Para que haya menos pobres, hace falta un Estado más profesional

La pobreza puede ser mirada desde una doble óptica. La primera es la de vulnerabilidad económica, esto es, la limitada capacidad de los adultos del hogar para generar ingresos, sostenerlos en el tiempo y por un nivel arriba del valor de la Canasta Básica Total (CBT). Esta canasta cuesta, según el INDEC, unos $28.000 mensuales para una familia tipo. Los adultos de estos hogares tienen empleos, pero en general son informales cuyos flujos de ingresos varían alrededor de la CBT. Por eso un golpe inflacionario o una crisis de empleo, los hace caer en la pobreza y cuando la situación económica mejora salen de ella. Pero son vulnerables en el sentido de que la macroeconomía puede sacarlos o dejarlos en la pobreza.

La segunda es la pobreza estructural. En este caso, los hogares tienen consistentemente ingresos insuficientes para alcanzar la CBT. Tanta insuficiencia de ingresos termina generando otras restricciones, como una vivienda muy precaria, sin acceso a servicios sanitarios, situadas en villas de emergencia, hacinamiento y violencia. Estos son los hogares donde la pobreza se presenta como multidimensional. Los adultos tienen muy bajos niveles de educación (secundaria incompleta o inferior), muy poca formación y experiencia para el empleo, los varones tienen trabajos muy precarios y problemas de adicciones, las mujeres están en la inactividad laboral, muchas veces abandonadas por el varón con lo cual asumen la jefatura del hogar sin medios de vida, con muchos niños, los primeros de los cuales seguramente concebidos en la adolescencia. Esta pobreza no se combate solo con crecimiento económico y estabilidad de precios. Aquí hacen falta políticas estructurales, que son, mejoras de infraestructura urbana, retención escolar y calidad educativa para que todo adulto tenga la secundaria completa, salud sexual y reproductiva y formación y conseguir empleos formales.

La pobreza llegó al 32% por la mala situación económica. Pero no hay que confiar en que una mejora de la economía vaya a bajarla de manera automática. La bajará entre los hogares vulnerables, que con crecimiento económico y estabilidad tienen herramientas para salir adelante. Pero las familias de la pobreza estructural, que estimativamente puede ser el 20% de la población, requieren de mucho más que mejoras de la economía. Necesitan de un Estado más profesional que gestione mucho mejor el gasto público en sus tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios).

Cada nivel de gobierno tiene su rol asignado y cada uno debe cumplirlo con mucha profesionalidad. El Gobierno Nacional debe velar por generar las condiciones para recuperar el crecimiento económico, la estabilidad de precios y la generación de empleos modernizando la legislación laboral. Pero las principales políticas para terminar con la pobreza estructural, que son el desarrollo urbano, la seguridad pública y la calidad en la gestión de los sistemas públicos de salud y educación, son responsabilidades de las provincias y los municipios. Hacer que los gobiernos provinciales y municipales mejoren sustancialmente la calidad de su gestión es uno de los grandes desafíos que presenta la lucha contra la pobreza. ■