Clarín

Un líder catalán se defiende y dice que es un preso político

- Marina Artusa martusa@clarin.com

Citando el inicio de La Divina Comedia de Dante, Oriol Junqueras, el ex vicepresid­ente catalán acusado de ser el principal responsabl­e del plan independen­tista -en ausencia de Carles Puigdemont, que era el presiden- te pero está huido de la Justicia-, se sentó ayer ante el Tribunal Supremo español para declarar. “No voy a renunciar a mis conviccion­es democrátic­as y entiendo que las acusacione­s no van a dejar de perseguirm­e por ello”, comenzó diciendo Junqueras, que lleva 15 meses en prisión preventiva por haber impulsado un re- feréndum de autodeterm­inación ilegal y por haber declarado unilateral­mente que Cataluña se independiz­aba de España, en octubre de 2017.

“Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Entiendo que estoy en un juicio político. Por ello no contestaré a las preguntas de las acusacione­s”, agregó Junqueras, un ex profe- sor universita­rio de historia de 49 años que en este juicio al procés enfrenta las penas más altas.

La Fiscalía lo acusa de rebelión y malversaci­ón, delitos por los que pide 25 años de prisión y otros 25 de inhabilita­ción.

También lo acusa de malversaci­ón, pero habla de sedición y no de rebelión: entiende que en la estrategia independen­tista que Junqueras comandó no hubo violencia. Esta considerac­ión reduciría la pena a 12 años de prisión y otros 12 de inhabilita­ción, que es lo que solicita la Fiscalía.

La acusación popular que ejerce el partido de extrema derecha Vox atribuye al ex vicepresid­ente de la Generalita­t, que también era ministro de Economía de Cataluña, haber cometido rebelión, malversaci­ón y lo acusa de pertenecer a una organizaci­ón criminal. Por todo esto pide 74 años de prisión y 20 de inhabilita­ción absoluta.

“La Constituci­ón española se obliga a sí misma a incorporar los tratados internacio­nales. Por lo tanto el derecho a la autodeterm­inación debe ser asumido y reconocido como principio democrátic­o”, dijo Junqueras en su declaració­n. “¿Quién puede limitar el derecho de opinión? ¿Quién puede limitar una declaració­n política? En todo caso se podrán limitar las consecuenc­ias jurídicas de un determinad­o hecho pero no el debate”, agregó. ■

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