Avanza la investigación contra el juez Rodríguez en la Magistratura
Unificaron cinco denuncias por mal desempeño. La esposa de un secretario K lo acusa de pedir coimas.
La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió ayer unificar todas las denuncias contra el juez federal Luis Rodríguez en torno a su actuación en el caso del fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y ordenó las primeras medidas de prueba en relación a su patrimonio.
La mayoría de los miembros de la comisión aceptaron pedir informes al Banco Central sobre los movimientos de las tarjetas de crédito del juez y su esposa, requerir datos sobre ellos en los registros de propiedad inmueble y automotor y darle participación en el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF), según dijeron fuentes judiciales.
Además, tal lo solicitado por la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, y su colega radical Inés Brizuela, integrante del Consejo de la Magistratura en representación de Cambiemos, la comisión aprobó pe- dir al juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio una copia de la declaración que prestó como “arrepentida” Carolina Pochetti y en la que habría hablado de una millonaria coima a Rodríguez para favorecerla a ella y su difunto esposo en la causa que llevaba contra ellos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Las cinco denuncias contra Rodríguez por su actuación en el caso Muñoz quedaron unificadas en la vocalía a cargo del representante de los académicos en el Consejo de la Magistratura, el abogado Diego Molea, y ahora deberán esperar el resultado de los informes solicitados. La comisión resolvió además notificar al juez de las denuncias en su contra, por lo cual podrá hacer un descargo escrito a modo de defensa de manera espontánea.
En caso de encontrar pruebas en su contra, el Consejo podría citar a Rodríguez por el más gravoso artículo 20 de su reglamento, lo que equivale a una citación a prestar declaración indagatoria en una causa penal. El magistrado llegó a juez federal un lustro atrás proveniente del fuero penal ordinario y tras un polémico concurso en el que fue objetado y hasta denunciado penalmente por haberse copiado el examen escrito.
Rodríguez había sido denunciado el año pasado por tres diputados de la Coalición Cívica -Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic- y por el abogado Ricardo Monner Sans, luego de ser apartado de la causa contra Muñoz por la Cámara Federal. Los denunciantes ampliaron sus presentaciones luego de conocerse la semana pasada la declaración de Pochetti en la que habría dicho que se le pagaron 10 millones de dólares para favorecerla a ella y a Muñoz.
Esta semana se sumó otro pedido de enjuiciamiento y destitución de Rodríguez al Consejo por parte del presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera. Pochetti está acusada de lavar 73 millones de dólares junto con su difunto esposo y otras personas en lo que se supone era dinero proveniente de coimas cobradas durante el kirchnerismo a empresas concesionarias de obra pública.
En concreto, la comisión dispuso solicitar a Comodoro Py una copia certificada del expediente seguido contra Muñoz y supuestamente frenado por Rodríguez, “con todos sus incidentes y demás causas conexas”, según surge del texto aprobado.
También se resolvió a favor de pedirle a la Cámara Federal “copia certificada de las resoluciones que declaran la nulidad de las actuaciones y apartan al juez Rodríguez de las actuaciones” relacionadas con el histórico secretario privado de Kirchner y su presunto enriquecimiento ilícito.
Los consejeros aprobaron además pedir a Comodoro Py copias certificadas de las resoluciones en las que Rodríguez otorgó la eximición de prisión solicitada por la defensa de Pochetti y las que están relacionadas con el ex subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Liuzzi, acusado de haber influido sobre el entonces juez Norberto Oyarbide para no ser perjudicado en una causa sobre “cuevas” lavadoras de dinero.
También se requirió un informe de Migraciones sobre los viajes del magistrado en los últimos cinco años y la declaración jurada para constatarla con los bienes existentes. ■
Acordaron pedir las primeras medidas de prueba a distintos órganos oficiales.