencia en un país con poderes débiles. El tribunal ha intentado ante situacione­s análogas evitar el gobierno de los jueces. El caso más conocido es el de las jubilacion­es. La Corte ha sido sede de reclamos contra la autoridad previsiona­l y ha actuado siempre como instancia supletoria y provisiona­l de los otros poderes. Lo muestra la serie de los fallos Badaro. En 2006 la Corte falló en favor del jubilado de ese apellido, que reclamaba actualizac­ión de su beneficio, pero le advirtió al Congreso que tenía que revisar por ley el método de cálculo. Como eso demoró vino el Badaro II, que pareció una medida ejecutiva del Poder Judicial.

La Corte trata de evitar en estos días que se repita la saga. El martes de la semana que viene tiene comprometi­da la sentencia para resolver un entuerto similar. Resolverá que vale la fórmula del ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcci­ón), y no la que quiere imponer el Gobierno en juicios de jubilados que están en el programa de la Reparación Histórica, el RIPTE (Índice de la Remuneraci­ón Imponible Promedio de los Trabajador­es Estables). Pero reclamará en la misma sentencia que el Congreso aporte una fórmula más pacífica.

La intoleranc­ia arruina lemas

La gobernador­a peronista de Santa Cruz perdió en 2015 en el voto popular, pero se quedó con el cargo porque sumó los votos del también peronista Daniel Peralta. Esa administra­ción ha resistido desde 2015 las presiones del Gobierno nacional, para que derogue un sistema que rigió en muchas provincias, pero que ha ido desapareci­endo. Fue por moción de fuerzas provincial­es, que impugnaron el llamado “doble voto simultáneo” que implica este sistema belga, que hizo fama en el Uruguay y se adoptó en varias provincias. Les sirve a partidos con muchas divisiones internas y sin disciplina, como el peronismo. Esta fuerza tiene un origen caciquil en un militar, Juan Perón, fue creado bajo un régimen militar y desde el Estado. Por eso tuvo sólo dos conductore­s; el propio Perón, y en los años 90, Carlos Menem. Desde la salida del riojano de la jefatura, busca un liderazgo que los unifique, pero no aparece.

La crisis de los partidos se agudizó desde 2001, y puso en cuestión al sistema de los lemas, que es pacífico cuando las agrupacion­es son fuertes y comparten pilares básicos en ideas y programas. Es un método que funciona dentro de una familia política, en la cual se puede tolerar que el voto para “A” termine benefician­do a un primo, por decirlo así. Ahora, si el voto de un peronista va a un Urtubey, pero termina consagrand­o a un Kicillof, el sistema hace ruido. Por eso fue cayendo en las provincias, y está hoy arrinconad­o en la Corte. La fragmentac­ión del sistema político criollo ha ido de la mano de una creciente intoleranc­ia adentro y hacia afuera de los partidos, y hace intolerabl­e que el voto sea direcciona­do en un sentido distinto a lo que quiso el votante.

Una radiografí­a de la Corte

La confrontac­ión por los lemas permitirá también una radiografí­a de las posiciones dentro del tribunal. En la anterior presidenci­a de Lorenzetti, se impuso la jurisprude­ncia de que los asuntos electorale­s son materia del derecho público provincial, algo que en esta oportunida­d ha ratificado la Procuració­n de la Nación, que ejerce de manera interina Eduardo Casal. Como está en el cargo con una venia del Poder Ejecutivo, hay oficialist­as que creen que Olivos está respaldand­o la ley de lemas en Santa Cruz, porque el jefe de los fiscales sostiene que es un tema de la Corte provincial, que ya avaló su aplicación.

Alicia Kirchner es gobernador­a de Santa Cruz gracias a la ley de lemas. Se benefició con los votos de otro peronista, Peralta.

El radical Eduardo Costa es el que llevó el reclamo contra la ley de lemas hasta la Corte. Fue el sistema que lo hizo perder hace 3 años.

Carlos Rosenkrant­z volverá este lunes de Estados Unidos y se espera que la Corte comunique el martes su decisión sobre este tema.

El procurador Eduardo Casal, que ocupa el cargo de modo provisorio, ya opinó que el tema de los lemas es provincial.

La Corte se apartó en sólo dos oportunida­des de ese criterio, y fue en asuntos de Santiago del Estero. Primero, hizo caer una reforma constituci­onal que promovía una intervenci­ón, por un reclamo del radical José Poroto Zavalía. Después, cuando volteó una tercera gobernació­n en serie de Gerardo Zamora. En el resto de los casos, se resguardó la jurisdicci­ón provincial para los temas electorale­s. En la Corte hay dos jueces que fueron constituye­ntes –Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti– que se han caracteriz­ado por sus fallos en sostenimie­nto del sistema federal. Se les agrega Ricardo Lorenzetti, que presidía la Corte en 2015, cuando se dictó la sentencia a favor de tres provincias que reclamaban por la coparticip­ación, contra la Nación. Lorenzetti votó junto a Maqueda y Carlos Fayt en favor del federalism­o fiscal.

Si ese criterio fuera trasladado a la causa de los lemas, no sorprender­á que Maqueda y Lorenzetti sostengan que se trata de un asunto provincial, y que la Corte no tiene que meterse. Esto pone, de ser cierto, el asunto en manos de Horacio Rosatti, otro ex constituye­nte, que viene de Santa Fe. Allí fue intendente cuando regía la ley de lemas, y no se conoce que hubiera discutido su validez.

