Los independentistas catalanes en el banquillo
Doce dirigentes que lideraron la rebeldía catalana contra España comenzaron a ser juzgados en Madrid. El proceso oral elevó la tensión política por el conflicto secesionista. Piden penas de hasta 25 años y el juicio durará tres meses.
Entre los antagónicos “¡Fuera, golpistas!”, de quienes se oponen al independentismo, y “¡Libertad a los presos políticos!” de los nacionalistas, comenzó ayer en Madrid el juicio oral a los responsables del intento secesionista catalán de fundar una república. El juicio al procés, el más mediático de los últimos años, transmitió en directo su primera sesión, en medio del clima espeso que se respira en España ante la crisis política que agobia al presidente socialista Pedro Sánchez. Su gobierno, más vulnerable que nunca, podría terminar convocando a elecciones anticipadas para dentro de dos meses.
Con los pins que los identificaban como miembros del gobierno catalán en la solapa, los políticos indepen- dendistas procesados ingresaron a la sala de plenos del Tribunal Supremo que los juzgará durante los próximos meses. Se trata de nueve ex integrantes del gabinete de la Generalitat que, junto a la ex presidenta del Parlamento y dos líderes de organizaciones sociales soberanistas, están acusados de haber cometido ilegalidades para consumar la independencia de Cataluña en 2017. Sólo uno de los procesados, el líder social Jordi Sánchez, lució un lazo amarillo, color emblema de los que quieren separarse del resto España.
Se los responsabiliza de haber organizado y llevado a cabo el referéndum de autodeterminación ilegal del 1° de octubre de 2017 y, veintisiete días después, de haber aprobado y apoyado la declaración unilateral de independencia. Las penas solicitadas como castigo van, de mayor a menor, de 25 a 7 años de calabozo.
El juicio oral inició cerca de las 10.30. Los acusados, sin embargo, llegaron más de una hora antes. Porque nueve de ellos -el ex vicepresidente, Oriol Junqueras, los ex consellers (ministros) Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Dolors Bassa; la ex presidenta del Parlamen- to catalán, Carme Forcadell, y los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- cumplen prisión preventiva. Fueron alojados en cárceles de las afueras de Madrid, de donde partieron pasadas las siete de la mañana. Llegaron al Tribunal Supremo en un micro de la Guardia Civil que ingresó al estacionamiento subterráneo del tribunal.
Los otros tres ex consellers (minis- tros) procesados -Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs-, aunque en libertad condicional por haber pagado una fianza, ingresaron a pie.
Los acusados no declararon en el primer día del juicio en el que el tribunal que preside el juez Manuel Marchena dio lugar a las cuestiones previas, como escuchar a las defensas de los líderes acusados, quienes pidieron la nulidad del juicio y reiteraron las vulneraciones de derechos fundamentales que vienen denunciando a lo largo de la causa.
Cuestionaron la imparcialidad de los jueces y solicitaron que, entre los testigos citados a declarar, lo hagan también el ex presidente catalán Carles Puigdemont, que no está en esta sala entre los procesados porque huyó a Bélgica para evitar la prisión, y el rey de España, Felipe VI.
“Tenemos, tengo, altibajos: desde nervios a unas ganas terribles de declarar de una vez. No me tengo que esconder de nada. Si hubiera Justicia, iría muy tranquilo. Pero estos días recuerdo mucho la fase aquella de Groucho Marx de ‘os garantizaremos un juicio como hace falta y siempre os fusilaremos’. Aun así, no iré con el ánimo de los vencidos, al contrario”, apuntaba el ex conseller Jordi Turull en medio de la audiencia. Sus impresiones, escritas a mano, han sido publicadas por un medio periodístico catalán que promete hacerlo a diario.
El abogado defensor de Junqueras, Andreu Van den Eynde -quien también defiende al ex conseller de Relaciones Exteriores, Raül Romeva-, insistió con que la causa del procés está vulnerando varios derechos básicos, empezando por la libertad ideo- lógica de los independentistas y que ha habido una campaña de criminalización que ha contaminado el proceso. “Se les compara con golpistas, con nazis…”, se quejó el defensor de Junqueras, el procesado para el que la Fiscalía pide la pena más alta: 25 años de prisión. Cinco representantes de organizaciones internacionales por los derechos humanos, a modo de observadores, han conseguido asistir como público en este primer día del proceso. “Hoy comienza el juicio a los golpistas que intentaron destruir nuestra democracia. Deseo que se haga justicia y, sobre todo, que se respete la sentencia”, expresó en su cuenta de Twitter Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, uno de los partidos constitucionalistas que se opone al independentismo y organizó la movilización en contra del presidente Pedro Sánchez, el domingo.
Rivera está tan atento al juicio del procés como al debate que se inició al mediodía en el Congreso por los presupuestos. De su aprobación o no depende el futuro del actual gobierno socialista de Pedro Sánchez.
“Este es un juicio que no se tendría que haber producido nunca”, dijo al finalizar la primera jornada el presidente catalán Quim Torra, quien presenció la sesión. Es un ataque a la democracia, a derechos humanos y es indigno del siglo XX. Exijo el archivo inmediato de la causa y la libertad inmediata de los presos.” Torra advirtió que “esta causa acabará en los tribunales europeos e internacionales. Y las ganaremos”. Desde Berlín, donde fue invitado a entregar un premio, Puigdemont dijo que estaba allí para “dar voz a los que enfrentan un juicio completamente injusto”. ■
Las penas que pide la fiscalía van de los siete a los 25 años de prisión, según el caso.