Sonrisas en Cuba y más procesamientos en Argentina
Lo decidió el juez Bonadio. Es por el reparto de subsidios millonarios que recibieron empresarios de colectivos y trenes y que devolvían en forma de sobornos a los funcionarios K. Para la Justicia la ex presidenta era parte central de la maniobra.
Cristina fue recibida por el líder del régimen cubano, Raúl Castro, y por el presidente Díaz Canel. Pero en la Argentina, el juez Bonadio la procesó por subsidios millonarios a empresarios del transporte. Ya suma 5 pedidos de prisión preventiva.
Cristina Kirchner sumó ayer dos nuevos procesamientos con pedido de prisión preventiva. Los decidió el juez Claudio Bonadio, ahora por la entrega de subsidios millonarios para empresarios de colectivos y trenes. Son dos expedientes vinculados y derivados de la causa de los cuadernos de las coimas. Ambos acarrean embargos de 700 y 800 millones de pesos y la acusación es por los delitos de "asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta".
Con la decisión del juez, la ex presidenta batió un nuevo récord. Acumula 10 procesamientos y cinco pedidos de prisión preventiva que no se harán efectivos solo porque tiene fueros parlamentarios. El 21 de mayo enfrentará su primer juicio oral por direccionar obras al amigo y empresario Lázaro Báez en el sur.
La decisión de Bonadio la encontró en Cuba, donde ayer se reunió con Raúl Castro, ex presidente y hermano de Fidel. Será notificada cuando vuelva.
Además de Cristina, quedaron procesados Julio De Vido, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi a quienes se les mantuvo la prisión preventiva, entre otros ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal y un extenso listado de empresarios vinculados a los servicios de transporte tanto de colectivos como del sistema ferroviario.
Con la medida de Bonadio, la ex presidenta sumó dos nuevas acusaciones vinculadas a la causa principal de los cuadernos, donde ya se encuentra procesada -y confirmada por la Cámara Federal porteña-, por ser jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que cobraba coimas a los empresarios contratistas del Estado.
El juez Bonadio determinó que tanto los subsidios al servicio de transporte de colectivos como los correspondientes al sistema ferroviario, son parte de una "maniobra delictiva" que se estructuró desde el extinto Ministerio de Planificación Federal.
Esta asociación ilícita -indicó el magistrado- "desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015 y su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente".
En la resolución del juez a la que accedió Clarín, se detalló que en el área de transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, como secretarios de Transporte; Julio De Vido, -ex ministro de Planificación Federal-, y los interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, generaron como "partícipes de la maniobra", un perjuicio al Estado de $ 609.326.186,25.
La maniobra consistía en entregar subsidios superiores a los que correspondían para poder recibir las coimas.
El magistrado argumentó que los acusados eran "comandados por Cristina Kirchner" y armaron un sistema de recaudación que posibilitaba que se
calcularan los subsidios en base a kilometrajes "superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes", remarca la resolución
La maniobra ilegal -resolvió Bonadio-, "pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014. Los subsidios se entregaban de dos maneras: en dinero y en cupos de gasoil a precio diferencial".
Entre los empresarios que quedaron también involucrados en esta causa, se encuentran Mario Cirigliano, Carlos Kovac, Héctor Ledesma, entre una veintena más.
Por otro lado, en la causa que trató los subsidios al transporte ferroviario, se determinó que las personas a cargo de las empresas concesionarias de los ferrocarriles "pagaban a Jaime y Schiavi entre un 5% y un 30% de los subsidios entregados por el Estado Nacional".
Los pagos a los funcionarios públicos "habrían sido ordenados y/o efectuados entre mensual y trimestralmente por Aldo Roggio, por Metrovías S.A.; Benjamín Romero, por Ferrovías S.A.; Roberto Urquía y Romero, por Ferrocentral S.A.". También se involucró a Carlo Cappelli por Sociedad Operadora de Emergencia S.A.; a Sergio Cirigliano, por Trenes de Buenos Aires S.A. - TBA-; y Sergio Taselli y Julio José Forastieri, por Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A., Transportes Metropolitanos San Martín S.A y Transporte Metropolitanos General Roca S.A.
Como resultado de las coimas abonadas, los ex funcionarios "mantenían las concesiones y garantizaban las entregas de subsidios". Las entregas de dinero se realizaban, según el juez, "en los despachos de los Secretarios de Transporte o en las sedes de las empresas".