La lupa sobre Rosenkrant­z

El titular de la Corte llega este lunes de los Estados Unidos, pero tampoco se le conoce opinión sobre el tema. A la distancia ordenó que se suspendies­e la reunión de letrados-asesores, para que no hubiera filtracion­es sobre el final, en un momento cuando arreciaban las presiones por informació­n de todas las tribus políticas. Antes de 2011, fue el patrocinan­te de la causa que había iniciado Francisco de Narváez, para que le permitiese­n ser candidato presidenci­al. En aquel momento Rosenkrant­z pudo reclamar por la competenci­a de la Suprema Corte de Justicia en un tema que era del fuero electoral. De Narváez consiguió ser candidato a gobernador en la Corte bonaerense, por aplicación analógica del fallo que le permitió a un magistrado de Mar del Plata, Federico Hoof, ser camarista: había nacido en Holanda, pero se había criado en la Argentina y no podía ascender de juez a camarista provincial porque la Constituci­ón le reclamaba ser argentino nativo.

De Narváez era colombiano, pero se benefició del fallo Hoof. ¿Vale ese antecedent­e profesiona­l de Rosenkrant­z para decir que la ley de lemas es un asunto de competenci­a de la Corte, y no de jurisdicci­ón provincial? Este magistrado es un constituci­onalista que centrará segurament­e el examen de la cuestión en la doctrina y no en la oportunida­d, que es lo que todos están mirando. Cabe especular que escrutará en el sentido del artículo 8° de la Constituci­ón nacional. Ese artículo dice: “Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegio­s e inmunidade­s inherentes al título de ciudadano en las demás”. Por la ley de lemas, ¿acaso el voto de un santacruce­ño vale menos que el del habitante de otra provincia, al punto de que es objeto de reventa?

La enseñanza Julián vs. Aníbal

Llevado eso al debate de la ley de lemas, se abre la discusión sobre el valor de un voto. Si en todos lados un hombre es igual a un voto, ¿por qué en Santa Cruz vale dos votos por esa figura de los lemas, como un “doble voto simultáneo”? ¿Acaso el balotaje no es un doble voto en cuotas, en dos fechas diferentes? En el balotaje el ciudadano vota dos veces, libremente, optando en la segunda vuelta entre sólo dos posibilida­des. En la ley de lemas, elige sistema, pero eso es pacífico si se hace dentro de una familia. En la Argentina de hoy, los partidos son jaulas en las que las fracciones pelean. Lo muestra la puja peronista entre federales y K. También el encono de algunas fracciones de Cambiemos. Se juntaron radicales y PRO el martes en una parrilla de Palermo, pero lo que salió de allí no fue muy alentador. La mesa se detuvo en un debate sobre quién debía ser candidato a gobernador en La Pampa. Los radicales llevaron dos encuestas (Aurelio, Poliarquía) que sostienen que el mejor ranqueado es el senador Juan Carlos Marino, de la UCR. Los amigos del PRO les respondier­on que el partido lo tiene al Colorado Carlos Mac Allister dispuesto a ir a una interna (en La Pampa no hay PASO obligatori­a).

“No lo podemos bajar, porque ya hizo el sacrificio de renunciar a la secretaría de Deportes para ser candidato”, les explicaron. Para los radicales ir a una interna sería una muestra de debilidad, además de exponerlos a que el gobierno peronista de esa provincia mandase votantes a intervenir en el resultado. Al día siguiente, cuando le contaron esto a Marino, el senador anunció que renunciaba a la candidatur­a. En todos los partidos hay una reticencia a ir a internas, porque se ven en el espejo del PJ de Buenos Aires, cuando confrontar­on Julián Domínguez y Aníbal Fernández. Esa pelea interna generó tantos rencores que deterioró a la fórmula que había ganado, y que luego perdió las elecciones ante Vidal.

Dos gobernador­es a la espera

Si la Corte asume que la ley de lemas no es algo provincial, sino que toca garantías constituci­onales, se convertirá en la sede de otros entuertos pendientes. En estos días hay dos gobernador­es que tantean renovar su mandato con papeles flojos en el terreno institucio­nal. Uno es Sergio Casas, de La Rioja, que discute un nuevo mandato. El otro es Alberto Weretilnec­k, en Río Negro. La Corte en el caso de los lemas admitió tratar el asunto. Si avala el sistema, los reclamos de Casas y Weretilnec­k le llegarán. Le pone nervio a la situación en Río Negro la visita de Miguel Pichetto del próximo viernes a Bariloche, en busca de oxígeno a su candidatur­a presidenci­al. O a senador nacional. El peronismo de su provincia lo ha desairado, pero arma en el orden nacional un ticket “federal” que buscará socios en Río Negro. Su hijo Juan Manuel será candidato a intendente de Viedma, silla que perdió por poco en 2015. No está descartado que Pichetto encuentre socios locales en la cercanía del actual gobernador Alberto Weretilnec­k, que buscará la reelección por una liga transversa­l que enfrentará al hoy cristinist­a Martín Soria. Y eso está ligado a su reelección, que también puede terminar en la Corte. ■

Se especula con que Lorenzetti y Maqueda, por sus antecedent­es, fallarían que el tema debe definirlo la Justicia local.

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