Otra piña de la Corte Suprema contra Macri
El gobierno de Mauricio Macri sigue sin alcanzar una adecuada sintonía con la Corte Suprema. Aquel ecosistema varió cuando el año pasado Carlos Rosenkrantz reemplazó a Ricardo Lorenzetti en la conducción del máximo Tribunal. Nada parece haberse modificado durante el receso estival. Ayer afloró una evidencia: el propio Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti impulsaron la acordada para enviar más recursos al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Se sumaron Elena Highton y Rosenkrantz. En la apertura del año judicial su titular expresó que resulta indispensable que el Poder Judicial recupere la confianza perdida de la sociedad.
Ramos Padilla es el juez que investiga la existencia una red de mafia y espionaje que apunta a la Agencia Federal de Inteligencia, cuyo timón ejerce Gustavo Arribas. Un íntimo del Presidente. Los detalles fueron ventilados en la Comisión de Libertad de Expresión que comanda el diputado ultra K, Leopoldo Moreau. Es el mismo magistrado que inicialmente, en este proceso, vinculó al fiscal Carlos Stornelli con un presunto pedido de dinero para beneficiar a un empresario en la causa de los “cuadernos de las coimas”. La historia, turbia, tiene como centro de gravedad la figura de un topo disfrazado de abogado, Marcelo D'Alessio. Tampoco existe certeza que el supuesto empresario aludido (Pedro Etchebest) sea tal. Ni siquiera que tenga que ver con la causa de los cuadernos.
El respaldo de la Corte Suprema a Ramos Padilla sucedió el día después de que, por instrucción de Macri, el oficialismo presentara en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político en su contra. No hay dudas de que el magistrado parece salir fortalecido. El Gobierno, por su lado, queda envuelto en una nebulosa en el nexo con la Justicia y el universo de la inteligencia, clandestina o formal, sobre el cual suele dar repetidos pasos en falso.
La Corte resolvió abastecer de apoyo logístico a Ramos Padilla para que lleve sus investigaciones adelante. Esa había sido una de sus mayores quejas cuando expuso en Diputados. A dicha sesión acudió solo el kirchnerismo y un representante del peronismo federal. Cambiemos se ausentó previendo que podía tratarse de una escena orientada, con exclusividad, a embestir contra Stornelli y la causa de los cuadernos. Pero sucedieron revelaciones de otro tenor.
Es cierto que Ramos Padilla aceptó concurrir a la Comisión de Libertad de Expresión como excusa por el espionaje cometido contra periodistas. En verdad, buscó darle amplitud institucional a su actuación. Hasta ese momento circunscripta al juzgado de Dolores. Como derivación de tal estrategia despertó la Comisión Bicameral de control de Actividades de Inteligencia. Que deliberó sólo una vez en dos años. La preside el radical Juan Carlos Marino. Su reacción podría no haber resultado casual. El senador pretendía presentarse este año como candidato a gobernador por La Pampa. Estaba por participar en las internas provinciales pero en diciembre, luego de la resonante denuncia contra el actor Juan Darthés, resultó acusado por abuso se- xual por una ex empleada. El fiscal Federico Delgado lo imputó. Marino declinó de inmediato la carrera electoral.
Aquella disputa, finalmente, coronó a otro radical candidato en La Pampa. Daniel Kroneberger se impuso a Carlos Mc Allister, el discípulo del PRO. Pero nunca pudo comprobarse –al menos hasta ahora-- la veracidad de aquella dura denuncia contra Marino. El senador radical está persuadido de haber sido objeto de una de las innumerables maniobras de inteligencia que circulan en el universo político, sindical, empresario y periodístico. ¿Acaso sucedió para intentar favorecer al postulante del PRO? Si así fue, el operativo fracasó.
La secuencia del juez Ramos Padilla posee dos partes distintas. La primera tiene que ver con la pretensión de involucrar a Stornelli en un pedido de coimas. De esa manera, entorpecer la evolución de la causa de los “cuadernos de las coimas”. Funcional a los intereses de Cristina Fernández y el kirchnerismo. La segunda, en cambio, parece desentrañar una parte mínima del submundo de la inteligencia y la política que funciona con impunidad desde el regreso de la democracia. Se potenció durante el menemismo y el kirchnerismo. Vale recordar cómo la ex presidenta concedió facultades y presupuesto especiales –y prohibidos-- al entonces jefe del Ejército, Cé- sar Milani. Ahora encarcelado por delitos de lesa humanidad.
Por tal motivo, cierto grado manifiesto de indignación kirchnerista remite al cinismo y a la risa. Roberto Feletti, economista, ex diputado K y funcionario actual en La Matanza de la intendenta kirchnerista Verónica Magario, se mostró escandalizado porque, sostuvo, “en democracia nunca existieron tantas maniobras de inteligencia como ahora” (sic).
Se trata, pese a todo, de una de las materias pendientes de la gestión de Macri. Cuyo ordenamiento y transparencia del Poder Judicial estuvo también regada hasta ahora de unos pocos flashes. Ocurre que no está claro quién conduce la estrategia judicial. Ni si tal estrategia existe. Si es el ministro del área, Germán Garavano, algún problema político objetivo poseería. La diputada Elisa Carrió lo acaba de calificar de “imbécil”. Su influencia es conocida por todos. Incluso en la gran mesa de cerebros que, en materia judicial, integran José Torello, Pablo Clusellas y Fabián Rodríguez Simón, “Pepín”, el más cercano a la diputada.
Esos influyentes poseen un inconveniente desde que Rosenkrantz sustituyó a Lorenzetti. Hablan con el nuevo presidente de la Corte Suprema. Aunque han dejado de tener llegada confiable con el resto. La agenda del máximo Tribunal asoma complicada para el Gobierno en el inicio del año electoral. Hay cuestiones menores que tampoco podrían pasarse por alto. Carrió acaba de presentar un recurso ante la Corte para que sea reconoci- da la validez de sus fueros. La Sala B de la Cámara Comercial rechazó su “inmunidad parlamentaria” en una demanda civil que por daños y perjuicios le inició el secretario general de la Corte, Héctor Daniel Marchi. Este funcionario quedó embretado por una denuncia de la diputada y de Fernando Sánchez (ahora ladero de Marcos Peña en la Jefatura de Gabinete) contra Lorenzetti en 2016 por “enriquecimiento ilícito”. El expediente fue archivado por el juez Sergio Torres “por inexistencia de delito”. Carrió solicitó que el abogado de Rafaela se abstenga de intervenir en el fallo sobre aquel recurso presentado.
Tal pleito, probablemente, duerma un tiempo prolongado. Existen otras urgencias. La semana que viene la Corte Suprema debería pronunciarse sobre un par de cuestiones electorales de alta sensibilidad. Tanto para Cambiemos como para el PJ y el kirchnerismo. El derecho o no a la reelección de Alberto Weretilneck en Río Negro. Además, de Sergio Casas en La Rioja. El primero fue impugnado por su rival K, Martín Ignacio Soria. Firme candidato a quedarse con el poder provincial si Weretilneck debe resignar la postulación. El riojano fue objetado por los radicales a raíz de una enmienda que introdujo en la Constitución provincial, para que el primer mandato como vicegobernador, secundando a Luis Beder Herrera, no sea tenido en cuenta. Y abra la puerta a su posible continuidad.
En Cambiemos aducen que los casos no son jurídicamente parangonables. El clima entre los cinco miembros de la Corte, al menos hasta ahora, indicaría lo contrario.
El Gobierno habla con Rosenkrantz en el máximo Tribunal. Pero está aislado del resto.