Algo más que tema de campaña
El Estado tiene roles fundamentales que cumplir, tales como garantizar la educación y la atención de la salud de los habitantes, pero existen tareas y funciones que, además, son esenciales ya que hacen a su existencia y razón de ser: entre éstas se encuentra la seguridad de la población.
Un Estado que no es capaz de dar seguridad a sus habitantes y se revela incompetente para hacer cumplir la ley en su territorio es un Estado fallido. Dicha esencialidad obliga a que las autoridades tengan la obligación de atender esta problemática con la mayor seriedad, compromiso y responsabilidad.
Esta afirmación excede el marco meramente dogmático que deriva de la teoría del Estado y tiene una consecuencia práctica directa y extremadamente grave, porque cuando la sociedad advierte que carece de seguridad tiende inmediatamente a proveérsela de cualquier manera. Ello es así porque la percepción de desprotección impacta directamente en uno de los más fuertes sentimientos que tenemos los seres humanos: el miedo.
Por eso es que constituye una falacia plantear la dicotomía entre inseguridad y sensación de inseguridad; ambas son exactamente la misma cosa, ya que si alguien se “siente” inseguro, “está” inseguro.
La psicología social tiene dicho que el 98% de los seres humanos sufrimos la llamada “fobia básica universal” que es el miedo irracional al ataque de otro ser humano. Por eso, cuando en una comunidad crece – primero como percepción y luego como certeza- la idea de que se encuentra desprotegida y que el no haber sido víctima de un ataque se debe a una simple cuestión de suerte, la reacción lógica del sujeto es proveerse él mismo de los medios para tratar de defenderse ante la eventualidad que imagina irremediable.
Por eso es que podemos afirmar que una sociedad que se arma para defenderse y está dispuesta a hacer justicia por mano propia es la prueba más evidente, objetiva y palmaria del absoluto fracaso del Estado en el cumplimiento de su rol esencial de brindar seguridad a sus habitantes. No obstante lo cual, nunca dejaremos de insistir en que armarse es el peor de los remedios y sólo sirve para profundizar el problema.
Esta realidad de un Estado ausente y una población cada vez más armada, es a la que hemos llegado en la Argentina. Y sin ánimo de ser alarmista, la gravedad de lo que vivimos no puede ser disimulada, escondida o desvalorizada. Por el contrario, estamos en una situación crítica, que nuestros gobernantes (Presidente, Gobernadores, Legisla- dores, Jueces, etc.) lamentablemente se empeñan en banalizar.
Y digo esto porque todos los ciudadanos de bien, respetuosos de la ley, trabajadores y cumplidores de nuestras obligaciones, estamos esperando que quienes nos gobiernan sean capaces de elaborar en conjunto políticas de Estado serias, valientes, liberadas de toda hipocresía y destinadas a permanecer en el tiempo para enfrentar el flagelo que nos aqueja. En vez de eso, la utilización electoral del problema nos convierte en espectadores del rastrero espectáculo de la disputa por tratar de conseguir un voto más en las próximas elecciones.
Vemos entonces un gobierno decidido a hacer de la inseguridad el leit motiv de la campaña electoral y una oposición dispuesta a evitar toda posibilidad de éxito a las medidas que aquél propone.
Así, los últimos anuncios del oficialismo sobre baja de la edad de inimputabilidad, protocolo de uso de armas, posibilidad de intervenciones telefónicas especiales y utilización de pistolas eléctricas, se revelan como espasmódicos, aislados y dislocados ya que no conocemos la existencia de una política de Estado que cambie los paradigmas y esté destinada a permanecer en el tiempo.
Es por eso que humildemente exhorto al gobierno y a la oposición a que dejen de banalizar este problema, lo extraigan de la pelea electoral y lo asuman con la mayor seriedad y responsabilidad elaborando una política de estado integral de la cual también forme parte la justicia.
La mayoría de los argentinos estamos esperando esto porque ansiamos recuperar la tranquilidad que hemos perdido. ■