El peronismo se unió contra el decreto para recuperar bienes de la corrupción
Señal opositora en el año electoral
Impuso en el Congreso un dictamen de rechazo al decreto de necesidad y urgencia con el que Macri decidió acelerar la recuperación de bienes en manos de la corrupción y el narcotráfico. En la comisión de DNU, reunió votos del kirchnerismo, de Massa y Urtubey. El argumento opositor es que no es legal que la medida sea retroactiva. Pero en el oficialismo afirman que sólo así se podrían recuperar parte de los bienes perdidos con la corrupción K.
“Correrán ríos de sangre” Fue la amenaza de uno de los abogados de Cristina en caso de que vaya presa.
Legisladores del PJ alternativo y del kirchnerismo se unieron ayer para rechazar en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el decreto de necesidad y urgencia con el cual en enero Mauricio Macri implantó la extinción de dominio con el fin de apurar la recuperación de los bienes obtenidos a través de hechos de corrupción y de otros delitos graves, como el narcotráfico.
En la estratégica comisión integrada por 16 legisladores de ambas cámaras, la oposición panperonista sumó 8 firmas contra 8 de Cambiemos. Con el voto de desempate del presidente del cuerpo, el diputado campo- rista Marcos Cleri -ocupa el cargo desde enero, tras un acuerdo de rotaciónla oposición consiguió el dictamen de rechazo.
Sucedió justo el día en que el juez federal Claudio Bonadio citó a la ex presidenta Cristina Kirchner para el lunes a ocho indagatorias por distintos temas de corrupción ( ver página 7). Máximo Kirchner pegó el faltazo y fue reemplazado por Wado de Pedro.
Sin chances de éxito y en inferioridad numérica, el macrista Pablo Tonelli argumentó que en tres años la iniciativa anticorrupción no logró ser sancionada en el Parlamento.
Las dudas sobre el desenlace quedaron disipadas cuando Cristina Fiore (la salteña que responde al gober- nador Juan Manuel Urtuibey fue la última en fijar postura) se sumó al argumento opositor del “avasallamiento” al Parlamento y la ausencia de un estado de “necesidad” y “urgencia”. Se basaron en que un proyecto de extinción de dominio fue aprobado el 22 de agosto por el Senado (con grandes cambios al texto de Diputados) y aún tiene estado parlamentario.
La misma suerte -el rechazo- corrió el DNU que transfirió de Arsat al Enacom frecuencias de tercera y cuarta generación (3G y 4G) con el fin de subastarlas entre operadores regionales. Era parte de la “ley corta” de comunicaciones aprobada en el Senado y que se trabó en Diputados. Fue desempate de Cleri, igual que el decreto que desarticuló la Secretaría de Deportes para convertirla en una Agencia de Deporte Nacional.
Como sea, los DNU siguen en vigencia mientras no sean rechazados por los plenos de ambas cámaras. Si bien el kirchnerismo está en pie de guerra contra la extinción (votó en el Senado un proyecto lavado que propuso el PJ) la postura de Argentina Federal en Diputados buscó ser diferente. Aunque se sumó al rechazo en comisión, Juan José Bahillo (PJ-Entre Ríos) mostró coincidencia con Cambiemos en la necesidad de esta herramienta que, dijo, debe darse por ley del Congreso. En ese espacio no descartan pedir el ingreso del expediente para tratarlo sobre tablas.
Frente a los cambios hechos en el Senado, Diputados tiene la opción de aceptarlos, o de insistir con su texto aprobado en octubre de 2016. Habrá que ver qué estrategia se da ahora el PJ no K en Diputados para no quedar pegado al kirchnerismo en el rechazo de la extinción, que ese espacio votó - con Cambiemos y el massismo- en aquella ocasión.
En la Bicameral volvieron a quedar expuestas las diferencias conceptuales sobre la extinción. El texto de Diputados y ahora el DNU, instituye la vía del juicio civil para la recuperación de bienes y dinero, separado de la causa penal. No debe esperarse la sentencia penal, como se modificó luego en el Senado (con los votos del peronismo de Miguel Pichetto y el camporismo), criticado por el oficialismo como un “decomiso ampliado” y que además no puede ser retroactivo. De aprobarse ese proyecto, no alcanzaría a los funcionarios K que están implicados en causas de corrupción.
Fiore dio datos obre la impunidad en las causas de corrupción: tardan 14 años en promedio, sólo el 15% llega a juicio y hubo 7 condenas en los últimos 20 años. “Pero el fin no justifica los medios”, se atajó al justificar su rechazo al DNU.
Los decretos fueron cuestionados por saltar el Congreso. “Estamos en presencia de un fujimorazo”, exageró la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, que protagonizó duelo de mendocinos con el diputado radical Luis Petri. “El kirchnerismo vota en contra en defensa propia porque se va a aplicar a la corrupción del pasado”, arremetió Petri. Sagasti enumeró las promesas incumplidas de Macri para sostener que el decreto es una “maniobra de distracción”. ■