Buscan prohibir la actividad de limpiavidrios y “trapitos” en toda la Provincia
Vidal avaló un proyecto de legisladores de Cambiemos que les impone multas y hasta diez días de arresto.
En la provincia de Buenos Aires quieren prohibir ciudacoches y limpiavidrios. Bocacalles despejadas y espacio público libre del servicio informal que se ofrece para una supuesta protección a los vehículos estacionados.
Un proyecto de reforma del Código de Contravenciones provincial no deja espacio para hendijas: "Prohíbase en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la actividad de cuidacoches y limpiavidrios sin autorización legal". La redacción estuvo a cargo de los legisladores de Cambiemos, Guillermo Castello y Matías Ranzini, que dijeron a . Y según dijeron los autores a Clarín, tiene el aval de la Gobernación bonaerense.
Aunque no existen registros serios o relevamientos censales, la presencia de los "trapitos" se extiende a casi todas las ciudades bonaerenses grandes o medianas. Un informe realizado por el municipio de General Pueyrredón detectó "al menos 3.000" personas dedicadas a esta modalidad informal de trabajo callejero.
Pero su tarea entra en un vacío legal y muchas veces deriva en incidentes entre los automovilistas y los "acomodadores", que siempre piden a cambio alguna retribución. La situación se agrava o intensifica en el entorno de festivales públicos, recitales o en los lugares donde se realizan actividades deportivas con asistencia de público masivo.
Los legisladores entienden que esta actividad supone "una acción dañosa o de peligro cierto para los bienes individuales o colectivos protegidos". O sea, que generan una situación de riesgo para los dueños que se niegan a pagar, y roza la extorsión.
"Debemos custodiar el espacio público, que es de todos. No pueden pedir dinero por un lugar gratuito, o peor aún, por aquellos espacios que son pagos", como los estacionamientos en calles que tienen régimen de medición, dijo a Clarín el diputado Ranzini. "Estas personas asumen una actitud de coerción o de imposición a los propietarios", evaluó Castello.
La iniciativa prevé sanciones también para quienes lo hacen en forma gratuita. Y prevé la chance de que los municipios regulen o incluyan a los que asisten el tránsito o los estacionamientos en puntos céntricos.
El Código de Faltas vigente no contempla un encuadre para los trapitos y limpiavidrios. "Entonces, los agentes municipales o la policía no pueden actuar contra ellos, aún cuando asumen conductas que rozan la violencia", explicó Ranzini.
La Policía bonaerense identificó en el Operativo Sol a 3.289 "trapitos" o cuidacoches. De ese total 531 queda- ron a disposición de la justicia por extorsión, contravenciones, por tenencia de drogas, por poseer pedido de captura o por búsqueda de paradero.
Con la reforma, los infractores podrían ser sancionados con multas de entre 200 y 1.000 pesos. O con 2 a 10 días de arresto por estar en la vía pública ofreciendo estos servicios. Estas penas se podrían agravar si quien está en falta "portare armas no convencionales", como elementos contundentes o similares.
La propuesta deja abierta la posibilidad de incorporar la denuncia de particulares como método de detección de esa eventual contravención.
"Muchas veces, detrás de los cuidacoches, hay mafias que se han organizado para dividirse la ciudad como si fuera un botín, en perjuicio de los vecinos", agregó Castello.
El régimen legal que sería debatido en las próximas sesiones de Diputados tiene criterios similares a los de la ley aprobada en la Legislatura porteña, que en diciembreaprobó sancionar a quienes "exigen retribución por el estacionamiento o cuidado de coches sin autorización legal".
Buscaron, con esa medida, reducir o restringir estas acciones en las canchas de futbol y en los alrededores de los recitales, por ejemplo.
También el año pasado, en La Plata, hubo operativos en distintos sectores del centro de la capital provincial para despejar a los "trapitos". Desde la Secretaría de Seguridad los denunciaron en la Justicia y se hicieron operativos donde detuvieron a tres hombres por presunta "extorsión".
Ese procedimiento requiere de otras exigencias jurídicas, como la constatación del pago y la presencia de testigos. "Con esta propuesta buscamos desterrar esta actividad que quita libertad a los ciudadanos y beneficia los bolsillos de organizaciones e individuos que lucran con el apriete, la intimidación y el miedo de la población", agregó Castello. ■
Asumen una actitud de coerción o de imposición a los automovilistas”.
Guillermo Castello
Legislador y coautor del proyecto