Clarín

La ex presidenta enfrentará este año un quinto juicio oral y público

Es la causa de los hoteles, se acusa a Cristina, sus hijos y a Lázaro Báez, entre otros, de lavado.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

El 1 de febrero comienza el año judicial y Cristina Kirchner enfrentará su primer juicio oral y público por corrupción: el 26 de febrero será juzgada por haber favorecido a Lázaro Báez con la obra pública vial en Santa Cruz. Previo a dicha fecha, sumará su quinto juicio oral, ya que el juez Julián Ercolini enviará a la ex Presidente -junto a sus hijos Máximo y Florencia y al empresario K, entre otros-, a juicio la causa Hotesur SA donde se los acusa de haber lavado al menos, $ 80 millones.

El 21 de diciembre pasado, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner) y Osvaldo Sanfelice, entre otros acusados, vayan a juicio oral en la causa Hotesur SA donde fueron procesados por lavado de dinero.

Ya están esperando que el correspond­iente Tribunal fije fecha de inicio, las causas Los Sauces SA (lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas), Obra Pública (asociación ilícita y defraudaci­ón), Dólar Futuro (administra­ción fraudulent­a) y Pacto con Irán (encubrimie­nto agravado y estorbo de acto de funcionari­o público).

En Hotesur SA, el juez Ercolini procesó a la ex Presidenta y demás acusados por actividade­s ilícitas de blanqueo agravadas por actuar en banda. Hotesur es la firma dueña del hotel Alto Calafate.

Los investigad­ores estimaron que en estas operacione­s se llegaron a blanquear al menos $ 80 millones y por ello se les trabó a cada uno de los principale­s imputados, embargos por $ 800 millones: diez veces el monto que se habría lavado.

La hipótesis que investigar­on los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques es que los ex presidente­s y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimida­d”, lo que les ase- guraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrup­ción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestame­nte ilícito.

Estas transferen­cias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.

Según el fiscal Pollicita, las supuestas maniobras comenzaron por la necesidad de Néstor y Cristina Kirchner de contar con dinero líquido “en blanco” para poder “justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas”.

Para la Justicia, se "dio por corroborad­a la maniobra por la cual la asociación criminal investigad­a canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional —a través de la obra pública vial—, a los ex presidente­s y a su núcleo familiar por medio de un esquema de lavado de dinero montado en base a la actividad hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Hotesur".

Por ello, se sostuvo que existió "la puesta en marcha y concreción de una estructura coordinada" durante doce años, para "sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos" y esos fondos "iniciaron un camino de retorno a través de distintos mecanismos de lavado de dinero a favor de la familia Kirchner".

Por eso en el pedido a elevación a juicio de los fiscales, se remarcó que se estableció un "circuito económico basado en la actividad hotelera" que le permitió a los Kirchner "canalizar regularmen­te" fondos que recibía Báez de la obra pública y mover el dinero a través de "una sociedad pantalla" para aplicar el mismo "a maniobras de blanqueo".

La Justicia determinó que las operacione­s de lavado contaron con una instancia previa: que Néstor y Cristina Kirchner se hicieran de "fondos líquidos para poder justificar la adquisició­n de esos establecim­ientos hoteleros".

Entre 2005 y 2009 hubo más de quince compra-ventas de terrenos y propiedade­s entre Báez K y los ex presidente­s. ■

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