La baja en la edad de imputabilidad ¿solamente un placebo?

Qué utilidad tiene la baja en la edad de imputabilidad incluida en el proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil del Gobierno? Utilidad política. Es un placebo para calmar el desasosiego de amplios sectores sociales y atenuar la percepción de inseguridad ciudadana.

Al escuchar los argumentos de quienes defienden la baja en la edad de imputabilidad pareciera que somos víctimas de hordas de adolescentes a la espera de atacarnos a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la evidencia muestra que en el país la participación de menores de 18 años en delitos graves está por debajo del 1% y si consideramos la franja etárea de 13 a 15 se reduce aún mucho más.

¿Es necesario derogar el Decreto-Ley nacional Nº 22.278 vigente durante 35 años de democracia? Sin ninguna duda. Pero el debate necesario debe evitar el oportunismo que confunde problemas, no ofrece datos, dice generalidades o argumenta en función de la audiencia de turno. El enfoque internacional de derechos humanos pone dos principios en juego: desjudicialización e intervención penal mínima.

En la Observación General 10, el Comité de Derechos del Niño insta a los Estados parte a “garantizar la igualdad de trato de todos los niños que tengan conflictos con la justicia. Prestar atención especial a la discriminación y las disparidades existentes de hecho, que pueden deberse a la falta de una política coherente y afectar a grupos vulnerables de niños, en particular los niños de la calle, los pertenecientes a minorías raciales, étnicas, religiosas o lingüísticas, los niños indígenas, las niñas, los niños con discapacidad y los niños que tienen constantes conflictos con la justicia (reincidentes)”.

¿El proyecto de ley tiene en cuenta esas recomendaciones? ¿Garantiza la efectiva defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes independientemente de su condición social?

Veamos algunas cuestiones sustantivas del Proyecto. Establece la edad mínima a los 15 años… pero habilita a los jueces a intervenir sobre los que tienen menos de esa edad. Fija un límite máximo de privación de la libertad para quienes tienen 15 años…. pero no lo hace para los que tienen entre 16 y 18 años incumplidos. La duración de los procesos no puede superar los 3 años… pero la prisión preventiva se fija en un año prorrogable por uno más. Ergo, el adolescente puede pasar dos tercios del proceso en prisión. (Recordemos, de paso, que el 60% de los detenidos adultos en las cárceles federales están con preventiva).

Entre las sanciones que propone el proyecto (disciplinarias, privación de la libertad) están las socioeducativas. ¿No es acaso la educación y la socialización de los niños y adolescentes un derecho reconocido por ley y una responsabilidad del Estado? Y entonces ¿por qué poner un derecho como sanción?

Esperemos que los bienvenidos debates no se empantanen en la baja de la edad de imputabilidad. Debemos trabajar sobre medidas alternativas al proceso penal (remisión, mediación, justicia restaurativa, suspensión de juicio a prueba) y sobre la disponibilidad, la eficiencia y el uso de esos dispositivos alternativos en todo el territorio nacional.

Necesitamos definir y consensuar un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que recupere lo bueno que hemos hecho y avance en el cumplimiento de la legislación nacional e internacional. Nada de esto será posible si la discusión se hace con la mirada y los argumentos puestos en el horizonte electoral de 2019. ■