Entre el unicato sindical y la unidad de los trabajadores
Flybondi genera un debate, que no es nuevo. Esto sucede desde la sanción de la Ley de Asociaciones Sindicales (Ley 23551), nacida del consenso de los que eran opositores entre sí, UCR y PJ –bajo la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín y el liderazgo de Lorenzo Miguel– y desde allí, vigente a la fecha.
Esta Ley fomenta la sindicalización por actividad, restringiendo la posibilidad de dar personería gremial a un grupo de trabajadores por empresa o categoría, profesión u oficio. Sin embargo la aplicación de este Modelo permitió generar un montón de engendros, como es el caso Flybondi, sindicato de empresa en el mismo rubro donde una empresa estatal (AA) permite cinco sindicatos de oficio a pesar de que las personerías “deberían” ser por rama de actividad.
Estas contradicciones se extienden a la UOM vs. SMATA; ATE vs. UPCN vs. Municipales, Comercio vs. Camioneros o AGTSyP vs. UTA, etc. etc. Conflictos que no resolvemos los trabajadores en asamblea y en unidad sino el dedo poderoso -y partidario- del Ministro– ahora rebajado a Secretario- en todos los gobiernos. Se dividió y parceló el movimiento obrero; pero siempre declarando que lo hacían “en aras de la unidad”.
Terminar con el verso de la personería liberaría las ansias democráticas de los trabajadores. Hablar de que esta Ley garantiza aquella cuando hay siete grupos o corrientes sindicales, tres centrales, y cientos que no están en ninguna es una farsa.
La crisis de representación que atraviesan todos los sectores es tal, hasta en el sindicalismo, que un empresario puede ser el secretario general de un sindicato.
La reforma constitucional de 1994 aprobó los convenios de la OIT, supra ley, permitiendo la declaración de inconstitucionalidad de varios de sus artículos, logrando la inscripción gremial la CTA en 1997. Fuero sindical, cuota, derechos, producto además de la batalla por la libertad y la democracia sindical que recorre la historia de la lucha de clases en Argentina.
La voz permanente en el Congreso de la OIT (donde nuestro país fue denunciado y sancionado) es el representante de los empresarios, que exalta el “modelo” que logra que no haya delegados en el 82,4 % de las empresas, según la última publicación oficial del Ministerio de Trabajo.
En el Uruguay, la Constitución garantiza el mismo derecho que la nuestra, siendo un simple trámite administrativo el registro de una organización de trabajadores, el Gobierno no puede intervenir en la vida interna de la organización de los trabajadores. Y allí hay una sola Central Sindical.
Si nos sacan la pata de encima, los acuerdos empresariales y el control del Gobierno, que significa este invento de la personería gremial, los trabajadores tendemos democráticamente a la unidad. Se acabarían muchos negociados, causa de la precarización, el desempleo y la explotación cada vez más grave y mortal, en un país que está todo por hacerse como el nuestro; donde el Trabajo y la Educación son las herramientas del crecimiento y seguridad de nuestro pueblo. ■