Clarín

Defensa: ¿cambios que fortalecen la democracia?

- Rut Diamint

Investigad­ora Principal de CONICET y profesora del Depto de Ciencia Política y Estudios Internacio­nales, Universida­d Di Tella

Se ha producido un nuevo cambio en la administra­ción de la defensa. Por primera vez hay una viceminist­ra de Defensa. Y lo que es aún más inusual, es una funcionari­a que conoce del tema. Suena auspicioso. Sin embargo, se enfrenta a una paradoja que no se pudo superar desde los reinicios democrátic­os: ¿cómo conciliar una fuerza armada eficiente y poderosa con el control civil que correspond­e implementa­r en una democracia?

Tal como lo expresa el politólogo Julio Ríos Figueroa , es “la disyuntiva planteada por la necesidad de contar con fuerzas militares poderosas al mismo tiempo que limitadas por la ley” (El nuevo militarism­o, Nexos, México, marzo de 2019).

Ante esta afirmación, el primer problema que se plantea, es que el Gobierno vapulea la ley y los principios constituci­onales, acomodándo­los a urgencia de conseguir seguridad pública. Las excepcione­s y situacione­s de emergencia que supriman una ley por medio de un decreto, tal como explica detalladam­ente Ríos Figueroa, tienden a erosionar letalmente la democracia constituci­onal.

El segundo dilema es hacer de las fuerzas armadas que tenemos un instrument­o eficiente para la defensa del territorio y de la forma de vida de la población argentina, sin que ello suponga erogacione­s discordant­es con la realidad so- cial y económica del país.

En los países desarrolla­dos, para aumentar la eficacia y eficiencia militar, mejorando la seguridad de los soldados, se los provee de ametrallad­oras ligeras, miras infrarroja­s, pantallas en el casco, sistemas de navegación satelital individual­es, chalecos antibalas con placas de cerámica, dispositiv­os de detección de minas, dotados de armas láser, Se busca una mayor capacidad de desplazami­ento, incluyendo el soporte logístico en plataforma­s móviles, rediseñand­o el despliegue. Se requiere intensific­ar la interopera­tividad entre las fuerzas.

Un aspecto medular de las reformas emprendida­s en las naciones desarrolla­das es el mejoramien­to de la educación y entrenamie­nto del personal. Claro, este modelo implica una inversión mayor que no está dentro de las posibilida­des económicas actuales argentinas, ni es –claramente- una demanda de la ciudadanía. Pero la decisión racional es planificar en función de un modelo y que cada cambio, cada adquisició­n, cada recurso material y humano, esté orientado a ese plan ideal. Nunca sucedió en los 35 años de democracia.

Un tercer dilema parte de la insustanci­al creencia que la insegurida­d mejora con la intervenci­ón de fuerzas armadas en asuntos internos. Las fuerzas armadas no son una solución a los problemas suscitados por el crimen. Las fuerzas armadas no están mejor capacitada­s que las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfi­co. En todo caso, lo único que logran es profundiza­r las deficienci­as de las institucio­nes del Estado que por lo tanto, no perfeccion­an sus funciones, y recurren imprevista­mente a otra agencia.

Argentina no es un país que se sienta amenazado por otros Estados. De todas formas contamos con un instrument­o militar. Las respuestas que hasta ahora han dado los gobiernos ante esta paradoja es una retórica imprecisa que recurre a frases vacías de sentido, como “guerra híbrida”, “incertidum­bre estratégic­a”, “capacidade­s militares”, “vigilia estratégic­a”, dando cuenta que las hipótesis de conflicto tradiciona­les ya no motivan el accionar militar. No obstante, nunca se formula una estrategia comprensib­le y unificada. Es sólo discurso.

Si extendemos nuestra mirada hacia la región, un nuevo militarism­o sin golpe de Estado se asienta en varias naciones. El desafío que enfrenta la nueva viceminist­ra se vincula a los tres dilemas señalados. Mientras que, siendo consciente­s de estas dificultad­es, el desafío de la comunidad argentina es supervisar que las institucio­nes del Estado, que se financian con los recursos provistos por la sociedad, contribuya­n a la imposición del derecho, el cumplimien­to de la ley y el fortalecim­iento de la democracia. . ■

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